AGENCIA
CDMX.- Desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército Mexicano dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, todavía se niega proporcionar toda la información generada por los militares, argumentando que esa instalación no existía en 2014, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI informó que a partir de diversos informes pudo determinar la existencia del Centro, pero a pesar de la orden presidencial para que se abran los archivos castrenses relacionados con estos hechos, aún no se conocen todos los datos que recopilaron los militares, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a entregar los documentos relacionados con el Caso Ayotzinapa.
“Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte, en Iguala”, dijo Ángela Buitrago.
“Este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014. Nos dicen que nace en el año 2015, lo cual ya sabemos que no es cierto”, indicó.
El Ejército Mexicano tenía información detallada desde un principio de todo lo que ocurrió durante y después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ha negado el acceso a la información a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, revela la tercera parte de la investigación de ese organismo.
De acuerdo con el informe, el Ejército desarrolló una investigación paralela sobre el caso, pero sus hallazgos no fueron notificados debidamente ni compartidos.
El reporte también detalla que el Ejército incluso tenía un Centro Regional de Inteligencia desde donde dio seguimiento al caso, pero al ser cuestionado al respecto en el año 2014, incluso negó la existencia del citado centro por escrito, aunque al año siguiente se reveló que no era así.
“El GIEI pidió insistentemente las investigaciones que se hubieran adelantado en el fuero militar con ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. la respuesta a este requerimiento fue que no se había adelantado ninguna investigación. Sin embargo, el GIEI contaba con información de que sí se había realizado una investigación por autoridades militares”, indica el documento.
Dicho informe detalla que desde 2013, la Sedena tenía información de Inteligencia sobre 20 funcionarios de Seguridad Pública del estado de Guerrero posiblemente coludidos con criminales, pero cuando se requirió esta información en 2019, la Sedena respondió a la COVAJ que dentro de sus atribuciones, no estaba investigar posibles vínculos de funcionarios con organizaciones delictivas.
Las fuerzas armadas tenían conocimiento de estas denuncias y habían iniciado investigaciones internas por presunta colusión de miembros del 27 Batallón con el grupo criminal “Guerreros Unidos”.
“Al respecto, es importante mencionar que no se ha tenido acceso a los resultados de estas investigaciones por autoridades militares ni por la SEIDO. Esa información debería proporcionarse a la UEILCA por ser relevante para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades”, señala el GIEI.
El GIEI señala que el Ejército promovió de forma activa la descalificación del trabajo de los investigadores y sugirió no acatar las recomendaciones, como consta en documentos militares a los que tuvo acceso el Grupo.
Entre la información dada a conocer por el GIEI se revela que estudiantes estuvieron en las barandillas de los juzgados cívicos; de acuerdo con el reporte, que retoma declaraciones de testigos, un capitán del Ejército ingresó a la comisaría cívico, platicó con alguien y se retiro, pero no informó a sus superiores.
“Desde el inicio de la investigación existieron fuertes indicios de que un grupo de estudiantes detenidos habrían sido llevados ala comisaría de barandillas, aunque no era claro si entrará o no y el tiempo que se habrían quedado ahí, en su caso, antes de ser trasladados”, dice el reporte.
Pero no solamente nada más autoridades militares ocultaron información. El informe detalla que también la PGR ocultó información, como videos en los cuales se pudo documentar tortura contra testigos.
El reporte detalla que después de insistir junto con la COVAJ y la UEILCA, el CISEN entregó al GIEI más de 60 videos que involucraban a cerca de 50 detenidos, en los que se demuestra la tortura a los detenidos.
“Ninguna información o videos habría sido proporcionada a la investigación de la PGR hasta que las grabaciones fueron descubiertas gracias a las gestiones realizadas por l COVAJ y analizadas por la UEILCA y el GIEI”.
¡Pues claro! ¿Cómo se van a autoculpar? El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el único responsable. He ahí el problema de darle más poder al Ejército, van a marcar sus condiciones; mezclados con el crimen organizado ya están advertidos por este último.
Y así se cubren las espaldas; mientras les den dinero para las obras de seguridad nacional, aquí no ha pasado nada, ¡que siga la fiesta!
Si se niegan ahora, que no tienen poder, ¿qué será cuando lo tengan? Matarán y no habrá poder humano en hacerlos responsables.
El ejército, la Sedena es tan corrupta como los presidentes mismos, quienes ordenan dejen que llegue y pase la droga sin problema, el cártel más poderoso es el del Gobierno de México y no va a desproteger a sus socios aún cuando mataron a los 43 y miles más.
