El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas fue motivo de muchos análisis y estudios, no tan sólo a nivel nacional, sino más allá de nuestras fronteras.
A 20 años de distancia y después del retiro —o semiretiro— de Marcos, puede hacerse un balance más objetivo de lo acontecido localmente y sus repercusiones a nivel nacional.
Desde el 1 de enero de 1994, Chiapas entró en una grave descomposición política y social, reflejo evidente es el número de gobernadores. Las condiciones de gobernabilidad se deterioraron y la alternancia en el Poder Ejecutivo de distintos partidos no ha significado ni una mejor gobernanza ni un avance en la cultura política para consolidar la democracia.
La historia chiapaneca es reflejo de la lucha por la tierra. En el periodo revolucionario se dio una contrarrevolución en defensa de las propiedades agrarias. El reparto en realidad se dio hasta el gobierno de Luis Echeverría, con serias confrontaciones y discordias ante las constantes invasiones. El movimiento zapatista de nuevo avivó la demanda de tierra cuando ya estaba empezando a operar la reforma de 1992 que terminaba con el reparto. La mitad del territorio de Chiapas corresponde a la mal llamada propiedad social en condiciones muy precarias de producción.
El movimiento zapatista obligó al Estado mexicano a rediseñar su política social. Sin embargo, la pobreza en la zona se ha agudizado. Marcos declaró: “En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida”.
Esto no corresponde a la realidad. Hay testimonios, como el ofrecido por don Luis H. Álvarez, de la resistencia zapatista a importantes obras de infraestructura y el rechazo a diversos programas de política social. En el pasado sexenio se construyeron las ostentosamente llamadas “ciudades rurales sustentables”, un auténtico fracaso y una evidencia más del brutal derroche de recursos.
En síntesis, además del lamentable número de muertos, el movimiento trajo pocas consecuencias positivas, como el aumento de turistas, ante la promoción mundial generada por el movimiento zapatista.
A nivel nacional —en su tiempo lo señalaron Octavio Paz y Arturo Warman— el movimiento no supo capitalizar la enorme oportunidad política para un diseño integral de reforma hacia los marginados y etnias de todo el país. Este último precisó tres conceptos indispensables para una buena política social: desigualdad, injusticia y marginación, y afirmaba: “Chiapas requiere transformaciones, no reacomodos ni repartos de lo que hay, que es insuficiente”.
Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y las modificaciones constitucionales no se alcanzaron en plenitud, debido a la actitud un tanto caprichosa de algunos líderes zapatistas, aferrados a la incorporación en la Constitución de ciertos términos que, desde mi punto de vista, eran irrelevantes y que causaron el rompimiento de las pláticas.
El movimiento sí fue una sacudida de conciencias que impulsó reformas políticas y provocó la actualización de la política indigenista en la agenda nacional.
Se podrá criticar a Vicente Fox por no resolver en 15 minutos el conflicto. Pero lo cierto es que el haber permitido la marcha zapatista por 12 estados y el arribo al Distrito Federal —decisión en su tiempo muy difícil de asumir—, provocó que en los dos sexenios panistas hubiera paz en la zona de conflicto, situación que continúa a la fecha.
En resumen, el precio a pagar fue demasiado costoso para los magros resultados benéficos para Chiapas y para México. Lo anterior confirma la muy conocida lección histórica: la violencia no es solución a las graves carencias de los pueblos.
