Los apuros presupuestales del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, son una primera mala señal para la izquierda en su propósito de descarrilar la Reforma Energética mediante una consulta popular en las elecciones intermedias de 2015.
Porque a diferencia de la disciplina priista a favor de las leyes en la materia y de la convicción unánime privatizadora de los panistas, las bancadas del PRD y de Movimiento Ciudadano (MC) experimentaron la disidencia interna de los legisladores de aquella entidad, en su estrategia de rechazo total a la regulación secundaria.
Y es que seis diputados y un senador tabasqueños siguieron la solicitud del gobernador Núñez Jiménez de respaldar la ley de los fondos petroleros para los estados donde tendrán lugar los negocios que pondrán fin al monopolio de Pemex en la exploración y explotación del crudo.
El cumplimiento de la petición del mandatario estatal tabasqueño implicó que los legisladores le dieran el visto bueno al dictamen que en bloque sumó las minutas favorables a las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos, del Fondo Mexicano del Petróleo y de Coordinación Fiscal.
Tanto el llamado del gobernador como la respuesta positiva de los representantes de izquierda dan cuenta de un pragmatismo activo en ese espectro político retóricamente adverso a la participación del capital privado en la cadena productiva del crudo. Un pragmatismo que se sustenta en el reconocimiento de la realidad, es decir, del entendimiento de que la Reforma Energética es un hecho consumado que se traducirá en dinero.
De manera que en medio de las más de cuatro mil reservas con las que se impugnaron las nuevas leyes para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —presentadas mayoritariamente por la izquierda—, los votos de los diputados Tomás Brito, Juan Manuel Fócil, Gerardo Gaudiano, Marcos Rosendo Medina y Antonio Sansores (PRD) y de Nelly Vargas Pérez (MC) y del senador perredista Fernando Mayans se asemejan a una cuarteadura que lentamente podría convertiste en un boquete en el muro del no que el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —el partido de Andrés Manuel López Obrador— quieren levantar —cada uno por su lado— en los próximos 11 meses, lapso que les resta a la cita con las urnas.
Sí, una cuarteadura. Porque la retórica que equipara a la reforma con una traición a la patria y un banderazo de salida al saqueo de los recursos de la nación, se estrella frente al hecho contundente y concreto de un gobernador que pide a sus legisladores no echarle a perder la viabilidad de futuras inversiones.
Conscientes de que se deben a sus representados, los diputados y el senador que votaron en sentido contrario a sus bancadas hicieron a un lado los dogmas de sus compañeros y se curaron en salud para que nadie los señale en Tabasco como espanta negocios y no les carguen a ellos cualquier fracaso en el cabildeo que se avecina para atraer a las transnacionales que llegarán, sí con su voracidad, pero también con recursos que generarían trabajo, reactivando lo que un día fue el edén de Pemex.
Resulta interesante imaginar el razonamiento que cada uno de los parlamentarios sorteó internamente para darle el sí a un dictamen que tiene que ver con la renta petrolera, sus ganancias, derramas y todo aquello que los promotores de la Reforma Energética han ofrecido.
No es difícil suponer que los radicales legisladores prefirieron comerse sus palabras de que ahí viene el robo del siglo, a someterse a la condena política en una campaña electoral en la que sus adversarios podrían señalarlos como enemigos del resurgimiento económico tabasqueño.
Se podría alegar que siete votos de una interesada disidencia tabasqueña resulta menor frente a la movilización que los perredistas y morenos emprenderán hacia julio de 2015 en la tarea de conseguir que millones de electores le den la espalda a la Reforma Energética cuando le digan abrumadoramente que no a la Reforma Energética.
Pero la aritmética parlamentaria dicta otra cosa: esa minoría de izquierda acrecentó con su visto bueno la legitimidad de unos cambios apoyados por tres cuartas partes del Congreso.
Hay un elemento adicional que incrementa el valor político de esos legisladores que se rajaron a nombre del futuro bienestar de su estado: algunos de ellos, como es el caso del senador Mayans, han sido idenficados como fieles seguidores de su paisano López Obrador.
Peor todavía: el desorden lo puso el gobernador Núñez Jiménez, un político de larga trayectoria, formado en el PRI y converso al perredismo de la mano del excandidato presidencial tabasqueño en la década anterior.
Así que antes de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la pregunta para la consulta popular —como lo prevén PRI y PAN—, la ruta de la izquierda para desactivar la Reforma Energética se tropieza con sus propias piedras y con un muy mal augurio sobre la suerte que correrá ahí, donde el petróleo sigue siendo promesa enterrada. En el mar o en la tierra.
