Nueve meses llevan los salvadoreños en un estado de excepción perenne que fue decretado en marzo por el Presidente Nayib Bukele como instrumento legal para poder ejecutar una política de mano dura contra las pandillas. Pese a la disminución en las cifras de crímenes diarios en El Salvador, la persecución contra las bandas criminales ha sido duramente criticada por falta de garantías a los derechos humanos. Para el Presidente, es una catapulta política con miras a la reelección.
“No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a los pandilleros, si los quieren se los entregamos a todos”, respondió Bukele a las interpelaciones y denuncias de organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch y Cristosal, que registraron en menos de un año mil casos graves de violaciones, abusos y la muerte de al menos 90 personas bajo custodia del Estado salvadoreño.
Señalado de autoritario y de tintes de dictador por los más críticos de su gestión, Bukele cierra filas ante los cuestionamientos a su estrategia de persecución a los delincuentes. Lo que él llama “guerra contra las pandillas” le ha dejado un rédito de altísima aceptación ciudadana que le facilitaría su reelección en los comicios de 2024.
