Dice el refrán que “después de la tormenta viene la calma”, pero en el caso de la reconstrucción de aquellas zonas del país que han sufrido por las lluvias, ya no de este año sino del pasado con las tragedias ocurridas principalmente en el estado de Guerrero (La Pintada), las cosas se han complicado por varios factores que escapan de la mano de las autoridades federales encargadas de las obras encaminadas a reubicar, por un lado, a los damnificados que de manera indebida habitaban en zonas de alto riesgo, así como a rehabilitar aquellas viviendas que requirieron de la intervención de la autoridad para volver a ser habitables.
Ha sido una tarea “titánica” la que ha desarrollado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que encabeza el político yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, quien conocedor de la problemática ha logrado conjuntar los esfuerzos de autoridades municipales, estatales y federales con los constructores que participan en la reconstrucción de las regiones golpeadas por las intensas lluvias.
Pero también ha tenido que enfrentar el problema de la inseguridad y de la “ilegalidad” de grupos sindicalistas que “bloquean” la realización de las obras si no les dan “privilegios” o la famosa “renta” para dejarlos trabajar sin ser molestados. Grupos de la delincuencia han llegado, incluso, al grado de secuestrar a trabajadores del sector de la construcción como amenaza a los constructores que participan al lado del gobierno en la rehabilitación de zonas dañas por las inundaciones. Se calcula que existen 84 empresas del sector de la construcción que participan en el programa y a las que hay que proteger de los delincuentes.
Sin embargo, y a pesar de todo ello, la Sedatu enfrenta con éxito el reto de la reconstrucción de Guerrero, además de organizar la migración más grande registrada en la historia del país, al reubicar a cinco mil 600 familias, así como la construcción de más de 11 mil viviendas.
El principal problema es la enorme “dispersión” en la que viven los afectados. Es decir, poblaciones de muy pocos habitantes y que se encuentran muy distantes unas de otras lo que complica las obras. A ello se suma la falta de caminos eficientes para el transporte de material o la contratación de mano de obra ante la imposibilidad de trasladar de un lugar a otro a trabajadores que en ocasiones deben construir una casa, separada por kilómetros de otras viviendas que están en condiciones similares.
El objetivo es construir viviendas en mil 24 comunidades de Guerrero. Para que usted se dé una idea en 210 de esas poblaciones solamente se construirá una sola vivienda, mientras que en 479 se entregarán menos de cinco casas. Lo que se ha hecho es que los mismos pobladores participen en la construcción y con ello generar mano de obra. Hasta el momento se calcula que hay 100 mil personas que han sido contratadas para tal fin, además de recibir capacitación.
El caso concreto de La Pintada, cuyas imágenes de aquel trágico deslave de septiembre de 2013 que prácticamente la sepultó, dieron la vuelta a todo el país, es un ejemplo de cómo esta estrategia diseñada por el gobierno federal a través de la Sedatu ha beneficiado a la comunidad: hace un año el poblado tenía dos tiendas de abarrotes y una papelería. Con la participación de sus habitantes en el proceso de edificación de nuevas viviendas las tiendas en la comunidad suman diez, la papelería duplicó su tamaño y se han establecido dos cafeterías, aprovechando la vocación cafetera de la zona. Todo ello en una comunidad donde habitan alrededor de 500 familias.
En resumen, se calcula que 30 mil personas afectadas obtendrán una vivienda nueva con una inversión de tres mil millones de pesos. Obras que hasta el momento llevan más de 50% de avance. Ejemplo de que cuando hay voluntad se pueden poner de acuerdo con el gobierno y el sector privado para beneficiar a quienes lamentablemente perdieron todo o casi todo en una contingencia meteorológica que ocurre cada vez con mayor frecuencia en nuestro país.
