Si no son los maestros, son los campesinos, son los #YoSoy132, son algunos pobladores u otros inconformes. El caso es que somos el país de las protestas a contentillo.
A contentillo, no por falta de razones para protestar. Esas las hay y de sobra. A contentillo porque no hay ningún dejo de organización para que cuando se hagan las protestas las afectaciones a terceros sean reducidas al mínimo.
Como ciudadanos, cuando vemos bloqueadas las calles nos enfurecemos. ¿Por qué tenemos que pagar justos por pecadores? ¿Por qué tenemos que estar horas en el automóvil viendo a los desnudos de los 400 pueblos? ¿Qué culpa tenemos de que la CNTE y el gobernador de Oaxaca no se pongan de acuerdo?
Y la pregunta del millón: ¿Para qué está la autoridad si no es para sacar a estos individuos rijosos de las calles?
Pero, ¿qué pasa cuando la autoridad lleva a cabo operativos en contra de los que impiden la circulación o aquellos que violan la ley?
Tampoco nos gusta.
Lo digo por lo sucedido en dos operativos recientes: el ocurrido en el albergue de La Gran Familia y el que se dio en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla.
En el albergue de La Gran Familia se montó un operativo que ha sido calificado como excesivo porque se utilizó no sólo a fuerzas policiacas federales sino al Ejército. ¡Un operativo que ni para capturar a El Chapo! es la consigna de los indignados.
Pregunta para ellos: ¿qué habría pasado si al momento de llegar al albergue hubiesen salido corriendo niños, niñas y adolescentes fuera del albergue y alguno hubiese desaparecido, aunque fuese sólo uno? El justo problemón en el que se habría metido la autoridad.
Además, en un estado en donde el Ejército es hoy por hoy el encargado de los operativos de seguridad, es entendible que en éste también participase el propio Ejército.
El operativo se llevó a cabo con éxito. Se detuvo a quienes se presumía culpables. Se dejó en libertad a quien se señaló como imposible de imputar por presentar un cuadro de senilidad, a Mamá Rosa, y se dictó auto de formal prisión en contra de seis de los encargados.
En Puebla, la manifestación que se suponía ciudadana, tras seis horas de bloqueo, acabó en un enfrentamiento entre policías y pobladores que dejó 48 policías estatales lesionados, un civil hospitalizado y la tragedia de un niño muerto.
Los ataques al gobernador han sido fuertes por haberse aprobado en Puebla en mayo la famosa Ley Bala que regula el uso legítimo de la fuerza. Ahora tanto el gobernador Rafael Moreno Valle como la ley bala son responsables de la tragedia de San Bernardino.
La tragedia es tener un país en donde a nivel federal no tengamos una reglamentación homologada para todos los estados y el Distrito Federal que mandate cómo debe y puede responder la autoridad ante agresiones ciudadanas. Y también es trágico no contar con fuerzas capacitadas para aplicar dicha normativa.
Por estas ausencias somos el país en el que se le debe permitir todo a los manifestantes, para no ser acusados de represores, o en el que justamente se reprime.
Urge el punto medio, legal, que significa tener una ley homologada que regule el uso de la fuerza y la actuación de las autoridades frente a manifestaciones u otros actos de ilegalidad. Urge.
Twitter:@AnaPOrdorica
