AGENCIA
CDMX.- A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas en México, el país “aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, indicó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La aprobación de esta Ley ha sido uno de los grandes logros de un notable movimiento liderado por las familias, desde las familias y para las familias de las personas desaparecidas, y para que la respuesta de las autoridades sea contundente es fundamental aplicar todo el contenido de la Ley de manera efectiva y sin más demora, agregó Türk.
El Alto Comisionado envió un mensaje virtual al acto realizado en conmemoración de los 5 años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el que recalcó que la utilización de las herramientas exigidas por dicha legislación “sigue siendo insuficiente”.
Recordó que aún no se han creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Programa Nacional de Exhumaciones y el Programa Nacional de Búsqueda.
“La desinformación y la sensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente”, añadió Türk. “La militarización de las funciones de seguridad y policiales continúan profundizándose”, remarcó.
El encuentro, efectuado en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, funcionó como un balance de logros y pendientes ante los invitados presentes: familiares de personas desaparecidas, representantes de organizaciones civiles y autoridades federales, como Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien tuvo su turno ante el micrófono.
Adelantó que este año el Gobierno federal apostará al fortalecimiento de la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, echando mano de todo tipo de bases de datos: vacunación, registro civil, operaciones comerciales o bancarias, por ejemplo. Se trabaja en un programa especial para el cruce entre bases de datos, dijo, que puedan contar con indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.
Asimismo, admitió que falta aún un largo trecho por recorrer en la aplicación de la Ley y que se deben fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación, pero sobre todo se requiere que las autoridades asuman la gravedad de la crisis que enfrenta México en materia de desaparición y de identificación de personas.
Instó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses y otras herramientas pendientes que todavía no operan en los estados.
La Ley General en Materia de Personas Desaparecidas ha sido resultado de la participación, la iniciativa y la experiencia de los familiares de las víctimas, coincidió Encinas, y resaltó que a 5 años de su entrada en vigor “ha venido rindiendo frutos, no solamente para definir con precisión las responsabilidades del Estado en este tema”.
Enfatizó el derecho humano que tienen las personas a ser buscadas y lamentó que aún existan situaciones en las que este problema de dimensión nacional no se reconoce.
Reiteró la importancia de la Ley General en esta Materia, pues define “cuáles son los instrumentos y las capacidades institucionales con las que se debe de contar y cómo los familiares de las víctimas deben ejercer plenamente sus derechos”.
Comentó algunos aspectos “para garantizar una implementación plena de la Ley, de la cual no se ha podido aplicar “con todas sus fuerzas las disposiciones” establecidas.
“Es necesario, todavía hoy, que todas las instituciones del Estado reconozcan la profundidad de la crisis en materia de desaparición de personas, en materia de identificación de personas, y no seguir evadiendo esa responsabilidad”.
Otros aspectos pendientes son el desarrollo de “todas nuestras capacidades institucionales para implementar la Ley; la formación de recursos humanos y capacidades para contar con el personal suficiente; el contar con recursos económicos suficientes (…) y un tema importante es combatir la impunidad que prevalece en las personas que cometen estas desapariciones”.
También existen “problemas” con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues “muchas fiscalías estatales no quieren asumir su responsabilidad”. Es por ello que “necesitamos el acompañamiento y organizaciones para garantizar que esto suceda”.
Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó, “una vez más, el papel de quienes viabilizaron la aprobación de la Ley General y de quienes impulsan su implementación efectiva”.
