Una vez más son los medios de información del extranjero quienes han dado cuenta precisa del tamaño de la corrupción que se ha desarrollado en México y ponen en evidencia la necesidad urgente de que el gobierno federal y las autoridades locales tomen acciones más severas y sobre todo creíbles, para realizar las labores que los gobiernos panistas no quisieron hacer con la Secretaría de la Función Pública a lo largo de 12 años.
El New York Times lo ha definido con completa nitidez. La renombrada empresa Walmart no fue una víctima de la corrupción existente en México sino todo lo contrario, fue un “corruptor agresivo y creativo” durante varios años y con diferentes gobiernos de distintos partidos políticos; como sabemos, la corrupción no distingue colores ni ideologías.
Merced a las denuncias de un ex empleado, a quien la empresa matriz no quiso hacer caso en 2006 desechando sus afirmaciones, a pesar de haberse declarado partícipe en los actos de corrupción, el gobierno estadunidense, que sí le hizo caso, está realizando a través de su Departamento de Justicia una profunda investigación por, entre otras cosas, la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, misma que sin duda devendrá en una multa multimillonaria a la citada empresa. Y como ha ocurrido en otros casos, sin haber realizado los actos en Estados Unidos o que haya participado algún funcionario de ese país, ingresan una buena cantidad de dinero, digamos que gratis.
La mecánica era sencilla: con el fin de obtener los permisos de construcción de más de 19 tiendas se corrompió a servidores públicos, destacando el caso de la ubicada en la zona de Teotihuacán, que generó protestas masivas y en el que las autoridades correspondientes modificaron el plan rector antes de que saliera publicado. Y mágicamente apareció el espacio para un centro comercial, así como aquélla otra que se encuentra por la Basílica de Guadalupe, tan cerca de la Virgen y tan lejos de la honorabilidad.
El gobierno panista supo de los hechos desde meses antes, no porque se lo notificara a alguna persona, sino porque apareció en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pese a ello, no tenemos conocimiento de que haya hecho algo al respecto, más allá de una declaración del responsable de la Secretaría de la Función Pública del gobierno pasado, de que no habían encontrado nada irregular. Sin duda hay responsabilidad de servidores públicos y, por supuesto, de la empresa mexicana. Aunque, como bien ha aclarado el denunciante, Walmart no pagaba directamente los sobornos; lo que hacía era utilizar despachos y gestores, plenamente identificados por su nombre, para realizarlos.
Como el gobierno estadunidense tiene todos los detalles y la información, ya no era, ni es necesario iniciar una investigación, sino tan sólo pedírsela, ya que ambos países somos firmantes, entre otros acuerdos, de la Convención de Combate a la Corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), gracias al cual nos tiene que entregar toda la información que solicitemos, con el objeto de proceder legalmente contra los servidores públicos, la empresa y los particulares que pagaron los sobornos. Seguramente también el SAT estará muy interesado en saber cómo hicieron para pagar dichos sobornos y cómo lo reflejaron en sus ingresos y declaraciones de impuestos.
A veces resulta sorprendente la preocupación que demuestran algunos miembros del sector privado por el mal estado de algunos temas en nuestro país y, en cambio, no muestran interés y preocupación por el estado de la corrupción de sus pares, ni se indignan o hacen propuestas de cómo combatirla en su sector.
Si queremos mayor responsabilidad y mejor calidad en la educación y otras áreas, también debemos exigir mayor honorabilidad a los hombres de negocios y que sus acciones no sirvan para corromper los valores ni la ética, sino para reafirmarlas en el combate a la corrupción.
