AGENCIA
CDMX.- Padres de los 19 alumnos que murieron en el terremoto del 19 de septiembre (19S) de 2017, en el colegio Enrique Rébsamen, se dedicaron a demostrar ante las autoridades, que los daños en la escuela no fueron causados por el sismo, sino por el sobrepeso de 222.43 toneladas en la estructura.
En el dictamen estructural del arquitecto Hilario Benítez Benítez de Las Periciales en Valuación & Construcción, presentado en las audiencias judiciales en contra del director Responsable de Obra (DRO), se concluyó que: “existía una carga adicional sobre la estructura del orden de las 222.43 toneladas, que fue decisivo para el colapso de la estructura, pues el volumen de la masa adicional ejerció mayor carga sobre la estructura que no fue diseñada para resistir un sobrepeso”.
“Se demostró que los muros de carga los quitaron por cuestión de estética, pero lo más preocupante de todas las anomalías administrativas, que también prevalecieron en el colegio, obviamente auspiciadas por la autoridad, y a cinco años, todavía falta un DRO por ser aprehendido”, dijo Alejandro Jurado, papá de Paola Jurado Rodríguez, alumna que falleció en el colegio.
A cinco años del 19S, sigue sin llegar completa la justicia, continúa prófugo Francisco Arturo Pérez Rodríguez, uno de los tres DRO, involucrados. Tampoco un solo funcionario ha sido sancionado por negligencia.
Apenas, hace dos semanas, la Fiscalía capitalina duplicó la recompensa para dar con el paradero del DRO. Se difundió el martes 6 de septiembre una tarjeta informativa en la que se ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos “a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de Francisco Arturo Pérez Rodríguez”.
“Falta castigar a los servidores públicos de la delegación Tlalpan, del gobierno capitalino, y obviamente, del gobierno federal”, dijo Jurado.
En noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 31VG/2019, en la cual acreditaron violaciones graves a los derechos humanos por omisiones, irregularidades y negligencia en que incurrió la SEP, el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Tlalpan. Esta recomendación fue parte de la queja de padres de familia con número de expediente CNDH/2/2017/9306/Q, pero hasta hoy ningún funcionario ha respondido.
Los únicos sentenciados son: el DRO, Juan Mario Velarde Gámez, condenado a 70 años de prisión y se le impuso una reparación del daño por 10.6 millones de pesos, por el homicidio de 19 menores y siete adultos.
A Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio se le impuso una pena de 31 años de prisión y un pago por reparación del daño de 11.5 millones de pesos por homicidio culposo en agravio y responsabilidad de obra.
Aunque el segundo DRO involucrado, Juan Apolinar Torales Iniesta, fue detenido el 30 de octubre de 2019, y vinculado a proceso, se espera aún su sentencia.
“Hemos demostrado con dolor, la negligencia y la corrupción por la que se cayó la escuela, a pesar de ser atacados y hasta enjuiciados por la gente que nos pregunta qué ganamos. Yo siempre les respondo que ganamos el luchar por preservar la vida y evitar que esto vuelva a ocurrir”, indicó Mireya, mamá de Pao.
