Emilio González Gómez
El Buen Tono
Río Blanco.- En Veracruz la verdad no va de la mano de la justicia. El 25 de febrero se cumplieron 16 años del asesinato de la indígena Ernestina Ascencio, nativa del municipio de Soledad Atzompa, el perito Pablo Mendizábal Pérez, que se encargó de la autopsia de la mujer, rompió el silencio, reiteró que el ex presidente Felipe Calderón pidió al gobierno del estado cambiar el dictamen médico sobre su muerte y ocultar la violación sexual.
Antes de morir, Ernestina señaló a militares como sus agresores. La CNDH reconoció: “Sí existió agresión sexual”, y recomendó al gobierno de Veracruz, reparar el daño moral y colateral a la familia, pero la justicia es ciega y aún no llega al pueblo indígena de Soledad Atzompa, Veracruz.
La mujer, violada y asesinada, sigue sin recibir justicia. A 16 años de distancia, el médico legista Juan Pablo Mendizábal sostuvo que fue agredida sexualmente y los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Fidel Herrera Beltrán, acordaron modificar la versión de los hechos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside María del Rosario Piedra Ibarra, realizó otro estudio en el que se comprobó la agresión sexual que sufrió Ernestina Ascencio, pero que la actual administración del gobierno de Veracruz, hizo caso omiso, porque la verdad no va de la mano de la justicia para las mujeres indígenas de Soledad Atzompa.
Versión
Mendizábal afirmó que no cambiaría nunca el dictamen pericial que le hizo a Ernestina Ascencio Rosario. “Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, los hallazgos físicos, desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres.
Todas esas situaciones, pruebas periciales en conjunto, fueron determinantes para estar seguros de la agresión sexual a Ernestina”.
El perito que hizo la autopsia de Ernestina Ascencio sostuvo que la indígena de 73 años, originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad Atzompa, “fue violada por tres personas”. Es el resultado de cromosomas de al menos tres personas. Pero hubo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal.
Pablo Mendizábal narró cómo en un principio se les obligaba para defender los dictámenes. Después, con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reuniones en Xalapa y la Ciudad de México, acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia.
El perito manifestó que lo obligaban para cambiar las evidencias y el dictamen. Por negarse, dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que: “Reprobó los exámenes de confiabilidad”.
Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral. Hoy sigue con ese conflicto laboral en espera de justicia.
El 25 de febrero de 2007 los familiares de Ernestina y funcionarios del Hospital Regional de Río Blanco denunciaron el ataque sexual, por el que se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.
El 30 de abril, la PGJV concluyó que la muerte de Ernestina Ascencio no se debió a “factores externos”. Dictaminó el no ejercicio de la acción penal el 17 de mayo de 2007.
El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, también asumió la causa de muerte por “gastritis”, de acuerdo con los reportes.
