EL CUARTO PERIODISTA
En el Veracruz de plomo otro periodista fue asesinado. Ayer fue atacado a balazos Jacinto Romero Flores, reportero de la zona centro. Su asesinato tiene el sello del sicariato, es decir, de un atentado bajo pedido y se cometió en Ixtaczoquitlán, el municipio que está convertido en uno de los principales reinados del crimen organizado de todo el estado. Allí, en Ixtaczoquitlán, los delincuentes imperan y hacen lo que quieren:
Pusieron un cementerio clandestino en la comunidad de Campo Grande donde hasta el momento se han extraído los restos del 38 personas -todas asesinadas y sepultadas en el actual sexenio- y eso que apenas se ha excavado el 40 por ciento del paraje, hay ‘casas de seguridad’ o ‘picaderos’ donde retienen a secuestrados y futuros ‘ejecutados’ y además es el epicentro de desapariciones forzadas cometidas por la misma policía.
No hay que olvidar que siguen de desaparecidos siete comerciantes que el 30 de octubre del 2019 fueron detenidos por la policía municipal. Eso sin contar con las balaceras, secuestros exprés, ‘cobros de piso’ y asesinatos intermitentes que se convirtieron en lo cotidiano para sus habitantes. En ese contexto de violencia extrema y señorío de la delincuencia organizada mataron a Romero Flores.
Es el cuarto periodista asesinado bajo el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez. En unos días, el 9 de septiembre, se cumplirá un año de que el reportero Julio Valdivia fue privado de la vida. Meses antes, el 30 de marzo, la periodista papanteca María Elena Ferral también fue asesinada a balazos. Y el pasado 2 de agosto se cumplieron dos años de que, igualmente, fue atacado a tiros el reportero Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Actopan.
Todos los colegas cayeron bajo las balas de sicarios. Los cuatro había recibido amenazas de actores públicos -alcaldes, diputados, caciques- y en ninguno de esos homicidios ha habido justicia. Al contrario, hay casos que fueron manoseados groseramente como el de María Elena Ferral en el cual recurrieron a ‘chivos expiatorios’ para simular que fue resuelto.
También se le instrumentalizó para atacar políticamente al alcalde panista de Actopan, Paulino Domínguez, a quien señalaron de haber amenazado a Ruiz Vázquez, aunque nunca le fincaron responsabilidad por eso y si bien al edil lo desaforaron el año pasado fue por un asunto de daño patrimonial. Es más, el tipo sigue libre, lo que confirma que la Fiscalía del estado nunca tuvo como objetivo procurar justicia para el comunicador.
Pero el dato más revelador en el caso de Jacinto Romero es que había recibido amenazas desde el 2019 que provenían de dos gobiernos municipales emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Uno de los autores de esas amenazas habría sido el alcalde de San Juan Texhuacan, Bernardino Tzanahua Anastacio, quien abiertamente se quejaba y lanzaba improperios contra el reportero.
Romero Flores documentó el nepotismo de Tzanahua quien dio cargos en el ayuntamiento a al menos una decena de sus familiares, incluyendo a su primo, a quien lo nombró como tesorero. También dio cuenta de los abusos de la policía municipal contra los lugareños que sufren detenciones arbitrarias, asaltos, golpizas y amenazas por parte de los uniformados Claro, todo a nombre del munícipe.
El otro que trinaba contra el periodista y quien sería también autor de varias amenazas que le hicieron llegar por medio de terceras personas es el presidente del Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez. Sí, el mismo que pistola en mano amenazaba a los habitantes que no querían votar por su hermana Norma Hernández, quien fue candidata de Morena en los comicios pasados y será alcaldesa a partir del 2022.
A Hernández lo nombró el Congreso local -léase: por la mayoría de diputados morenistas y a orden del gobernante García Jiménez- como encargado del ayuntamiento luego de que el Cabildo fue desaparecido. El tipo salió un pillo de siete suelas, saqueador del erario y extremadamente violento. Ahora tiene la sombra de estar -al igual que Bernardino Tzanahua- detrás del asesinato del periodista Jacinto Romero.
¿Los investigará la Fiscalía cuitlahuista? Diez a cero a que no lo hará. Ayer mismo, el gobernante en turno, García Jiménez, salió con su retórica predilecta: que el crimen no quedará impune y bla, bla, bla. Lo mismo dijo cuando Valdivia, Ferral y Ruiz fueron acribillados. En este Veracruz de plomo bajo el cuitlahuismo no hay garantía para el ejercicio periodístico. Ya van cuatro los caídos bajo las balas.
DOBLE RASERO,
DOBLE MORAL
El asunto llegó hasta la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador quien instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a intervenir en el caso del joven veracruzano -originario de Isla- José Eduardo Ravelo, quien fue asesinado por policías de Mérida, Yucatán. El tabasqueño se mostró indignado y prometió que no habrá impunidad.
Sin embargo, López Obrador calla sobre dos casos similares de abuso de autoridad y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía veracruzana bajo el mando del neoleonés, Hugo Gutiérrez Maldonado y cuyas víctimas no fueron jóvenes sino niños. Una es la pequeña María Magdalena Herrera Cerdeña de 11 años, asesinada a balazos junto a su abuelo en Atzalan. A la niña la cocieron a balazos los policías de Gutiérrez Maldonado cuando allanaron su domicilio el 9 de
enero del 2020.
Luego, ya muerta, el propio gobernante estatal García Jiménez la criminalizó acusándola de pertenecer a una “peligrosa banda del crimen organizado” con tal de defender a los policías estatales y justificar la ejecución extrajudicial. Hasta la fecha ni Gutiérrez Maldonado ni ninguno de los agentes que mataron a Magdalena han sido llevados a los tribunales.
El otro caso es más reciente, sucedió hace un mes en el poblado La Patrona, Amatlán de los Reyes, cuando los mismo policías estatales asesinaron a balazos a Jonathan y Eduardo de 13 y 15 años, cuando también de forma violenta e ilegal allanaron el domicilio de uno de sus tíos donde se encontraban ambos niños lavando un vehículo. Los gorilas de Seguridad Pública manipularon los cadáveres y la escena del crimen para difundir la mentira de que los pequeños habían muerto en un fuego cruzado con criminales.
Y García Jiménez volvió a criminalizar a los niños, y después tras el escándalo matizó sus dichos sosteniendo la versión de que los asesinos fueron integrantes de una banda delictiva cuyo capo, según los dichos oficiales, fue identificado, pero nunca apareció en La Patrona. El bulo de García Jiménez y de la SSPE fue desmentido por familiares de los dos pequeños y pobladores del lugar.
¿Por qué el presidente López Obrador no ordena a la Segob, la FGR y a la CNDH a intervenir en los casos de La Patrona y Atzalan?, ¿Será porque gobierna Morena y el encargado de la policía estatal es un pariente político como señalan las versiones?, ¿Y en Mérida si va con todo porque el gobernador y el alcaldes son panistas? Es el doble rasero frente a crímenes de niños, aunque su actitud bien se puede calificar de
doble moral.
LOS ATREVIDOS
Vaya que hubo romería en la prensa y las redes sociales por los dichos del diputado cordobés Rubén Ríos Uribe, quien propuso que México invadiera España y estableciera una república echando al rey Felipe VI además de pedir que López Obrador fuera nombrado monarca de la península ibérica. Claro, la dislexia del legislador es evidente porque habla de república y monarquía al mismo tiempo. Nada para extrañarse de un tipo tan baldado intelectualmente.
La sorna fue de antología y ante ella Ríos Uribe se quejó de la prensa misma acusándola de no entender el “sarcasmo”. Ese argumento sería válido si no fuera porque tanto él como otros personajes públicos son famosos por sus exabruptos y porque cuando los expresan no hacen uso de la finura sino que en realidad lo creen y lo piensan. Imagínense que este sujeto quería gobernar a Córdoba.
Y no es el único atrevido -por eso de que la ignorancia es osada- pues en los últimos días otros dos han emitido sendos disparates. Por ejemplo, el rey de las disonancias que es el gobernante Cuitláhuac García sin tener conocimientos científicos decretó que no es necesaria una segunda dosis de la vacuna anti-Covid CanSino, a pesar de que la farmacéutica fabricante lo recomendó.
Ese mismo despropósito fue repetido por el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, encargado del proceso de vacunación, otro tipo del mismo pelaje, que a duras penas terminó una licenciatura en los años ochenta y no se ha distinguido por su preparación académica ni mucho menos en el ámbito de la biología, la infectología o la epidemiología.
No obstante, de tajo ambos orejones le niegan a los profesores y a los adultos mayores que se vacunaron con CanSino una segunda dosis y los ponen en riesgo sanitario. Lo peor es, como ya se dijo en el caso de Rubén o ‘Burrén’ Ríos, que ellos mismos se creen sus desatinos. Como buenos ignorantes, creen que lo que sale de sus bocas. De terror, ¿no lo creen?
