AGENCIA
CDMX.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora, cuyo fin es dictaminar las peticiones de desafuero presentadas ante dicho Congreso, entre ellas la del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.
La designación de la Sección Instructora se dio después de que en San Lázaro se votara la adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dicho órgano estará conformado por Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena), quien presidirá dicha Sección. Sus secretarios serán Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena; José Elías Lixa, vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) y Rubén Moreira, coordinador del PRI.
El proceso de revisión de pruebas, alegatos y conclusiones debe durar al menos 60 días hábiles, por lo que en noviembre se tendrá que resolver. Las decisiones de la Sección Instructora deben tener mayoría absoluta,es decir, se necesitan tres de cuatro votos para poder avanzar en los procedimientos.
Uno de los primeros trabajos de la Sección Instructora será revisar las pruebas dentro del expediente que el pasado 16 de agosto entregó la Fiscalía del Estado de Campeche con el fin de que comience el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito.
Así lo informó el entonces presidente de San Lázaro, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en conferencia de prensa, “están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia contra el C. Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche”, indicó.
“Se recibió la solicitud a las 13:38 horas, se ha turnado a la Secretaría de la Cámara, hasta en tanto se conforme la Sección Instructora, que es la que conocerá esta solicitud”, añadió Gutiérrez Luna.
El fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, dejó en claro que la carpeta de investigación “no tiene nada que ver con los audios” que ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. “Afirmarlo categóricamente, la carpeta de investigación no tiene que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito”.
“En qué consiste: en la desproporción en los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades que se encuentran a su nombre. En este caso, se conoce como lo que se denomina inversión de la carga de la prueba: el imputado debe mostrar legalmente que posee legalmente estos bienes”, indicó Sales.
