El otorgamiento de registro condicionado a tres nuevos partidos políticos ha provocado una ola de repudio. Éste, esencialmente, no es por motivos ideológicos o políticos (que los hay), sino por el financiamiento que recibirán con dinero público. La política, los políticos y sus partidos son el sector con mayor desprestigio social en México. Sin embargo, y mientras no se encuentren otras vías e instituciones, los partidos serán un mal necesario para la democracia moderna. Quizá lo primero que habría que buscar es, al menos, nuevas formas de su financiamiento.
La pluralidad moderna (el escribidor teme que es la única) de los partidos políticos mexicanos empezó con la reforma política de 1977, luego de que el priista José López Portillo compitió contra sí mismo como candidato del PRI, PPS y PARM en las elecciones presidenciales de 1976, por la negativa del PAN a participar en ellas.
La democracia mexicana no era nada ejemplar. Bueno, no existía en realidad. En esas elecciones, López Portillo obtuvo nada más 93.5% de la votación emitida; el resto fueron votos anulados y 1.2% para candidatos no registrados, entre ellos Valentín Campa del Partido Comunista Mexicano (PCM). Por eso, el sistema político se vio en la necesidad de obtener la legitimidad del pluralismo.
Esa reforma abrió el registro para nuevos partidos. A los cuatro existentes de entonces: PAN, PRI y sus dos adláteres, según el lenguaje políticamente correcto, o paleros, según el lenguaje popular: Popular Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) se sumaron con la modalidad de registro condicionado a los partidos Comunista Mexicano (PCM), Demócrata Mexicano (PDM) y Socialista de los Trabajadores (PST). Así, la de 1979-1982, fue la primer Cámara de Diputados con un alto grado de pluralidad.
De entonces a la fecha, muchos han sido los partidos políticos que han obtenido registro condicionado y lo han perdido al no contar con el apoyo de los votantes. De los nueve registros partidistas originales de 1979 sólo quedan tres: PAN, PRI y PCM (transformado sucesivamente en PSUM, PMS y PRD). Una lista seguramente incompleta incluye a partidos como el Revolucionario de los Trabajadores, Mexicano de los Trabajadores, Cardenista, Unión Nacional Opositora, Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista, Democracia Social, del Centro Democrático, México Posible, Liberal Mexicano, Fuerza Ciudadana, Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Entre ellos están algunos que fueron muy serios y otros que fueron negocios de familia o de camarillas.
El financiamiento público legal de los partidos políticos mexicanos data de 1986. No es único en el mundo, pero hasta hoy la utilización de recursos públicos no ha sido totalmente transparente. En cambio, ha habido diversos escándalos de enriquecimiento de dirigentes partidistas, como el caso de la familia Riojas del Partido de la Sociedad Nacionalista, en 2000. A fines de los años ochenta provocó una escisión en el PAN, en el que participaron militantes y dirigentes que se negaban a recibirlo, entre otras razones. Antes de 1986, la oposición legal y la no reconocida legalmente siempre acusaron a los gobiernos surgidos del PRI de financiar ilegalmente a su partido.
Para las elecciones federales (renovación de la Cámara de Diputados) de 2015 el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) ha otorgado registro condicionado (para conservarlo se requiere ahora de 3% de la votación total emitida) al Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Partido Humanista (PH) y Partido Encuentro Social (PES). Los tres nuevos partidos comenzarán a recibir dinero público a partir del próximo 1 de agosto. Eso no impactará en el presupuesto del INE. Simplemente del dinero de las prerrogativas ya presupuesto se tomará para los nuevos tres partidos. No habrá nuevas partidas. Sin embargo, en las redes sociales y en la opinión pública esos tres partidos no han sido bienvenidos debido a la entrega legal de esos recursos públicos.
El sustento legal para la entrega de ese dinero es el que la Constitución establece, en su artículo 41, que los partidos políticos son entidades de interés público. ¿De dónde sale ese dinero? Pues, sencillo, del presupuesto federal, que se nutre esencialmente de los impuestos pagados por los ciudadanos. El contribuir (no hace mucho tiempo que a los impuestos se les llamaba precisamente contribuciones) con el gasto público de la Federación, estados y municipios es también una obligación constitucional, de acuerdo con la fracción IV del artículo 31.
Los impuestos se utilizan, entre otras cosas, pero prioritariamente o al menos así debería de ser, en los servicios públicos de salud, educación, en infraestructura, en políticas públicas laborales, sociales y culturales. También en el mantenimiento del gobierno y su burocracia. Así correspondería. No hay de otra. Sin embargo, en el caso del financiamiento de los partidos no hay unanimidad. Hay quienes piensan que así debe de ser, y otros que de plano lo rechazan absolutamente, con diferentes argumentos, razones y muchas veces sólo con diatribas surgidas del descontento y el hartazgo. Quienes así piensan dicen que a los partidos los deben sostener sus militantes.
La polémica es larga y ancha. Por lo pronto, es de exigir que la ley ordene transparencia absoluta a los partidos en todos sus gastos y en sus ingresos sean públicos y privados, con datos y cifras accesibles a todos los ciudadanos, de manera inmediata.
Y dejo aquí para discutir una aportación original de José Carreño Figueras, mi compañero en Excélsior: ¿Por qué las declaraciones de impuestos no incluyen casillas con opciones para el ciudadano de aceptar o no que sus contribuciones sean parte del dinero que se entrega a los partidos, mientras se llega a la cancelación absoluta de ese financiamiento? El escribidor pregunta: ¿No sería acaso un ejercicio democrático?
