Se llegó a la meta o comienza la carrera en cuanto al sector energético se refiere. La realidad es que con la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética se avanza en pro de eliminar un monopolio gubernamental, me refiero a Pemex, cuya empresa se transparentará.
Se dan pasos rumbo a que también extranjeros paguen impuestos y trabajen bajo una ley más transparente. Que se evite poner en riesgo la seguridad energética del país.
Permite la importación de gasolinas por parte de particulares a partir de 2017; considera a Pemex agente económico dominante para abrirse a la competencia; establece incentivos para que extranjeros ayuden en la extracción del petróleo en aguas profundas del Golfo de México y establece las reglas para lograr una cooperación con Estados Unidos para la explotación de los yacimientos transfronterizos.
Sin castigar a los grandes empresarios, sí busca hacer alianzas que permitan un mejor desarrollo. Y uno de los temas más polémicos que se dan es la acotación de los subsidios en el servicio, blindando a las zonas rurales y urbanas para la adquisición de gas LP. Estrategia que ya se venía haciendo, aunque sólo en algunas zonas, con poca claridad.
De ahí que esta decisión se busca con el objetivo de dar mayor certeza jurídica.
Las multas más graves son de hasta 7.5 millones de veces el salario mínimo a quien sin asignación o contrato realice labores de exploración y extracción de hidrocarburos, así como contra la empresa que proporcione información falsa, alterada o simule registros de contabilidad.
Es cierto que la reforma actual da un giro de 180 grados a la forma de cómo se hará negocio tanto en el tema de energía como en el de hidrocarburos, no sólo porque en este segundo sector se abre por primera vez la participación de la iniciativa privada, sino porque las reglas cambian vía Constitución. Dando pie al fortalecimiento de algunas instituciones involucradas y a la creación de otros organismos.
Pero, para muestra de lo que puede representar para México esta nueva reforma, hay que voltear a ver lo que hasta ahora se ha logrado con la reforma de 1992, la cual ha permitido inversiones por 43 mil millones de dólares tan sólo en proyectos de energía eléctrica. En este caso, las proyecciones son que la aportación pase a representar de dos a cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en menos de cinco años.
En la actualidad hay comprometidos dos mil 300 millones de dólares, tan sólo en proyectos relacionados con energía solar. A ellos se deberían sumar los que tienen que ver con energías renovables e hidrocarburos.
Se habla de que la inversión privada anual podría ser de 30 mil millones de dólares, mientras que la de Pemex es de 20 mil millones de dólares.
Sólo hay que cuidar que esa dinámica no se pierda ni se tenga que esperar cinco años para que los cambios en este sector se den. En teoría, se debería de haber aprendido de los movimientos que se dan y agilizar la implementación de las reformas, sin que ello se traduzca en descuidos.
No hay que olvidar que de tres instituciones pasan a ser ocho las que definirán el rumbo de los energéticos del país, pero la realidad es que es mejor avanzar que quedarse con como se venían haciendo las cosas, incluso pese a que se ha calificado a dicha Reforma Energética como muy superior a lo que se puede hacer hoy día.
