La réplica es un derecho. El gobernador Rafael Moreno Valle lo ejerció. En este espacio escribimos ayer un texto bajo el título de “El góber bala” en el que cuestionamos la famosa ley que permite a los policías estatales el uso de armas letales en caso de que esté en riesgo su vida o la de terceros.
En un país de “gatillo fácil” resulta extremadamente peligroso un ordenamiento así.
“Sí, lo sé. Fue un error enviarla a los diputados”, admitió el mandatario poblano a pregunta del reportero.
Y es que balas de goma o no, la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, durante el enfrentamiento entre policías metropolitanos y manifestantes del grupo Los de Abajo, en la localidad poblana de San Bernardino, fue asociada con la aprobación de esta ley que, por cierto, está a punto de ser derogada.
La idea de mandar la ley bala al Congreso local fue del secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, según el gobernador. Los diputados la aprobaron hace poco más de dos meses.
Moreno Valle nos dio copia del decreto para derogar el controvertido ordenamiento que, paradójicamente, lleva el largísimo nombre de Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. Fue avalado por la CNDH, según la exposición de motivos del documento.
El decreto para derogarlo lo envió ya a los diputados locales, que ayer lo discutían. En sus considerandos, el texto explica que, aunque el ordenamiento es congruente y apegado a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, se recomienda su revisión “en virtud de que ha sido estigmatizado”.
■ El mandatario poblano anda metido de lleno en el control de daños. Sobra decir que espera ansioso el dictamen de las autoridades. La PGR participó como coadyuvante en la investigación. Su aval es capital para él. Le urge. Jura y perjura que al niño lo mató un cohetón lanzado por los manifestantes que bloqueaban la autopista a Atlixco y no una bala de goma, como afirma el movimiento Los de Abajo, cuyos integrantes chocaron ese trágico día con la Policía Estatal.
Está convencido de que así viene el dictamen.
El gobernador llevaba fotos, videos, documentos. El eje de su exposición ante un grupo de tres periodistas era ése: la policía no llevaba balas de goma.
Presentó el balance del zafarrancho: la muerte del menor, 48 policías lesionados, un civil herido.
En el video que mostró aparecían jefes policiacos conminando, primero, al diálogo y, luego, ya pertrechados, lanzando un ultimátum. “Tienen cinco minutos para desalojar”, se escucha.
Otra secuencia muestra a manifestantes golpeando policías. Escenas en las que volaban cohetones y bombas molotov. Humo, mucho humo. Ni una sola escena en la que apareciera un policía por lo menos defendiéndose.
“¿De qué lado estuvo la violencia?”, preguntó el gobernador.
Una y otra vez le preguntamos por la versión de la mamá, Elia Tamayo, quien culpa a los policías metropolitanos de la muerte de su pequeño. ¿Por qué una madre protegería a los asesinos de su hijo?, cuestionamos. “La confundieron, la manipularon”, replicó el mandatario.
Moreno Valle mostró fotos de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo cargando una manta durante el bloqueo de la autopista a Atlixco. Lo hizo para sostener sus dichos de que hay inconsistencias en la declaración de la madre. “La señora dijo que iba al campo a dejar comida y aquí está el niño participando en la manifestación”, contrastó.
Aseguró, incluso, que Elia Tamayo sólo acudió dos veces a visitar a su hijo mientras se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. “Estaba a cargo de su abuelita”, aseguró.
Un sola cosa pide Moreno Valle: el beneficio de la duda.
■La otra versión.
Saliendo de la representación de Puebla, donde fue la plática con Moreno Valle, nos entró una llamada de Norberto Carrasco, vocero de la fracción el PRD en San Lázaro.
Ofrecía una plática con Roxana Luna, la diputada federal del amarillo a la que el gobierno acusa de estar detrás de la movilización de Los de Abajo. Tiempo después la teníamos en línea. Refuta categóricamente que no haya sido una bala de goma la que mató a Luis Alberto.
“Hay tres costales llenos de balas de goma y otros proyectiles. Si la Sedena dice que no las envió a Puebla, ¿entonces de dónde las sacaron?
Le preguntamos sobre la participación del niño en la trágica manifestación. “El de la foto no se parece en los zapatos, son diferentes”, repuso la legisladora perredista. Contundente, abundó: “Y aunque haya participado, nada justifica la agresión que cometieron los policías, nada justifica su muerte”.
Jura Roxana Luna que la carretera a Atlixco ya estaba liberada cuando los policías se subieron a los puentes a desalojar manifestantes, y desde allí comenzaron a aventar gases lacrimógenos.
“El gas se revirtió hacia ellos. Hay videos donde aparecen aventándose del puente para evitar la intoxicación. Eso explica que el saldo de policías heridos haya sido tan alto”, señaló.
Luna nos dijo también que el comunicado oficial de la muerte de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo dice que el niño falleció de un paro cardiorespiratorio. “El acta de defunción dice otra cosa”, machacó.
Le comentamos lo dicho por el gobernador, en el sentido de que la madre lo visitó sólo dos veces en el hospital antes de morir. Pero también que en uno de los videos mostrados, la señora aparece declarando que a su hijo lo mató “un cohetón en la cabeza”.
“¿Sabes por qué declaró eso?”, preguntó Luna. “La presionaron. Cuando quieras te llevo con ella para que la entrevistes”.
Ya para finalizar, la diputada perredista dijo que la tragedia pudo haberse evitado si Moreno Valle hubiese aceptado platicar con todos los grupos sociales, en lugar de tener en las cárceles a 37 manifestantes detenidos en los dos últimos meses.
■ Antes de que termine el verano se hará el anuncio de la construcción del nuevo Aeropuerto en la zona de Atenco. El actual está rebasado. Este año va a registrar un total de 22 millones de operaciones. Llegó al límite de su capacidad. No da más. En la SCT lo consideran un problema grave que afecta no sólo la seguridad de las aeronaves, sino la conectividad y el desarrollo del país.
“No hay que olvidar que el de la Ciudad de México es el aeropuerto del país. Aquí se hacen la mayoría de las conexiones”, subrayan en el gobierno federal.
Las autoridades del ramo van con pies de plomo para evitar situaciones similares a las ocurridas en tiempos de Fox. Entonces querían pagarles a los propietarios de la tierra la miseria de siete pesos por hectárea. En eso valuó la tierra la Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin). El resto de la historia ya la conocemos.
Ya se hizo una asamblea para conocer el sentir de los lugareños que se verán afectados en sus propiedades con la construcción de la nueva terminal aérea. Nos aseguran que, de los 280 asistentes, 260 votaron a favor de vender sus tierras.
