No pensaríamos las razones por las que se van de casa. Porque lo cierto es que, tristemente, las causas van mucho más allá de lo podríamos —quisiéramos— imaginar. Niños que no rebasan los 16 o 17 años. Niños jugando al adulto. O más bien, niños forzados a convertirse en adultos. Niños que a los 12, 13 o diez años, se van de sus localidades para alcanzar, si no un sueño, sí un territorio que les permita desarrollarse en paz. La historia de todos ellos se torna aún más dolorosa, cuando sabemos que lamentablemente ése no es el desenlace que les espera. Niños en medio de condiciones para las que ni los adultos están listos.
Hace unos días escribimos aquí la historia de un menor que fue encontrado en Texas con un letrero en el pecho. De esas inconcebibles, pero que resulta ser una de tantas, de miles. El problema de los niños migrantes ha alcanzado ya una dimensión que la ubica como una emergencia humanitaria. ¿Quién debe hacerse responsable de ellos? Barack Obama expresó, también hace pocos días, que iba sólo a la Reforma Migratoria, pero aún no queda claro lo que ésta incluirá. Para Estados Unidos es fácil —como lo hace siempre— decir que México tiene más responsabilidad. Y es que no se habla sólo de niños de nuestro país, sino de otros tantos miles más que realizan un éxodo desde países como Guatemala, Honduras o El Salvador. Que deberíamos ser más duros con nuestra frontera sur. Y, tal vez tengan razón, pero lo cierto es que México es sólo un territorio de paso, no el destino. La Reforma Migratoria que ha estado atoradísima desde hace años en Estados Unidos, debería ser ya una realidad, porque involucra las varias condiciones migratorias —como ésta, la de los niños migrantes— que merecen atención rápida. Hace unos días, Obama solicitó un fondo de cerca de dos mil millones de dólares para que sean utilizados en medidas que ayuden a contrarrestar el número de niños migrantes que cruzan la frontera: acelerar el proceso de deportación, que ya no los dejé a expensas de procesos que incluso pueden llevar meses o años. Debemos reconocer también que fue gracias a este llamado que el tema se convirtió en noticia en nuestra región. Sin embargo, en nuestro país al menos van un par de años que se trabaja por una reforma en nuestras leyes, una que permita, de inicio, un mejor control de la numeralia respecto al tema.
Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores y quien ha tenido el tema en su agenda desde que inició la legislatura, me comentaba en entrevista que, para empezar, no se tienen datos concretos sobre el número de niños que entran a nuestras fronteras. Lo que se tiene son cifras de los casos que llegan ante la autoridad: los que son repatriados o los menores que quedan a la espera en un centro de detención.
Y es que, justo como lo dice la senadora: si no se tiene información suficiente sobre el problema, ¿cómo esperamos hacerle frente? Es necesario que se trabaje en ello para, desde ahí, dirigir todas las acciones que se están pidiendo en la iniciativa que desde hace tiempo, que no sólo desde que el tema se hizo visible gracias al llamado de Obama, envió la comisión que preside Cuevas: la posibilidad de visas de carácter humanitario, modificaciones a las leyes migratorias para garantizarle todos los derechos a niños (y adultos) mientras permanezcan en nuestro país.
Ahí mismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión —más de manera oportunista que oportuna— pidió a Estados Unidos que se tomen medidas para garantizar que los menores migrantes que lleguen a su país vean respetados sus derechos básicos. Pero, ¿qué haremos nosotros? Como territorio de paso nos corresponde también actuar, impedir que los menores tengan un triste final, que no sean reclutados por grupos criminales, que no sean abusados o explotados.
México impulsó, también gracias al trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y logró que se firmara un acuerdo de forma unánime que garantice protección de los derechos de los niños, en especial de los niños migrantes no acompañados. Lo hizo junto con 163 países más miembros de la Unión Interparlamentaria, pero no se ha comenzado a legislar al respecto. ¿Qué estamos esperando?
