AGENCIA
CDMX.- Su tono de voz denota desencanto: “Cuando nos avisaron que el gobierno depositaría dinero para la escuela, los representantes del Bienestar dijeron que se necesitaba de urgencia una cotización de las obras a realizar; así, de un día para otro. Supimos después cuál era su interés: beneficiar a supuestos asesores a quienes debimos entregar un gran porcentaje del recurso. Eran familiares, amigos o personas con las que ya habían hecho trato”, cuenta doña Patricia, integrante de uno de los comités de La Escuela es Nuestra (LEEN) en Puebla (municipio de Venustiano Carranza).
Alteración de comprobantes, desvío de recursos, procesos amañados para adquisición de materiales e insumos, sobreprecios, subejercicio y violación a lineamientos de operación están entre las irregularidades de este programa emblemático de la 4T, más aún en la coyuntura del deterioro de instalaciones durante la pandemia y el controvertido regreso a clases.
Aunque la mayoría de las voces consultadas coinciden en sus bondades en un país de permanente olvido a la infraestructura escolar, la iniciativa también encierra abusos, malversación y descontrol por parte de las autoridades centrales.
En juego está el manejo de casi 20 mil millones de pesos destinados en 2020 y 2021 al programa, el cual tendrá un aumento del 11 por ciento para 2022, al destinársele casi 14 mil millones de pesos, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin generalizar, Crónica encontró historias sobre anomalías en diversos estados del país como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nuevo León, algunas de las cuales ya han sido denunciadas por la vía penal y administrativa, ante la Secretaría de la Función Pública e instituciones involucradas.
“Aquí, abusaron de la gente más pobre del estado”, cuenta Fernando Terán, quien ha dado seguimiento a los casos en el municipio de Xichú, uno de los de mayor marginación en territorio guanajuatense, y el cual carece hasta de servicios básicos como agua, drenaje y electrificación.
“A nivel región noreste se dio un gran fraude: en 42 escuelas los comités de padres de familia fueron obligados a entregar el dinero a los funcionarios del Bienestar, estuvieron metidos tanto Servidores de la Nación como delegados, subdelegados y coordinadores: les quitaron los 150 mil pesos correspondientes a cada plantel para hacer obras de 20 o 30 mil pesos”.
-¿Cómo operaron? -se le pregunta.
-La subdelegada regional Arisbeth García Monjarás vino a decir a los padres que, por el COVID-19, el presidente López Obrador había ordenado que se hicieran sólo techos o bardas perimetrales. Pero en realidad ya tenían armado el negocio con contratistas. Fue tan descarado, que la funcionaria debió salir, aunque ha seguido operando para Morena.
-¿Y denunciaron?
-Sí hubo denuncias penales, pero no pasó nada con las investigaciones. Otros prefirieron callar, porque se les amenazó: ´si hacen o dicen algo, se van a retirar todos los programas sociales de las comunidades, incluso el de los adultos mayores´. Muchos tuvieron miedo. Cuando el presidente vino al estado, el superdelegado Mauricio Hernández le tapó todo. Algunos de los corruptos se convirtieron después en candidatos a puestos de elección popular.
En uno de los escritos presentados ante el MP, se lee: “Se utilizó a madres de familia, con intimidación y engaños, al mencionar que si no se realizaba la entrega del dinero al contratista, ya no habría apoyo en lo sucesivo, cuando en los mecanismos de operación nunca se menciona que deba entregárseles, sino que debe ser administrado por los padres”.
De acuerdo con los Lineamientos operativos publicados en el Diario Oficial de la Federación, La Escuela es Nuestra tiene como objetivo “el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de planteles públicos de educación básica, empezando por los ubicados en zonas de muy alta y alta marginación, y localidades de población indígena, mediante subsidio económico directo a comunidades, a través de la instalación de Comités Escolares (CEAP) electos en asambleas”.
El dinero asignado, con una periodicidad anual, depende de la matrícula del plantel: 150 mil pesos cuando el rango de alumnos va de 1 a 50; 200 mil cuando es de 51 a 100 y 500 mil cuando es mayor a 151.
Si comunidades así lo determinan, dos o más planteles de localidades vecinas pueden unirse para formar un Centro Integral de Aprendizaje Comunitario (CIAC). Cada uno recibirá en automático medio millón de pesos y los montos podrán sumarse para la construcción conjunta del inmueble.
En teoría, la unidad responsable del programa es la SEP y, de manera específica, la Subsecretaría de Educación Básica (cuyo titular es Marcos Bucio Mújica), la cual debe entregar la lista de planteles candidatos a la Secretaría del Bienestar, encargada de realizar la clasificación de escuelas por tipo y nivel socioeconómico prioritario.
Sin embargo, su ejecución es supervisada de manera directa por la Presidencia de la República, vía la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, cuyo titular a partir de junio -en sustitución de Gabriel García Hernández- es Carlos Torres Rosas, exsecretario técnico del Ejecutivo.
De forma sorpresiva, el pasado 11 de junio, en una gira por el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a una joven arquitecta: Pamela López Ruiz, como la directora general del LEEN. Ella había llegado apenas seis meses antes a Palacio Nacional como integrante de la Ayudantía de Presidencia, y su encomienda era auxiliar a AMLO.
“La instrucción es atender a los más necesitados, de manera directa y sin clientelismos, fortaleciendo transparencia en recursos del pueblo”, dijo el 6 de agosto, en su primera aparición pública.
Según Delfina Gómez, titular de la SEP, de 2020 a la fecha se han beneficiado cerca de 57 mil escuelas, pero a la par han brotado los abusos…
“El modo de operación detectado fue la coacción para contratar a determinado constructor, para que haga la escuela o la barda, o venda el material educativo, y entonces ese proveedor se pone de acuerdo con los funcionarios para la mochada”, relata a este diario Jorge Luis Fuentes, ex delegado regional en Puebla.
“El problema es que quienes hacen entrega de tarjetas son los mismos Servidores de la Nación que ejecutan las asambleas donde se forman los comités: son funcionarios en situación muy precaria, con un salario muy bajo e incluso deben pagar sus propios gastos para trabajar, eso provoca que, en algunos casos, busquen colocar a constructores que se acercan como si fueran moscas. La gente les hace caso, porque piensan que es obligatorio”.
Fuentes reportó lo sucedido por escrito al entonces superdelegado Rodrigo Abdalá, pariente de Manuel Bartlett, y dio acompañamiento jurídico a algunas madres en su denuncia ante el MP.
-¿Sólo estuvieron involucrados Servidores de la Nación Involucrados? En otros estados el hilo llegó a funcionarios de mayor nivel.
-Sí, pero efectivamente tuve conocimiento de acusaciones en otros lugares donde se elevó el nivel y llegó a delegados regionales y estatales. Son más de 20 mil Servidores y más de 200 delegados regados por todo el país. Y hay de todo…
RECURSOS DE LA ESCUELA ES NUESTRA
2020: 7,280,250,000
2021: 12,280,250,000
2022: 13,840,000,000 (aumento del 11 por ciento).
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con información de Cronica.com.mx
