En el ejercicio de medición diseñado por la organización independiente Fondo para la Paz, se utilizan 12 categorías de indicadores para definir si a un Estado se le debe calificar como fallido. Fallidos son aquellos estados en los que sus gobiernos han perdido el control del territorio y sus aparatos de seguridad son débiles; sufren la práctica generalizada de la corrupción y padecen una fuerte presencia del crimen organizado; presentan problemas de crecimiento desigual, pobreza y prestación de servicios públicos; son ineficaces en el cobro de impuestos; el respeto a los derechos humanos es precario y el gobierno tiene un fuerte déficit de legitimidad. Son estados que no pueden cumplir con sus obligaciones o lo hacen de manera muy deficiente. México aparece en el lugar 97 de 178 países. Como en otras mediciones, somos un país de media tabla. No se le califica de Estado fallido, pero sí se encuentra en la categoría de “advertencia”, que significa “en riesgo de convertirse en Estado fallido”.
Comparado con el resto de los países que mide el Fondo para la Paz y a pesar de los innegables problemas que aquejan a nuestro país, parecería una exageración decir que México como nación se acerca a ser un Estado fallido.
Sin embargo, habría que mirar uno de los criterios que subyacen a la mayoría de los indicadores y al cual la clase gobernante debería poner atención: la capacidad de los estados para tomar y después sostener las decisiones gubernamentales, ya sea en el ámbito administrativo, legislativo o judicial. Decisiones que den certeza a la población de dónde están paradas, de qué comportamientos son válidos y cuáles otros no, de qué castigos corresponden a qué delitos, de a qué autoridad se puede recurrir en caso de que sus derechos sean vulnerados, de qué reglas generales rigen para abrir un negocio, acceder al registro de un partido, pertenecer a un padrón de beneficiarios o tener derecho a una plaza.
Lo que muchas veces se extraña en México es precisamente la determinación para mantener decisiones que den este tipo de certeza a la población. Ejemplos nos sobran y no hace falta remontarse al pasado remoto.
Al amparo de la Reforma Educativa se toma la decisión de que todos los maestros deberán presentar los exámenes de oposición diseñados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Meses después integrantes de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca firman con el subsecretario de Gobernación un acuerdo político para que los normalistas sean contratados de manera automática sin necesidad de examen o evaluación. Aduciendo a ese acuerdo hoy la CNTE impide que la SEP aplique lo que la reforma constitucional estipuló hace más de un año.
La Procuraduría General de la República toma el albergue de Zamora conocido como La Gran Familia y detienen a algunos directivos y empleados acusados de cometer diversos abusos y delitos en contra de los menores que ahí habitan. La PGR presenta con lujo de detalles las razones del operativo y una serie de testimoniales avalando las irregularidades, pero días después hay una especie de arrepentimiento y no se sabe ya si se abrirá o no un proceso en contra de los presuntos responsables.
El jefe de Gobierno relanza el programa de Hoy no Circula y, ante las críticas de la sociedad y las presiones de algunos grupos de poder, lo atenúa.
Los diputados determinan un haber de retiro para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para, días después, en un periodo extraordinario, revocar la medida ante los reproches de la opinión publicada y la indignación de la opinión pública. Lo mismo hicieron los senadores con respecto a los subsidios en electricidad. Primero anuncian que desaparecerán para inmediatamente echar la medida para atrás y decir que esa facultad le corresponde al Ejecutivo.
En Michoacán se anuncia el desarme forzoso de las autodefensas para, unos meses después, cambiarlo por el registro de las armas acompañado de la autorización a que sus poseedores las guarden en sus domicilios. La anunciada Gendarmería que previsiblemente entrará en operación en agosto próximo ha cambiado de vocación, misión y extensión cuando menos tres veces en lo que va del sexenio.
La muy bienvenida Reforma en la Ley de Transparencia, que sólo admite reservas de información para asuntos de seguridad nacional a través de la Consejería Jurídica, queda nulificada en los hechos cuando al SAT se le permite reservar la información sobre los montos que cada entidad federativa se embolsó por concepto de los impuestos retenidos a sus trabajadores y no devueltos a la Tesorería.
Podemos estar o no de acuerdo con las medidas tomadas y después desechadas. Pero todos estos casos y muchos más muestran la incapacidad de los poderes públicos para mantener sus decisiones y, con ella, la debilidad de las instituciones. Muestran la falta de autoridad para hacer valer las decisiones de política pública y acciones de gobierno que deberían dar certeza a los ciudadanos. Contribuyen al descreimiento en la autoridad y a la convicción de que, con suficiente presión, las decisiones que a alguien no le convienen, pueden revertirse.
