Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- Manuel Molina Gómez, Presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), expresó que existen elementos respecto a que el 31 de diciembre de 2021 cerró la cuenta pública de ese mismo año.
“Existen cinco niveles de auditorías, la más importante para este tipo de casos es la auditoría forense, si un diputado tiene una denuncia o conoce un presunto delito debe solicitar la exhaustividad, no solamente quedarse en el proceso Like, o en el proceso de la forma”, dijo.
Recordó que existe el Comité de la Contraloría Social, es ahí donde el beneficiado tiene las facultades y atribuciones para señalar errores en la ejecución de una obra.
Enfatizó que en el caso de Córdoba, en la cuenta pública de la administración pasada, hay quejas como señalamientos, así como actas circunstanciadas en obras específicas, “no se puede aprobar de un plomazo, se tiene que hacer toda una investigación y a la vez deslindar responsabilidades”, manifestó .
Puntualizó que se debe ser cuidadoso a la hora de dar declaraciones generalizadas en una defensa a priori o en un intento mediático de condena
generalizada.
“Ese es el trabajo de los regidores al momento de la entrega-recepción que las nuevas administraciones debieron recibir todo el material de las administraciones salientes y verificar en los primeros meses del año su
procedimiento”.
Hizo hincapié que los órganos internos de control juegan un papel importante, porque regularmente han sido los más señalados de no haber cumplido los cinco tipos de auditoría que la Auditoría Superior de la Federación señala.
Por su parte, el delegado regional del Movimiento Independiente de Veracruz, Misael Martínez Ramírez, enfatizó que el Congreso al haber rechazado las cuentas públicas de las administraciones pasadas habla de pago de favores que hubo entre el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la JUCUPO, Juan Javier Gómez Cazarín, con los exalcaldes que están involucrados, enfatizando que entre ellos podría estar el municipio de Córdoba.
«Si los diputados quieren corregir al Orfis o quieren solapar a los expresidentes municipales, ya será trabajo en el que se involucren las contralorías internas, tienen la facultad de iniciar procedimientos sancionadores de acuerdo a lo que el Congreso dictamine», agregó.
Por su parte, Juan Carlos Fernández Zulueta, abogado de profesión, refirió que como ciudadanos no debe preocuparnos si al final de cuentas rechazan las cuentas públicas individuales, así como de las demás instituciones de gobierno por parte del Congreso. “Obviamente sea un tema o no para corregir al Orfis o para solapar los actos de corrupción en administraciones municipales pasadas, como el caso de Córdoba, donde evidentemente los ayuntamientos a través de los órganos internos tienen la facultad de empezar procedimientos administrativos sancionadores, independientemente de lo que los diputados resuelvan o lo que determine el Orfis porque tienen esa facultad de hacerlo», indicó.
De la misma manera, hizo hincapié que la Contraloría interna tendrá que atender, resolver y sancionar a las instituciones municipales; «cada institución que sea responsable de esos actos y evidentemente el clamor popular de Córdoba, es que a algunos de los exfuncionarios municipales se les finque responsabilidades por el saqueo a las arcas municipales”, concluyó.
