Juan José Enríquez
el buen tono
Orizaba.- De acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, realizado por el Inegi, al cierre de 2020 en el país había 356 mujeres privadas de la libertad en situación de embarazo y/o en periodo de lactancia (57.3%o) y 384 que tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
Con base en esto, la problemática de los menores que viven con sus padres en los Centros de Reinserción es preocupante, pues se violentan sus derechos humanos de educación y salud, de ahí que Jesús Alberto Pérez García, egresado de la primera generación de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la UV, desarrolló un protocolo para la separación gradual de menores que viven con sus madres en los penales.
Cabe decir que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las hijas e hijos de mujeres/varones reclusos podrán permanecer con ellos hasta que hayan cumplido tres años de edad, aunque el plazo puede ampliarse mediante petición al juez de ejecución, quien resolverá velando el interés superior de la niñez.
En el censo se expone que en relación a los menores que viven en los centros penitenciarios a nivel nacional eran 392, el 50.5% niños y el 49.5% niñas. Del total, 43.4% de
menos de un año.
Comentó: “Las dificultades que enfrentan los hijos de las madres recluidas son similares a ellas, ambos tienen que buscar el respeto a sus Derechos de
educación y salud”.
Sin embargo, apuntó que para los menores existe un grado mayor de vulnerabilidad, específicamente cuando cumplen la edad límite para permanecer en el centro penitenciario, pues deben afrontar la separación de su progenitora y la inserción a ámbitos desconocidos.
