LA RESISTENCIA
Sucedió una madrugada de hace diez años. El quehacer de la redacción en El Buen Tono fue interrumpido los primeros minutos del 6 de noviembre del 2011 por un grupo de sicarios que amagaron a los trabajadores, los obligaron a replegarse e incendiaron las instalaciones del periódico. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. Se trató de un ataque no a una inversión privada sino a un proyecto social. Tal era el objetivo: callar la tribuna periodística.
El Buen Tono estaba recién nacido. Apenas aquel día cumplía un mes de haber comenzado a circular en la zona centro y el cálculo de los facinerosos era cerrarlo por la fuerza en su alborada. Lo lograron aunque solamente por unos días. “Me quemaron el edificio, pero no las ganas”, fue el mensaje que el empresario José Abella, impulsor del proyecto, emitió tras el incendio provocado y que marcó la ruta a seguir, la resistencia.
Y así fue. Una semana después, el 11 de noviembre, el diario volvió a editarse algo que no fue fácil no solo por la falta del equipo técnico que dañaron sino por el perjuicio intangible que es el miedo en el personal. Hubo pavor, por su puesto. Algunos abandonaron el proyecto, una decisión muy suya que nadie puede criticar porque eran tiempos de plomo contra la actividad informativa.
Los que se quedaron lo hicieron con el temor muy legítimo y papable de estar bajo la diana de los que se sentían -y todavía se sienten- agraviados por el trabajo periodístico. A base de temor aguantado -ojo, que no cobardía- El Buen Tono se levantó de sus cenizas y volvió a recorrer las calles y llegar a las manos de los lectores. Resistencia, valentía y terquedad fue la fórmula para la resiliencia que es la capacidad de reponerse a lo traumático.
Eso por el lado reporteril, mismo que fue levantado y dignificado. De la parte judicial todo está pendiente. Ha transcurrido una década sin justicia, sin castigo para los autores materiales y los intelectuales. Han pasado cuatro gobernadores -Javier Duarte, Flavino Ríos, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García– y cuatro procuradores –Amadeo Flores, Luis Ángel Bravo, Jorge Winckler y Verónica Hernández– y el atentado sigue sin esclarecerse oficialmente y mucho menos sin castigarse.
Más se ha investigado desde la parte de los agraviados para dar con los responsables que desde la autoridad. El Buen Tono rescató los videos de vigilancia de aquella noche los cuales la Fiscalía negó en un principio y después ocultó. Las cintas fueron entregadas a los investigadores, pero nada ocurrió pese a las evidencias. Más tarde, desde otras tribunas periodísticas se aportó información sobre la autoría intelectual.
El 5 de noviembre del 2012, un año después del atentado, el portal informativo Blogexpediente que dirige el maestro Luis Velázquez hizo pública la declaración de Ignacio Valdez Ramírez, apodado “El Chilango” ante el Ministerio Público Federal en la que da ‘santo y seña’ sobre el atentado contra el periódico ordenado por Reynaldo Bernardi Castelán.
“Otra persona que tiene relación con Los Zetas es el señor Reynaldo Bernardi Castelán, padre de Reynaldo Bernardi Mánica, alías ‘El Reynols’. Este señor nos ordenó a mí, junto con los sicarios de Los Zetas, ‘El Pinocho’, ‘El Poca Luz’ y ‘El Pájaro’, quemáramos el diario El Buen Tono, de Córdoba, Veracruz, propiedad de José Abella. Nos dijo que si con eso no entendía que le diéramos piso, es decir, que lo matáramos”, fue el testimonio del sicario.
En resumen, los autores materiales e intelectuales están identificados desde hace nueve años. Algunos de los 18 sicarios que hicieron el trabajo mecánico ya fallecieron, los mataron en refriegas entre mafiosos, pero muchos otros ahí siguen impunes. Lo mismo con los que dieron la orden, nadie los ha tocado a pesar de que la Fiscalía General tiene los elementos suficientes para ordenar su detención y llevarlos a los tribunales.
No se ha hecho porque no se ha querido, no por falta de pruebas, lo que refuerza lo que siempre se supo: el objetivo del ataque no era frenar una inversión empresarial, tampoco quemar un edificio ni escarmentar a un particular sino destruir un espacio de expresión y tratar de callar la verdad. No pudieron ni con amenazas ni con llamas. No han podido porque desde acá hay una resistencia puntual. Ya pasaron diez años y aquí sigue El Buen Tono, informando la incómoda y terca verdad. Se quedaron con las ganas…
SEPTENA IMPRESENTABLE
Hoy se instala la sexagésima sexta legislatura del estado. Aunque los veracruzanos ya se sacudieron a los zánganos que se van, tampoco pueden echar las campañas al vuelo porque además de que hay doce que se reeligieron -ya se dio cuenta de varios de ellos en la columna anterior- a pesar de que son analfabetas funcionales y holgazanes contumaces en la nueva camada de parlamentarios hay sendos impresentables que no auguran nada
bueno.
Para empezar hay siete -cuatro hombres y tres mujeres- que son unas verdaderas fichas del pasado, arrastran señalamientos de corrupción, están ligados a exgobernadores ladrones y algunos hasta estarían imposibilitados legal y éticamente para ostentar una representación popular. Uno de ellos es Bonifacio Castillo Cruz, exalcalde de Papantla de 1997 a 1999 cuando era perredista y que ahora llega a la curul por Morena. Este señor en su momento señalado de saquear la tesorería totonaca hasta el hartazgo.
El 7 de noviembre del 2003, Castillo fue detenido por los delitos de peculado, falsificación de documentos oficiales e incumplimiento de un deber legal cometidos durante su administración municipal. Un año antes, en el 2002, cuando era diputado federal, la entonces Procuraduría General de Justicia que encabezaba Pericles Namorado había solicitado en San Lázaro el juicio de procedencia para desaforarlo, pero fue protegido por sus pares y se le aprehendió hasta que concluyó el periodo legislativo. Estuvo preso diez meses, fue liberado en septiembre del 2004 tras pagar una fianza.
Motejado por los lugareños como “Burrofacio”, el exedil también ha sido acusado de despojar a campesinos de terrenos en zonas de plusvalía turística del norte del estado. Apenas en mayo pasado, durante la campaña electoral, Castillo fue exhibido al filtrarse el audio de una llamada telefónica en el que confiesa que el exgobernador Miguel Alemán le “regaló” un hotel en la zona del Totonacapan como cohecho cuando era alcalde de oposición.
Por su parte, Lidia Mezhua Campos, exalcaldesa de Zongolica y hermana del todavía edil, Juan Carlos Mezhua, fue la cabeza de la saga familiar que convirtió el ayuntamiento en un patrimonio familiar y lo saqueó cuanto pudo. Ella será diputada plurinominal por el PRD, partido que sigue beneficiando a la familia Mezhua pese a que el actual munícipe ya lo botó y anunció que creará su propio instituto porque el Sol Azteca ya no le llena -los bolsillos, claro-.
La señora Mezhua fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de irregularidades en fondos para obra pública y programas sociales. Y, ¿se acuerdan quién era el tesorero durante su gestión? Su esposo, Raúl Macuixtle nombrado a pesar del evidente nepotismo y con quien hizo la mancuerna perfecta para el
latrocinio.
Otro exalcalde muy cuestionado por sus enjuagues con el tesoro municipal es el priista Paul Martínez Marie de Perote y que fue elegido por el distrito con la misma cabecera. En su tiempo fue muy cercano al duartismo y señalado por el desfalco de 40 millones de pesos en perjuicio de 37 obras que recibieron recursos federales. Además, en la nómina municipal tenía de todo, desde su chofer y guaruras de su familia hasta parejas extramatrimoniales.
Por el distrito de Coatzacoalcos I será diputada la exregidora de aquel ayuntamiento, Eusebia Cortés Pérez, una señora soez y muy corrupta, ligada a todo a todo lo peor en el sur del estado como invasiones de tierras, tráfico de tumbas en el cementerio municipal y negocios con concesiones de taxis.
Ella es operadora en los caños de la política -esos donde se escupe y se palea el lodo– de la zacatecana Rocío Nahle, actual secretaria de Energía y aspirante a la candidatura por la gubernatura en el 2024, según la radiografía que hizo recientemente el bien informado columnista sureño, Mussio Cárdenas.
Sin duda que “Doña Cheva” encabezará el famoso “Bronx” en el Congreso local, es decir los rudos que son capaces de repartir sombrerazos y trompadas a quienes cuestionen iniciativas o pronunciamientos del partido dominante ¿Se acuerdan de la orizabeña Elvia Ruiz Cesáreo que ocupó la curul en la 61 Legislatura y a la que apodaban “La Tamalera”? Pues así “Doña Cheva”.
Por Huatusco será nuevamente diputado el perredista Hugo González Saavedra, hermano del actual alcalde de Coscomatepec, Serafín González, una calamidad para los sanjuaneros. Conocidos como los “Hermanos Macana”, los González Saavedra le han hincado la uña al patrimonio de Coscomatepec sin pudor y sin medida.
EL HUEVO Y LA REINA
Y el que todavía no toma posesión y ya es noticia negativa por la mala fama que lo precede es el exprisita y hoy morenista, Fernando Arteaga Aponte, exfuncionario duartista y fidelista que será legislador por el distrito de Boca del Río. Apodado “El Huevo”, el tipo fue inhabilitado por nueve años por la Contraloría General del Estado en el 2019 por asuntos de corrupción cuando se desempeñó como director Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV).
Algunos opinan que por eso no debería tomar posesión en el cargo parlamentario. “El Huevo” Arteaga no solo saqueó la dependencia sino que con la misma se hizo de dos plazas sindicalizadas para sí mismo y otras para sus familiares. Además, tenía a la esposa, sus dos hijos, su sobrino. Esto sin contar la adquisición de casas, ranchos y departamentos en varias ciudades del estado así como locales en plazas comerciales del Puerto de Veracruz y Boca del Río. Todo inexplicable dado su salario de burócrata de medio pelo. Ese emblema de la corrupción ahora será diputado por la “cuarta transformación”.
La septena de impresentables en el nuevo Congreso local la corona la exreina del Carnaval de Veracruz, Guadalupe Ingram Vallines, cercanísima al exgobernador Javier Duarte y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tremendos corruptazos. Duarte la hizo diputada local y presidenta de la 63 Legislatura, del 2013 al 2016, donde fue famosa por las pifias legales que le señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuyos ministros llegaron a multarla pecuniariamente por no saber ni siquiera redactar ni ordenar los documentos que les transfería al Poder Judicial de la Federación.
Aquella legislatura que presidió Ingram Vallines fue la más orejona hasta que la desplazó en ese ranking la que concluyó ayer jueves pues sus integrantes resultaron más burros. Por si fuera poco, Ingram Vallines cuando se desempeñó como delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del 2015 al 2018, fue señalada de operar estancias infantiles ‘fantasmas’ para expoliar el presupuesto federal junto con parientes y comadres. Es decir, simulaban tener guarderías para cobrar los dineros públicos sin que tuvieran niños bajo su cuidado. Así los siete y esos son apenas los primeros con la ‘cola ratuna’ más visible.
