Al maestro Néstor de Buen.
Como va siendo costumbre, el pasado 17 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que reforma la fracción III del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política.
En esta ocasión, el Poder Constituyente Permanente modificó una regla relativa a los contratos de trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y demás trabajadores que no sean empleados de alguna Dependencia pública.
La reforma declaró prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años, elevando la edad mínima laboral, que anteriormente era a los 14 años. Se mantuvo la disposición de que tengan una jornada máxima de seis horas.
A iniciativa del presidente Adolfo López Mateos, el 21 de noviembre de 1962, ya se había reformado esta disposición y en aquella ocasión se prohibió el trabajo de los menores de 16 años después de las diez de la noche y se elevó la edad mínima para trabajar, de los 12 a los 14 años.
Ahora —como también en aquella ocasión— creo que nadie puede estar en contra de la sana intención de las reformas constitucionales. Pero, como suele suceder con las normas jurídicas que van en contra de la realidad social, me parece que se van a generar efectos negativos.
Desde luego que todos quisiéramos que nuestros jóvenes estuvieran en esas edades inscritos y acudiendo a la escuela, haciendo deporte y disfrutando de su adolescencia.
Pero es una triste realidad que —tanto en la ciudad como en el campo— miles de jóvenes desde edades tempranas, necesitan incorporarse a las filas del trabajo para ayudar a sus familias y mantenerse a sí mismos.
Basta salir a la calle y ver a los dependientes en las tiendas; garroteros y ayudantes de cocina en los restaurantes; a los “cerillos” en los almacenes; ayudantes en las bodegas y fábricas; y muchos más, esforzándose por ganar algún ingreso.
Ni que hablar de los trabajadores del campo, que acuden en apoyo a sus padres a sembrar y levantar cosechas; cuyo salario contribuye de manera significativa e importante para tratar de salir de la miseria.
Ignoro cuáles son los datos, estadísticas y demás elementos que les dieron apoyo a los legisladores para atreverse a modificar la edad legal de los menores para incorporarse al trabajo. Pero, es un hecho incontrovertible que existe la necesidad de miles de adolescentes de tener que hacerlo.
Esta reforma no ha merecido gran difusión, debido a que creo que es una medida aislada, poco comprensible y discutible.
Seguramente, lo que va a propiciar es el fortalecimiento del trabajo informal.
Algunos patrones los van a seguir utilizando —porque son mano de obra productiva y barata—, pero sin incorporarlos al Seguro Social y al Infonavit; y corriendo el riesgo de ser multados por los inspectores. Los adolescentes que no encuentren quién les dé empleo, van a tener que luchar por tener ingresos mediante el comercio ambulante, lavando autos o como puedan. Y en el campo ni enterados estarán de la reforma.
Las filas de las bandas de la delincuencia organizada se nutren con jovencitos de estas edades y el techo del tren llamado La Bestia va colmado también de ellos. ¿No es más recomendable permitirles trabajar, tener seguridad social y prestaciones? ¿Qué planea hacer el gobierno federal para hacer que esta reforma sea una realidad social positiva?
Mi admirado maestro y querido amigo, el doctor Néstor de Buen, escribió hace años un libro que se intitula La decadencia del derecho del trabajo, donde asentó un párrafo que vuelve a ser de
actualidad:
“El problema es muy claro: ante la necesidad, las normas se inclinan reverentes y pasan al archivo de las disposiciones inútiles. Lo que no les priva de sus excelentes propósitos, que recuerdan el viejo dicho de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Así de claro.
