De la Redacción
el buen tono
CÓRDOBA.- “Por ley, los servidores públicos de confianza deberán contar con cédula profesional para ostentar sus cargos en el Ayuntamiento”, señaló el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta, y es que la falta de una Ley de Servicio Profesional de Carrera en las entidades federativas ha permitido a las administraciones tener directores, tesoreros, contralores, secretarios y hasta alcaldes con sueldos de más de 60 mil pesos mensuales sin una formación de nivel superior que demuestre las capacidades para ejercer el cargo.
El litigante destacó que en el caso de los ediles como el presidente municipal y síndicos la ley solo requiere que sepan leer y escribir al ser éstos cargos de elección popular, “en cuanto a los servidores públicos el artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece para el caso del contralor, tesorero, secretario del Ayuntamiento, director de Obras Públicas y similares como el Jurídico y otras áreas que requieran contar con una profesión deberán tener cédula profesional, de lo contrario estarían inhabilitados para ser
servidores públicos”.
Y es que luego de haber postergado desde principios de año la información solicitada a la Unidad Municipal de Transparencia, sobre los certificados y/o constancias que avalaran el último grado de estudios de los regidores, así como el síndico y los respectivos jefes de área, hasta ahora se pudo conocer.
Derivado de esa información se obtuvo que la secretaria particular Aydee Pérez Cortés, el regidor primero Daniel Vásquez Hernández, el noveno Eduardo Edward Mondragón Hernández, el jefe de Atención Ciudadana, Gabriel Góngora Higinio, el coordinador de Patrimonio Municipal, Irving Efraín Domínguez Rico, el jefe de zona rural Juan Tress Zilli, la titular del instituto de la Juventud Sharon Grajales Jiménez, no presentaron su cédula profesional. La regidora segunda Isamar Balderas, egresada de la Licenciatura en Derecho por la UPAV, solo presentó su carta de pasantía. Es evidente que aunque en muchos de los casos aún esté permitida la meritocracia, así como la formación civil para los cargos de elección popular, definitivamente no es lo correcto pues conlleva a fomentar la corrupción en las administraciones y debe abolirse para retomar la confianza de la ciudadanía.
