DOS MESES DE IMPUNIDAD
Ayer se cumplieron dos meses de la ejecución extrajudicial de los niños Eduardo y Jonathan en la comunidad La Patrona, de Amatlán de los Reyes, y a pesar de los reclamos de justicia hechos por familiares, vecinos y organizaciones civiles, nada ha hecho la Fiscalía General para llevar a juicio a los policías estatales responsables, aun cuando fue un asesinato demasiado burdo y avista de todos.
Los agentes de la llamada Fuerza Civil ingresaron violentamente al domicilio de uno de los tíos, mataron a los dos pequeños y manipularon los cadáveres para simular un escenario diferente que justificara el crimen. El gobierno estatal difundió la versión falsa de que los niños fueron ‘víctimas colaterales’ al quedar en medio del fuego cruzado durante la persecución de un grupo delictivo, algo que nunca sucedió.
Las Patronas, la prestigiada organización de mujeres altruistas que ayudan a los migrantes que van de paso, emitieron una denuncia pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernante estatal, Cuitláhuac García, acusando que fue una ejecución extrajudicial, además de que la policía estatal ingresó al poblado para allanar domicilios sin órdenes judiciales y ejerciendo violencia contra los lugareños.
“No hubo tal persecución ni enfrentamiento con ningún grupo delictivo, también nos manifestamos ante la omisión y ausencia de todos los niveles de gobiernos. Exigimos una respuesta seria y congruente de parte de las autoridades y principalmente justicia para Jonathan y Eduardo. No queremos más inseguridad, queremos que nos regresen la paz a nuestras comunidades y una investigación pronta y expedita”, exigieron Las Patronas. Pero nunca hubo respuesta y todo sigue en el limbo.
La fiscal Verónica Hernández inició una investigación por la presión mediática pero ésta se encuentra archivada. Ni un solo policía ha sido llamado a declarar y todo el aparato judicial está alineado para darles impunidad. Tanto es el afán para protegerlos que el propio neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública, acaba de declarar que no hay ningún expediente de investigación sobre sus policías ni mucho menos recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el caso de Amatlán de los Reyes.
Aseguró que las recomendaciones giradas por el ombudsman local son por “casos del pasado”. De ese tamaño es el descaro del tipo que presume sin pudor la impunidad para sus agentes. Y, efectivamente, la titular de la CEDH, la duartista Namiko Matzumoto se ha negado a documentar el caso de Eduardo y Jonathan al igual que la fiscala Hernández Giadáns. Es una complicidad en cadena para encubrir el crimen de lesa humanidad.
SILENCIO ELOCUENTE
Hablando de la Fiscalía General, ésta igualmente se ha mantenido silenciosa ante los asesinatos de Grodetz Ríos Andrade y José Escamilla Aguilera, quienes eran cercanos al alcalde electo de Córdoba, Juan Martínez Flores, y que formarían parte de su equipo en el ayuntamiento, el primero ocuparía una dirección y el segundo sería regidor. También están callados todos en el organigrama estatal, incluido el gobernante García Jiménez tan asiduo a prometer justicia cuando ocurren asesinatos de políticos.
Tuvo que pasar una semana del primer asesinato, el de Ríos Andrade, para que a duras penas y a insistencia de los reporteros el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros afirmara escuetamente: “vamos a dar con los responsables como en todos los casos (sic)”. Obvio eso mueve a la risa, pero también a la duda pues Cisneros agregó que no sucederá “como en el pasado cuando se buscaba una persona y se generaban culpables (otro sic)”. Al parecer el subconsciente lo traicionó porque habla de ‘chivos expiatorios’ y ‘fabricación de culpables’ cuando la pregunta iba en otro sentido.
El funcionario anticipa lo que harán en los casos de Ríos Andrade y Escamilla Aguilera. No dijo más, solo pidió “no especular”, lo que también es indicativo. ¿Por qué el silencio oficial y la reticencia para tocar el tema? Los observadores y bien enterados afirman que es para no ‘batir’ más el mensaje del crimen organizado sobre la próxima administración municipal de Córdoba y también porque el alcalde electo, Martínez Flores no es del agrado ni del gobernante García Jiménez ni de la corriente morenista que representa.
Es más, es conocido su enfrentamiento con el favorito de palacio, el titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar y el distanciamiento con el delegado partidista que respalda el cuitlahuismo, Esteban Ramírez Zepeta. Por eso el gobierno estatal ha dejado solo a Martínez Flores tanto en la investigación judicial por ambos crímenes como en la protección ante el embate de la delincuencia organizada a su próximo gobierno. Vaya, la tirria que le tienen llega a tal grado que ni siquiera el pésame le dieron. El silencio gubernamental es elocuente.
LOS OTROS DATOS
Más allá de la grandilocuente perorata del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en los 55 minutos que ocupó para hablar de su tercer año de gobierno, los números -que son fríos y a veces hasta cortantes- también hablan por si solos de la “cuarta transformación”: 260 mil muertos por la Covid-19, según la autoridad que es casi la mitad de los 493 mil 660 que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en base a las actas de defunción.
Mil 700 niños fallecidos por cáncer que pudieron salvarse, pero a los que les negaron los medicamentos para sus terapias. Poco más de 90 mil muertos por la violencia generada por el crimen organizado, cifra que rebasa los 60 mil muertos en el sexenio del panista Felipe Calderón y que está a punto de alcanzar a los 120 mil del priista Enrique Peña Nieto, y eso que apenas ha transcurrido la mitad del actual sexenio.
De los trece capos de la droga más poderosos en México, los principales responsables de la violencia que asola al país, solo uno ha sido detenido, sucedió en agosto del año pasado. Se trata de José Antonio Yépez, apodado “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización mediana y regional que opera en estados del Bajío, pero ninguno de los grandes barones del crimen ha sido molestado.
Del 2019 al primer semestre de este 2021 se han registrado 2 mil 471 feminicidios, es decir por día han asesinado a 10 mujeres durante el régimen marrón. Por cierto, en este delito Veracruz sigue imbatible turnándose por meses el primero o segundo lugar. Respecto al rezago económico, hay 3.8 millones de nuevos pobres hasta el 2020 -falta contabilizar este año. Así, los miserables pasaron de 51.9 a 55.7 millones en estos 31 meses de la administración de López Obrador de acuerdo al reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Convenal).
Lo anterior va ligado al tema de las remesas que envían los mexicanos radicados en el extranjero, mismo que el presidente presumió como un logro al decir que hasta julio pasado el dinero enviado desde el exterior sumaba 4 mil 540 millones de dólares. Es cierto, las remesas han salvado a miles de familias, sobre todo durante estos tiempos de pandemia, pero que el gobierno presuma tal cosa en un despropósito por doble vertiente. Una, porque significa el fracaso gubernamental para generar empleo y condiciones de progreso localmente y evitar que la gente tenga que emigrar a fin de sobrevivir.
La segunda es que el presidente adorne su discurso del tercer informe con la hazaña de los que huyen de la pobreza y la violencia en México mientras manda a matraquear, detener y deportar a miles de migrantes centroamericanos y caribeños que ingresan al país, impidiendo con ello que puedan ayudar a sobrevivir a sus familias que se quedan en sus naciones de origen. Entonces, tal presunción a costa de los migrantes se pueden entender como incongruencia, aunque muchos digan que la palabra adecuada es desvergüenza.
Esos son los ‘otros datos’ -apenas unos cuantos, los más escandalosos y perniciosos- de los tres años del gobierno lopezobradorista. Cifras duras, dolorosas, que no se pueden ocultar, y sintetizan la primera mitad del régimen que prometió el cambio: más pobres, más migrantes, más enfermos y más muertos. ¿Cuál transformación?
¿MARTINAZO EN LA UV?
Hay que decirlo con todas su letras: la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) eligió al menos peor como rector para el periodo 2021-2025, el sociólogo Martín Gerardo Aguilar Sánchez. De entrada, hay que ese cuerpo colegiado frenó a personajes cuestionados, baldados curricularmente y financiados sin pudor por los grupos de poder. Imagínense que hubieran llegado a la rectoría el priista acomodaticio Héctor Coronel o Jorge Manzo impulsado por el llamado “Cártel de las Lomas” que lideran los oscuros exrectores Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez.
Ahora, hay que esperar que Aguilar Sánchez cumpla con lo que propuso en su plan de trabajo. Si logra concretar al menos el 50 por ciento de lo que propone con eso bastaría para rescatar a la casa de estudios que con Sara Ladrón de Guevara ha tenido uno de los periodos más mediocres en términos académicos. No se le cuestiona a Ladrón de Guevara el frente que hizo por la universidad durante el duartismo, pero la calidad académica -ya no se diga la excelencia que es palabra mayor- ha decaído en sus ocho años de rectorado.
También llama la atención que apenas fue designado, a Aguilar Sánchez le salieron padrinazgos por doquiera y sus enemigos gratuitos y enviados le tejen historias sobre conspiraciones y complicidades con personajes del ámbito político local, alegando que su nombramieno fue un ‘martinazo’, en referencia burlona al sobrenombre de Martín López Obrador, el hermano del presidente. Sin embargo, la militancia de izquierda, aunque sea de la anquilosada comunista-estalinista, nunca ha estado peleada con la academia. Al contrario, históricamente las universidades son semilleros del pensamiento izquierdista.
Que el nuevo rector sea militante de izquierda tampoco significa que automáticamente esté ligado, sea cómplice o que será manipulado por el gobierno morenista, tanto local como federal, pues -como ya se ha dicho- los que están en los cargos de poder comenzando por López Obrador y Cuitláhuac García no son de izquierda ni progresistas ni mucho menos intelectuales.
En estos tiempos aciagos que se viven en Veracruz, la educación y el pensamiento son bálsamos que ayudan a sortear las crisis y a sobrevivir a los zopencos que ocupan cargos públicos. Eso se espera de la Universidad Veracruzana y de Aguilar Sánchez, que hagan honor al lema de la casa de estudios, “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”.
