La presentación por parte del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo en esa entidad ha generado una serie de reacciones adversas de algunos sectores conservadores, tanto de las derechas como de las izquierdas.
En 2015 habrá elecciones generales en el estado de Guerrero y ya desde ahora podemos observar a líderes políticos, incluidos algunos del PRD, enarbolando sus discursos alrededor del tema de la moral y lo religioso.
Sin embargo, en el Estado democrático y social de derecho, ninguna iglesia o político (así milite en la izquierda) pueden imponer que las mujeres vayan a la cárcel por decidir interrumpir un embarazo. Esas visiones son autoritarias, ambas penalizan la pobreza, ambas violentan derechos fundamentales de las mujeres.
En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.
Para las mujeres, principalmente las adolescentes que viven en las zonas de alta marginalidad del país, el embarazo no planeado es una de las causas de la pobreza familiar.
Para superar la pobreza femenina es indispensable que los gobiernos, especialmente si son de izquierda, hagan efectivos los derechos sociales básicos como son la educación, la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal para todas y todos. Pero también es necesario hacer aplicable el derecho humano fundamental de las mujeres a decidir sobre su vida y su propio cuerpo.
Hacer realidad el derecho de las mujeres a decidir implica llevar a cabo cambios legislativos y acciones de gobierno que impidan —como debe ser en un Estado laico— la imposición de postulados religiosos o criterios morales personales sobre preceptos legales basados en la ciencia de aplicación universal.
Ante esta realidad, el Estado mexicano está obligado a preservar su condición laica, la libertad de las personas a profesar o no cualquier religión, a compartir o no cualquier pensamiento político o moral, tal y como lo establece nuestra Constitución Política. Las concepciones religiosas de las personas están referidas al ámbito de lo particular y nuestra Constitución Política nos garantiza a los particulares el derecho a profesarlas. Pero esas concepciones particulares sobre religión, filosofía, ideología política, etcétera, no pueden imponerse a todas las personas. Cuando eso sucede, el Estado laico y republicano se desvanece y es sustituido por visiones totalitarias.
La igualdad entre los géneros, el reconocimiento a las diversas identidades sexo-genéricas y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son avances que debemos exigir al Estado laico que preserve, pero también debemos defenderlos en la propia izquierda ante visiones de quienes se dicen pertenecer a este espacio del espectro político, pero que en realidad sostiene visiones oportunistas y conservadoras.
