Adriana Estrada
el buen tono
Orizaba.- Aún cuando el Juez del Juzgado Federal 16 de Distrito ordenara devolver el inmueble de I Cinemas a los pastores evangélicos, el Ayuntamiento no lo hará pues está en posesión del DIF municipal, además de que interpondrá un amparo ante el Tribunal Colegiado Superior.
La sindica única del Ayuntamiento, Michel Fragoso Martínez declaró que el edificio que actualmente lleva por nombre “Coco” no será devuelto al no estar ya en posesión del Ayuntamiento.
“Cómo síndica municipal y representante legal del ayuntamiento constitucional de Orizaba les quiero decir que efectivamente el juez ya nos notificó su resolución, pero entiendo es para afectos de que también decidamos, porque tenemos ese derecho, si se cumple en sus términos o si se impugna, porque tenemos ese derecho de interponer un recurso de queja ante un tribunal superior revise la resolución que dictó este juez”.
Señaló que el juez los está amenazando en provocarles un prejuicio grave, pues consideró que es una amenaza y se tiene derecho a que se administre la justicia, mientras que como ciudadana ve que en primer lugar el Ayuntamiento ya invirtió recursos públicos a un inmueble que ya es propiedad de los orizabeños, pues cuando fue entregada a su posesión se encontraba en condiciones deplorables.
Actualmente el inmueble está funcionando perfectamente y bajo condiciones muy diferentes a las que se tenía, situación que Carlos Hernández Aburto lo ha observado, pues entregaron voluntariamente el espacio al Tesorero, lo cual está notarialmente comprobado, y ha habido falsedades en muchas cosas, pues no hubo desalojo ni se ejerció violencia.
“El Ayuntamiento en pleno, sesión de Cabildo decidió que para cumplir con la agenda 2030 en el lineamiento 4 que tiene que ver con la educación de calidad, y para apoyar esta educación inclusiva y equitativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente y prevaleciendo en todo momento el interés de niñas, niños y adolescentes, también la autoridad tiene la obligación de establecer todas las acciones que sean necesarias para beneficio de los mismos en materia de educación y cultura”.
En esta sentido dijo que el DIF municipal fue designado para administrar el inmueble porque entre sus funciones está el promover y prestar servicios de asistencia social, así como acciones de apoyo educativo, por ello la decisión del Cabildo de haber entregado desde entonces el inmueble en comodato al DIF municipal, situación que bien sabe el juez.
Destacó que la posición del juez de exigir que se entregue el inmueble, además de ser ilegal es antijurídico y muy injusto, porque no ha tomado en cuenta el beneficio cuando fue entregada a su posesión el edificio se encontraba en condiciones deplorables, agregó.
Dijo que el inmueble está funcionando perfectamente y bajo condiciones muy diferentes a las que se tenía, situación que el señor Carlos Hernández Aburto lo ha observado, pues entregaron voluntariamente el espacio al Tesorero, lo cual está notarialmente comprobado, y ha habido falsedades en muchas cosas, pues no hubo desalojo ni se ejerció violencia.
Agregó: “El Ayuntamiento en pleno, sesión de Cabildo decidió que para cumplir con la agenda 2030 en el lineamiento 4 que tiene que ver con la educación de calidad, y para apoyar está educación inclusiva y equitativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente y prevaleciendo en todo momento el interés de niñas, niños y adolescentes, también la autoridad tiene la obligación de establecer todas las acciones que sean necesarias para beneficio de los mismos en materia de educación y cultura”.
En esta sentido dijo que el DIF municipal fue designado para administrar el inmueble porque entre sus funciones está el promover y prestar servicios de asistencia social, así como acciones de apoyo educativo, por ello la decisión del Cabildo de haber entregado desde entonces el inmueble en comodato al DIF municipal, situación que bien sabe el juez.
Destacó que la posición del juez de exigir que se entregue el inmueble, además de ser ilegal es antijurídico y muy injusto, porque no ha tomado en cuenta el beneficio que se otorga a los sectores vulnerables de la ciudad y de los municipios de la región que han llegado a gozar del inmueble.
