Juan José Enríquez
El Buen Tono
Tequila.- En Veracruz sigue siendo grave el daño patrimonial, por lo que se advierte a los alcaldes a conducirse con honradez y transparencia en el manejo de los recursos públicos, dijo la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado, Delia González Cobos.
Aseguró que los ciudadanos pueden confiar y dar la credibilidad a la institución que representa, de que se habrá de hacer cumplir la ley.
Indicó que en referencia a los montos de los daños patrimoniales anteriores: “Recordarán que en la administración del ejercicio 2019 fueron aproximadamente 2 mil 600 millones, en el ejercicio 2020 fueron mil 600 aproximadamente o mil 800 y ahora hay que esperar el resultado porque en estos momentos no podemos anunciar”.
Dio a conocer que será a finales de este mes cuándo se rinda un informe detallado de la situación financiera del ejercicio 2021.
De la misma manera comentó que se encuentran en la recta final de los trabajaos de comprobación de la Cuenta Pública 2021 de las administraciones municipales de todo el estado.
Entrevistada en el municipio, la funcionaria estatal recordó que de acuerdo a la ley, se tiene como fecha límite el 1 de octubre para entregar el informe de los resultados de la Cuenta Pública 2021 al Congreso del Estado para que se revise y con ello determinar si algún Ayuntamiento o alcalde tuviera algún daño patrimonial.
Señaló que los trabajos que realizan son siempre apegados a derecho y de acuerdo con la norma debida, “eso implica responsabilidades y eso lo sabemos todos quienes ejercen el gasto público pero también quienes vigilan el gasto público”.
En cuanto a los supuestos señalamientos de presunta corrupción que se han hecho a la institución, dijo que no hay una denuncia forma y que todo pareciera ser parte de una campaña para dividir a las entidades de Gobierno.
Reiteró que la población puede confiar en que los trabajos que realizan son apegados a la norma por lo que invitó a los alcaldes a que hagan su trabajo y realicen el ejercicio del gasto público en los términos que la ley señala, a fin de prevenir problemas.
