Nahúm Bastian
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Locatarios del Mercado Tratados de Córdoba, mejor conocido como El Mercadito, impidieron que ex empleados de la pasada administración ocuparan algunos locales que han estado clausurados; representantes de los comerciantes aseguran que se opusieron debido a que los documentos únicamente fueron firmados por la ex titular del área de Comercio.
En entrevista, el líder de locatarios del zoco, Roberto Luna Ayala, señaló que tienen previsto reunirse con el presidente municipal Juan Martínez Flores, ya que urge resolver la situación de aquellos locales que han estado sellados, no obstante, explicaron que la anterior administración pretende beneficiar con su entrega a personas cercanas o familiares de quienes laboraron en el Ayuntamiento.
“No les permitimos que se asentaran porque a todas luces es una violación, además de quererles dar locales que son nuestros, la encargada de comercio en aquel entonces dio contratos pero firmados nada más por ella y eso resulta incongruente porque para que un contrato pueda ser válido ante una concesión debe estar firmado por alcalde y síndico y no es así, por eso queremos acercarnos con el alcalde”.
Sin revelar sus nombres, Luna Ayala, explicó que sí reconocieron al menos a tres personas que laboraban en la anterior administración pero no consideraron que el documento tuviera validez, “en su momento a esas personas se les citó en comercio y no sabemos qué pasó finalmente porque los lugares siguen sellados, pero nuestra postura es que si van a entregarlos respeten los 6 que nosotros tenemos en litigio; yo reconocí a uno que trabajaba en sindicatura; quisieron venir a abrir esos locales y decían que trabajaron en el Ayuntamiento, todos son familiares de ex empleados de la administración pasada”, aseveró.
Manifestó que el gobierno actual es quien tiene la última palabra sobre la entrega de dichas islas; sin embargo, dijo que sí pueden decidir sobre los suyos, “ya en su momento revisaremos lo que les conviene a nuestros compañeros, la situación aquí es bastante difícil y lo que queremos es que esos locales se les entreguen a gente que en verdad vaya a trabajarlos y no a personas que se quieran beneficiar de la situación nada más porque ya los dieron un local”.
Otra de las inconformidades durante la pasada administración fueron los cobros excesivos y fuera de la ley, pues luego de 4 años sin presentarse ante los vendedores, en el mes de octubre del año pasado llegaron para solicitar el pago de cuotas anuales que los vendedores no podían solventar debido a las bajas ventas derivadas de la pandemia por Covid-19, las cuales se desplomaron hasta en un 60 por ciento.
Y es que en la fecha citada líneas arriba, los locatarios encararon a personal de Comercio y Tesorería luego de que solicitaran montos que iban desde los 17 a los 33 mil pesos sin haberles notificado con antelación. Luna Ayala, dio a conocer que su cuota por año es de 3 mil pesos y pese a ello, el municipio pretendía cobrarles más justificándolo con el metraje de los locales luego de la remodelación del zoco. El grupo de locatarios desconoció al ex director de atención ciudadana Juan José Vallejo, tachándolo de “aviador” y lo cuestionarion sobre el motivo de su presencia.
Por otra parte, los vendedores no han podido reponerse de la pandemia, esto, aunado a la poca difusión por parte de las autoridades ha mermado sus ganancias. “Desde que empezó la pandemia aumentó el cierre de locales, yo creo que hace falta más publicidad para el lugar porque nadie se acerca, no consumen, ven todos los puestos que están frente al bulevar y piensan que también están cerrados”, dijo en entrevista el locatario, Ramiro Miranda, conocido carpintero y vendedor de libros.
