Envidio a los maestros de Comunicación. Seguido tienen a la mano casos que ejemplifican cómo se construyen noticias por un agente. En algunas ocasiones, para cualquier experto en comunicación es fácil identificar cómo se inventa una noticia; en otras, la forma específica en la que se le proyecta para lograr determinada percepción en la sociedad. El caso de Mamá Rosa y el albergue de La Gran Familia en Zamora, Michoacán, es ejemplar. Si no fuera porque Enrique Krauze y Jean Meyer conocen su obra de cerca y tienen acceso a algunos medios de comunicación, estaríamos convencidos de que en verdad se requería del ejército para “liberar” a 500 menores “secuestrados, explotados económica y sexualmente, sometidos a castigos y alimentados con desperdicios”. Aunque seguiría pensando que sería mejor que el Ejército liberara a los ciudadanos de Tampico, Matamoros, Reynosa, Piedras Negras, etcétera, esos sí secuestrados y aterrorizados por el crimen organizado, de todas maneras estaría estremecida por el infierno que al parecer se iniciaba tras las puertas del albergue, del que, una vez que se entraba, “jamás se podía salir”.
Como a inicios del caso Florence Cassez, ni yo ni el público tendríamos cómo saber la verdad porque desafortunadamente los medios se miran sospechosamente uniformes y homogéneos en la cobertura de ciertas noticias generadas desde el gobierno. En este caso, si no fuera porque las voces discordantes tienen la confianza y credibilidad de una parte importante de los formadores de opinión y de la sociedad, sólo tendríamos una versión. Y con respecto a la evidencia gráfica que Gobernación ha presentado como soporte a su decisión de ingresar militarmente al albergue, como escribe Krauze en su blog de Letras Libres (http://www.letraslibres.com/blogs/blog-de-la-redaccion/historia-de-una-i…), sólo vemos lo que se quiere mostrar.
Con la evidencia que hay a la mano, la de una importante obra social y un entorno legal “a la mexicana”, en el que el Estado no intervenía para vigilar el cumplimiento del cuidado de menores y ciertas leyes como las de adopción y registro que se estiraban o no se cumplían, bastaba la intervención del DIF respaldada por la autoridad judicial. En el caso de La Gran Familia, el Estado fue excesivo en el uso de la fuerza pública, fue omiso en el seguimiento y monitoreo del albergue y abusó de la herramienta conocida como “asesinato de reputación”.
Otro caso de fabricación de un “no hecho” y su transformación en referente es el del Estudio sobre Telecomunicaciones en México 2012, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, usado para respaldar la necesidad de una reforma profunda en telecomunicaciones.
No me referiré a la Reforma de Telecomunicaciones, que afortunadamente ya concluyó y con resultados en general satisfactorios, sino exclusivamente al uso de los números del estudio mencionado para poner en la picota a toda la industria de telecomunicaciones en México, incluyendo a los reguladores pasados (que fueron quienes pidieron el estudio a la OCDE).
El estudio incluye un subestudio titulado Cálculo de la Pérdida de Bienestar del Consumidor Causada por Precios Excesivos en el Sector de Telecomunicaciones en México, encargado a un despacho de consultoría francés, encabezado por la doctora Martha Stryszowska. Como se recordará, el subestudio concluye que en los cinco años que van de 2005 a 2009 hubo una pérdida del bienestar del consumidor de 129.2 mil millones de dólares equivalentes a 1.8% del PIB de nuestro país y ésta es la cifra que se menciona desde las primeras páginas del estudio de la OCDE y en las principales notas periodísticas al respecto.
Como lo han demostrado los académicos Alejandro Castañeda y Alexander Elbittar, del CIDE, en su estudio publicado en El trimestre económico (julio-octubre de 2013) del Fondo de Cultura Económica, el mencionado subestudio incluye una equivocación que sobrestima la pérdida de bienestar del consumidor en 38 mil millones de dólares. El doctor Adriaan ten Kate, en su estudio Los tres mejores cuentos sobre las telecomunicaciones en México y en ensayos próximos a publicarse, explica claramente el error del subestudio mencionado: la doctora Stryszowska —seguramente sin experiencia— tomó una variable equivocada que resultó en un aumento de 38 mil millones de dólares. Un segundo error fue incluir en la pérdida de bienestar del consumidor por la demanda no realizada la pérdida por el sobreprecio que estima el estudio, por cierto, una verdadera “volada”, pues es generoso en la exageración. Y como sabe cualquier estudiante principiante en este tema, una cosa es la transferencia que hace el consumidor al productor por aparentes sobreprecios y otra la pérdida de bienestar por demanda que no se pudo realizar, sobre todo en México, donde el estudio argumenta que no hay suficientes consumidores. Así que, como en la cuenta de los elefantes, de los 129.2 mil millones de dólares que quedaban, ya sólo quedan 25.2 mil millones (si se restan 38 mil millones de dólares del cálculo equivocado y 66 mil millones de la transferencia del consumidor al productor) e incluso esta cifra está sobrestimada.
Y sin embargo la cifra equivocada está incluida tanto en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional como en la de las leyes secundarias. Está incluida en los discursos y testimonios de varios miembros del gabinete y, por supuesto, se mencionó diariamente por columnistas y reporteros que, con su insistencia (“recuerden: con cada día de retraso en las leyes secundarias perdemos 70 millones de dólares”), sólo reflejaban su profunda ignorancia sobre la industria y sus números básicos, pues si toda la industria genera aproximadamente 2.2% del PIB, ¿cómo es posible que genere una pérdida de bienestar en el consumidor, equivalente a 1.8% del PIB? Ni los salarios salen en ese cálculo. Terminada la reforma, éste puede ser un buen caso para las escuelas de Comunicación y de Economía. Nos vemos en
Twitter: @ceciliasotog.
