De la Redacción
el buen tono
Córdoba.- Luego de las declaraciones de la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, en las que solicitaba a jueces y empleados de los juzgados cooperarse para darle mantenimiento a los inmuebles, abogados pusieron en entredicho su salud mental y señalaron que debería explicar junto a la directora de administración el por qué no hay recursos para ello.
Aseguran que hay un presupuesto estimado de 2 millones de pesos, además de una opacidad y empresas
“fantasma”.
Fue el presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, quien señaló que la magistrada “no está bien de sus
facultades mentales.
El que haya regañado a los jueces y empleados por no pintar las instalaciones ni comprar escobas, así como insumos de limpieza, es el reflejo de una persona que no está bien de sus facultades mentales”, expresó.
Hizo hincapié en la poca capacidad de Isabel Romero para llevar a cabo la administración de un presupuesto anual de 931 millones de pesos, mismos que fueron autorizados desde el Congreso local en 2022 al Poder Judicial.
Con esto, el abogado señaló que se abrió la posibilidad de una investigación por parte del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS) y se pueda conocer la razón del por qué faltando cuatro meses para que termine el año ya se gastaron el dinero. Manifestó que incluso es necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues también el Poder Judicial maneja recursos federales.
“Es lamentable que alguien no sepa administrar y distribuir bien los recursos asignados y pretenda lanzarle culpar a los demás, ¡es una locura lo que dijo! Solo falta que también le pida coperacha a los abogados litigantes, a las barras, colegios y asociaciones de
abogados”, expresó.
“En el Poder Judicial hay mucha tela de dónde cortar, hay una corrupción que nunca antes se había visto y no es necesario escudriñar mucho para que broten las irregularidades en el manejo y administración de los recursos asignados, como empresas “fantasma”, opacidad, aviadores, exceso de personal, altos salarios, un sinfín de irregularidades que hacen que el Poder Judicial esté en quiebra”, aseguró.
