“Alrededor de las cuatro de la mañana de manera tramposa, alevosa, fueron declarados y lo más seguro es que los muchachos hayan sido torturados o presionados para dar una declaración, hoy ya fueron consignados al juzgado tercero penal, por el delito de motín y portación de armas privadas”. Eso es lo que declaró el área jurídica de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ayer se movilizó, vandalizó, tomó oficinas en Morelia exigiendo la libertad de sus “muchachos”: cinco militantes detenidos el día anterior con machetes, que agredieron a los policías que los interceptaron en un retén.
Los culpables, para los dirigentes de la CNTE, por supuesto que son los policías que los detuvieron, y no sus “muchachos”, angelitos inofensivos que iban armados con machetes por las calles de Morelia en la madrugada, porque, dice la CNTE, “los usaban para limpiar jardines”. Por supuesto que “los torturaron”, porque de esa forma establecen la base para su defensa, aunque no exista prueba alguna en ese sentido (la propia declaración de la CNTE dice que eso “es lo más seguro”, porque sencillamente no tuvieran una sola prueba, si no la hubieran exhibido inmediatamente). En eso, la sección 18 se parece a la 22 de Oaxaca, cuando demanda, una y otra vez, la liberación, como si fueran presos políticos, de los maestros y dirigentes de ese grupo detenidos por el secuestro de dos niños. El castigo moral a ese tipo de delitos no existe: lo importante es que liberen a sus dirigentes presos, hayan hecho lo que sea.
No deja de resultar paradójico, extraño, que estos y otros grupos puedan una y otra vez realizar acciones que no pueden calificarse más que de vandálicas y que van desde secuestrar, tomar rehenes, bloquear carreteras o aeropuertos, ocupar oficinas públicas o privadas o simplemente saquearlas, todo con lujo de violencia, y nunca resulten acusados de nada. Esa impunidad es la que genera más violencia y la convierte en una suerte de derecho adquirido que los pone por encima del resto de la ciudadanía, esa que debe hacerse responsable de sus actos.
Y no hablemos de los policías. Hubo una época en que en este país pocas cosas eran peores que la extorsión o la represión policial. Hoy, se tenga o no simpatía por la institución policial, son los que se llevan un día sí y el otro también madrizas tanto mediáticas como muy terrenales, y no existe prácticamente sector, personaje o grupo político alguno, incluyendo los gobiernos de los que dependen, sean el federal o los locales, que salga en defensa de sus derechos.
Algo similar ocurre con el caso del niño que murió en un bloqueo carretero en Puebla. No existe una sola prueba documental que indique que el niño murió por efecto de una bala de goma como dicen los líderes del movimiento de protesta. Al contrario, todos los estudios periciales (realizados en México y por especialistas del FBI) indican que murió a causa de uno de los proyectiles que lanzaban los manifestantes, con armas artesanales que se han hecho cosa de todos los días, entre estos grupos, desde Atenco, en 2002-03 y la toma de Oaxaca en 2006. No sólo eso: hay pruebas documentales de que la policía poblana, haya actuado bien o mal en términos operativos (se dejaron rebasar en muchos momentos por los manifestantes), no tiene, no cuenta, con balas de goma en su arsenal, además no existe un solo video, una sola prueba documental que lo demuestre. Los grupos que encabeza la diputada Roxana Luna, son los que aparecen en los videos disparando, agrediendo, enviando a 49 policías al hospital. Pero libran la batalla mediática, como en Atenco o el DF.
No se trata de defender, como alguno de los trolls de turno dirá, la represión, en Puebla o en Oaxaca, Michoacán, el Estado de México o el DF. Se trata de comprobar que más allá de capacidades operativas, en todas estas entidades, y en muchas otras, la norma es que casi siempre, ante manifestaciones violentas, los que terminan agredidos son los policías, y los que exhiben carnet de impunidad son los agresores. Y eso se aplica a Oaxaca, Atenco, la Ciudad de México, Chilpancingo o Morelia. Son grupos que actúan con la misma lógica, el mismo sistema de operación, con las mismas “armas” e incluso atuendos (pañuelos, máscaras, mochilas) y que una y otra vez, exigen que se respeten sus derechos… de ejercer la violencia con impunidad. Y últimamente casi siempre lo logran.
Renta petrolera, justicia, crecimiento
Ya concluye el proceso de aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética. En el debate en el Senado, Luis Armando Melgar decía que el crecimiento económico sólo se logra generando empleos, los empleos se logran con la inversión del recurso público y privado, de manera muy sostenida y transparente, salvaguardando la seguridad energética y nacional del país. Tiene razón y ese es quizás uno de los mayores aportes de estas reforma
