AGENCIA
CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desobedecer los mandatos de los jueces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un “sabadazo”.
En conferencia, el Mandatario federal reveló que ya instruyó a los funcionarios para que contrargumenten las resoluciones de los juzgadores.
El tabasqueño pidió a la SSPC que responda por escrito a las órdenes de liberación, con el argumento de que ellos tienen “otros datos” sobre los cargos o procesos que se siguen contra el acusado y así evitar que salga de la cárcel.
“Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al Juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y ¡que se aguanten!”, indicó.
Por ley, la SSPC tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario federal y el control sobre la operación de las instalaciones carcelarias.
AMLO acusó a los jueces de liberar a delincuentes en una práctica de “sabadazos”, con la finalidad de que las autoridades no tengan margen para solicitar información sobre otros posibles cargos contra los acusados.
“Es decir: ¿Por qué le diste libertad a este delincuente? ‘Ah, es que estaba mal integrada la averiguación’. Oye y ¿por qué ordenaste que se liberará a las 7 de la mañana del sábado? ¿por qué no lo hiciste el viernes a las 7 de la mañana o el lunes o el jueves? ¿por qué lo haces el sábado?”, cuestionó.
“Porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales, no da tiempo y además el Juez: ’24 horas, si no, atente a las consecuencias'”.
Esta instrucción presidencial a la SSPC se suma a otra, anunciada esta misma semana, para que todos los jueces que incurran en esas prácticas sean denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal.
“Ahora estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera actúan en complicidad con la delincuencia y los denunciamos ante la Judicatura”, informó AMLO el pasado martes.
En este marco, los informes semanales denominados Cero Impunidad, presentados en Palacio Nacional por el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ahora incluyen una sección para exhibir a los jueces “que ponen en riesgo la seguridad” y que “generan impunidad”.
Ayer viernes, el Presidente pidió a los jueces “que se aguanten”, tras recordar que, cuando era Jefe de Gobierno lo querían obligar a pagar mil 810 millones de pesos por una supuesta afectación al predio Paraje San Juan, que “no existió”.
“Crearon las escrituras falsas, con notarios corruptos y fue avanzando el juicio y como había contubernio con el Gobierno, nunca se defendió el caso, hasta que llego a la Corte y ya me ordena: ‘O paga o lo destituimos’ Destitúyanme, pero no voy a pagar eso y se demostró que era un fraude. Estaban metidos ahí puro coyote”, relató.
Probablemente una de las situaciones más graves que ha hecho López Obrador desde que tomó el poder, estamos hablando de un Presidente en funciones que ordena que NO se acate el Estado de Derecho, esto no es malo…. ¡es gravísimo!
No hay precedente de otro presidente que marchara contra sus ciudadanos y ordenara desobedecer la ley. Le dieron todo el poder a un desquiciado.
AMLO está atragantado de poder y deja ver su verdadero yo… ¡él es delincuente, no presidente!
Para él ya sin la mínima cordura, se la cree que los Poderes Judicial y Legislativo no son para controlar el del Ejecutivo a su cargo. No tiene la culpa él, ya con su locura, sino los otros por haberse vuelto dóciles y serviles.
Esto supera cualquier límite de la razón, el respeto al estado de derecho. López Obrador juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pero no lo hace. AMLO es y siempre será el mismo que mandó al diablo las instituciones.
Esto es muy grave, pero lo más grave es que nadie se atreva a contradecirlo, tal parece que le temen, los tiene comprados o están en contubernio con él; los ciudadanos sólo queremos que cumpla con la Constitución y las leyes que juró cumplir!
Esto es un delito confesado públicamente, además de Apología del Delito. Se considera sedición. Debe ser inhabilitado y separado del cargo; México está gobernado por un vil delincuente.
