AGENCIA
CDMX.- El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, quien se encuentra detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitó un interrogatorio como testigo para el actual subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El ex jefe de la Policía de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, solicitó también la comparecencia del exfiscal del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de acuerdo con información de Reforma.
Las comparecencias las solicitó como parte de las pruebas con las que busca defenderse de la acusación por el delito de delincuencia organizada, las cuales fueron presentadas la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien es la nueva encargada del juicio contra los presuntos implicados en el caso.
Las pruebas incluyen el interrogatorio a 11 personas, el requerimiento de seis documentos, la realización de dos peritajes, la ampliación de la declaración del acusado y los careos que deriven de los testigos.
Abogados de cuatro militares detenidos por las investigaciones del caso Ayotzinapa, presentarán una denuncia en contra de quien resulte responsable por fabricación de pruebas y contra la administración de justicia.
La defensa del General José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, y el subteniente Fabián Alejandro Perita Ochoa, aseguran que a cuatro años de que iniciarán las investigaciones, solo se han presentado resultados sin sustentos que dañan a las personas detenidas, así como a la imagen del Ejército.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo, mencionaron que mientras las investigaciones sigan encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, no se tendrá resultados y solo se fabricarán pruebas.
Los videos de presuntas torturas a implicados en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 a los que tuvo acceso la Fiscalía General de la República (FGR), habrían sido obtenidos de manera ilegal.
El material se obtuvo 52 días antes de la existencia de una orden judicial para extraer los videos de un disco duro proporcionado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El material incluye aquellos que son la base de las acusaciones y órdenes de aprehensión libradas por el delito de tortura contra seis exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y el CNI.
El 13 de abril de 2020, Édgar Adrián Guirao Ortega, agente de la Policía Federal Ministerial (PFM), accedió a un disco duro de 2 terabytes, luego de que la fiscal María Elena Villanueva Ayón firmara una “carta de confidencialidad” ante el órgano de inteligencia, señalan los documentos.
