De la Redacción
el buen tono
XALAPA.- En las altas esferas de la política mexicana y de Veracruz ya se habla de la posible remoción del secretario de Gobierno veracruzano, Eric Cisneros Burgos, y con él se irá la ‘última cobija’ que tiene la alcaldesa de Córdoba.
Y es que se sabe que la salida del consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra habría dejado en el descobijo muchas operaciones que desde la Fiscalía General de la República habrían sido atajadas por el poderoso funcionario veracruzano.
El miércoles, el periodista Raymundo Riva Palacios en su columna ‘Estrictamente personal’ publicada en el periódico El Financiero, ahondó en esa entramada red, que el mismo consejero jurídico habría construido para detener la acción de la justicia, contra determinados asuntos de su interés y para proteger a ciertos personajes.
Entre esos asuntos se cuenta una serie de investigaciones sobre cientos de funcionarios estatales, emanados de la 4T, quienes desde posiciones habrían venido haciendo los negocios de sus vidas.
Mientras el asesor jurídico de AMLO protegía esos intereses, denuncias hechas por diputados locales y federales, así como alcaldes de Veracruz habrían estado durmiendo un extraño sueño, pero todo esto salió de nuevo a la luz, tras la salida del citado personaje.
Esas denuncias hablarían de una enramada red de corrupción propiciada por el segundo a bordo del gobierno del Estado, quien ha sido señalado de serios actos de corrupción pero que fueron minimizados.
Todo esto, pero sin tomar en cuenta que por instrucciones del mismo Presidente de la República, toda denuncia de corrupción contra funcionarios estatales debía ser investigada desde el pleno Federal, y eso fue con lo que no contó el oriundo de Otatitlán.
Una de las denuncias fue interpuesta por el diputado local de Medellín, Magdaleno Rosales Torres, quien hace dos años acusó que habría desviado recursos públicos, para comprar casas y terrenos en Baja California Norte, tal como lo ha publicado El Buen Tono.
Señalado por Riva Palacios atrajo las denuncias de alcaldes, quienes en su momento acusaron también que el Secretario de Gobierno los obligó a firmar recibos por el 100% de sus recursos, pero solo les dio el 50 por ciento.
El asunto toma tintes de alta prioridad, pues de comprobarse tan solo uno de los múltiples señalamientos contra Cisneros, habremos de ver la caída de esa red de corrupción que llevará a más de uno tras las rejas, incluyendo autoridades municipales que hoy gozan de la impunidad, gracias a los acuerdos hechos con el Secretario de Gobierno.
