El artículo 10 de la Constitución es claro. “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa”. Los guaruras, el doctor Mireles y las autodefensas son una versión extrema de este sencillo principio constitucional.
Este derecho, como cualquiera, tiene límites. Sólo se autoriza tener armas en el domicilio. Esta restricción no existía en la versión original de la Constitución. Fue introducida en 1971 en la única reforma que ha tenido este artículo.
Se ha definido como domicilio, tanto en la ley secundaria como en la jurisprudencia, el lugar en donde se vive. Me parece, sin embargo, muy persuasivo el voto disidente del ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío de que domicilio debe ser entendido más ampliamente (http://goo.gl/Ws3qJ2).
Tampoco se pueden usar armas “reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional…”. La ley fijará las reglas para ejercer el derecho a portar armas.
Este artículo viene de la Constitución de 1857, pero en su versión original era menos restrictivo. Sólo decía: “Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren”.
En Estados Unidos es distinto. Casi cualquiera puede simplemente ir a una tienda de autoservicio y comprar un rifle automático. En muchos estados ese rifle se puede traer escondido en el auto de forma legal. En otros, se llega al extremo de que se puede usar si el portador simplemente se siente amenazado. La forma tan absurda de entender este derecho en Estados Unidos ha provocado una inundación de armas circulando y balaceras con enorme frecuencia.
Hoy los mexicanos necesitan más las armas en su casa, en su negocio o para proteger su persona, que un ciudadano de Estados Unidos en su patria. Si bien en principio regulamos estrictamente el uso de las armas, en la práctica, quien puede, trae su arma, esté registrada o no. Y muchas veces sirva para asaltar o extorsionar. Portar armas se vuelve un delito sólo cuando se tiene la mala suerte de ser atrapado con ella, o cuando se usa para justificar el encarcelar a alguien.
Las autodefensas siguen apareciendo a lo largo del territorio nacional. Ya llegaron a Tlalnepantla, en el Estado de México, no muy lejos de donde escribo esta columna. La primera reacción contra las autodefensas suele ser de rechazo, dado que rompen el Estado de derecho. Pero surgen donde el imperio de la ley no ha existido en años.
Las autodefensas en muchos casos son un esfuerzo desesperado de los ciudadanos por hacer efectivo el artículo 10 de la Constitución, ante el abandono en que se encuentran. Las armas tienen que ser portadas en colectividad, dado que la amenaza no es de un criminal individual que quizá irrumpa en la casa, sino de nutridos ejércitos de profesionales bien organizados dedicados, entre otros, al negocio sistemático de la extorsión y el secuestro.
Los más ricos y los políticos más importantes han validado el derecho a portar armas con sus propias autodefensas. En el caso de los empresarios, con guardias privados. En el caso de los políticos, y muchas veces de sus familiares, la protección es con elementos de los cuerpos de seguridad del gobierno federal o local.
Un dato que no conocemos, pero que sería muy revelador, es saber cuántos y quiénes tienen esa protección pagada con recursos públicos, es decir, financiada por un contribuyente quien seguramente vive con grandes riesgos para su persona o su propiedad. También sería muy revelador saber qué porcentaje de las fuerzas totales de cada gobierno se usan para protección general de los ciudadanos y cuántos para protección particular.
Las autodefensas han mostrado ser, por lo menos en Michoacán, la forma de llamar la atención a un gobierno federal que parecía no importarle gran cosa el control por parte del crimen organizado de zonas importantes de esa entidad. El reto para el gobierno ha sido canalizarlos para construir una suerte de policía rural, que si bien está lejos de ser un cuerpo profesional reclutado con los controles óptimos, son seguramente menos malos que la mayoría de las policías municipales bajo control del crimen organizado en esa entidad. Se ha avanzado en ese objetivo, pero quedan aún muchas armas no registradas y no entregadas.
No a todos les ha gustado esta incorporación como policías rurales. El más visible ha sido el doctor Mireles. La semana antepasada desafió al gobierno “tomando” un municipio y exhibiendo el uso de la armas. Ahora, junto con varios de sus seguidores, está preso en la cárcel. Hizo bien el gobierno en actuar así. Sin embargo, sólo se puede validar esta estrategia si realmente logra disminuir de forma notable los niveles de violencia en Michoacán, para que los habitantes de ese estado no tengan más la necesidad de defenderse con sus propias armas.
No estoy de acuerdo en que la gente traiga sus armas como en Estados Unidos, pero en ausencia de Estado eso es lo que pasa. Prefiero el equilibrio de seguridad de la mayoría de los países europeos occidentales, con muchas restricciones a portar armas y tasas de homicidio más bajas que las de Estados Unidos.
