AGENCIA
Veracruz.- En el Congreso de Veracruz una gran parte de las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han salido en contra de la decisión de la mayoría legislativa, que es del partido Morena.
De 2018 al 2022 se cuentan 17 acciones y controversias presentadas y de éstas 15 fueron un revés para las autoridades y legisladores veracruzanos; entre las invalidaciones hay algunas disposiciones que no fueron sometidas a consulta, lo que puso en aprietos a los diputados de la fracción de Morena, ya que algunas de estas reformas o leyes controvertidas tenían que ver con lo que ellos denominan la Cuarta Transformación (4T).
Un ejemplo de ello fue que en mayo de 2020 se hicieron oficiales las reformas a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, las cuales fueron controvertidas y los ministros de la SCJN declararon improcedente el decreto, ya que no fue consultada ninguna persona con discapacidad.
El argumento de los togados es que los diputados actuaron en contra del derecho, porque no cumplieron con el mecanismo que deben seguir para crear y dictaminar una ley y van en contra de los propios derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por ello que el pasado 6 de enero, fue publicada la invalidez a través del Diario Oficial de la Federación.
Un caso similar vivió el Congreso en noviembre de 2020, cuando la Suprema Corte invalidó el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, entre otras la reducción de recursos a los partidos políticos y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales municipales, para convertirlos en regionales.
Sin embargo, el máximo tribunal del país señaló que no hubo consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz, pese a que en las disposiciones tocaban directamente a este sector.
Conforme a los artículos 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los legisladores junto con las autoridades estaban obligados a realizar una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos.
Los recientes golpes que la Suprema Corte de Justicia le ha asestado al Congreso local ya provocaron la reacción del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien reconoció que hay incertidumbre por el trabajo que han realizado y que prácticamente ha sido en vano.
Admitió que han realizado “visitas” a la sede de la SCJN para sostener reuniones con los ministros, y explicarles los problemas que enfrenta la Legislatura para cumplir con lo estipulado en la ley respecto a la consulta ciudadana, ya que no tendría recursos suficientes para elaborar consultas para todas las reformas que realizan.
“Tenemos incertidumbre de algunas iniciativas que han sido regresadas, no rechazadas, por el sistema nuevo que está operando en la Suprema sobre las consultas. Pero también nosotros explicamos que el Congreso no tiene un presupuesto para hacer consultas a cada rato por todas las iniciativas en el estado de Veracruz”, afirmó.
El sistema nuevo al que se refirió el diputado Gómez Cazarín corresponde a lo aprobado el 5 de noviembre de 2019 en la Cámara de Diputados, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.
Dispone que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional y regional y deberán realizarse el primer domingo de agosto; para temas nacionales deberán ser respaldadas por al menos el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, pero en Veracruz a pesar de que se han realizado reformas, no se han realizado las consultas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz ahora reconoce que es difícil hacer consultas ciudadanas de norte a sur del Estado y por eso busca una solución con los ministros ante estas acciones que han rebatido decretos y que están en riesgo de que otros se vengan abajo.
Indicó que van a “adecuar un plan de trabajo” y que continuarán visitando a los ministros: “lo que queremos es hacer un trabajo bien y coordinados con ellos, siempre de manera respetuosa, creo que se va a llegar a buen puerto”, indicó.
Gómez Cazarín defendió el trabajo de los legisladores de Morena, al señalar que algunas de las iniciativas revertidas fueron de la oposición, no sólo de la mayoría de su fracción. Lo anterior por la “ola” de críticas que ha recibido el reciente revés que fue el de la denominada “ley Nahle”, que invalidó parcialmente un agregado al articulado referente a que para ser veracruzanos pueden ser considerados los que tienen hijos nacidos en el estado.
Otro inconveniente para el Congreso fue la invalidación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, incorporado al Código Penal, que de acuerdo con lo expresado por los ministros en una discusión ocurrida el 28 de febrero de 2022, había una restricción al derecho de libertad de expresión y limitaba razonablemente el tipo de conductas que pueden realizar los ciudadanos, lo que genera incertidumbre y limita el ejercicio de la libertad de expresión.
Esta decisión de los ministros fue a través de las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021 promovidas por diputados integrantes de la 65 Legislatura y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Una más fue la del 30 de mayo de 2022 que invalida las disposiciones del Código Civil que excluían el matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. Los ministros invalidaron el artículo 47 que establecía “su madre o su padre” ya que la disposición se refiere a cómo debe nombrarse a los hijos nacidos de matrimonio y no a la definición de que el matrimonio debe ser únicamente entre un hombre y una mujer, lo que excluye a las parejas homosexuales.
El 11 de marzo de 2021 los diputados veracruzanos votaron con 34 votos a favor, de la mayoría de Morena, el dictamen del decreto 848 que reformó diversas disposiciones del Código Penal, que entre otros puntos contenía el tipo penal de ultrajes a la autoridad.
Dicha iniciativa fue enviada por el gobernador Cuitláhuac García un mes antes, y una hora después de su aprobación fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Al día siguiente, el 12 de marzo, fue detenido en Tuxpan el perredista Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Uno de los policías que lo detuvo arguyó que el exfuncionario había cometido ultrajes a la autoridad, ya que al forcejear le había roto la camisa. Franco estaba por asumir una diputación federal.
Otros perredistas y panistas también fueron detenidos por el mismo tipo penal, como Gregorio Gómez, exalcalde de Tihuatlán y prospecto para volver a contender en 2022; fue detenido el 7 de abril de 2021 y acusado de portación de armas de fuego, posesión de vehículo robado y ultrajes a la autoridad.
El número de encarcelados rebasó las mil personas, entre ellas seis jóvenes detenidos en septiembre de 2021 por presuntamente cometer ultrajes a la autoridad en contra de policías; sin embargo, un video mostró que había sido al contrario, que los policías los habían sometido.
