LOS ENEMIGOS PÚBLICOS
Tiempos difíciles se viven en Veracruz. Los acontecimientos de los últimos días así lo demuestran: balaceras en Xalapa, la capital del estado y sede de los poderes locales, en el puerto de Veracruz, Papantla y Coatzacoalcos, ciudades en las que también siguen imparables las ejecuciones de ciudadanos sin contar con la ola de asaltos a comercios, robos a mano armada a transeúntes, secuestros y extorsiones. Pero los nubarrones se hacen más densos cuando el aparato de seguridad pública no funciona o peor aún, lo hace en sentido contrario a los intereses de la sociedad.
Lo segundo es lo que está pasando en la entidad donde por todos lados proliferan señalamientos contra efectivos de la policía estatal por están involucrados en plagios y asesinatos de personas. En la región de Córdoba, Xalapa, Coatzacoalcos y algunos municipios del norte hay por lo menos una veintena de casos donde padres de familia señalan a los agentes policiacos, supuestamente “acreditados”, de cometer tales ilícitos.Y no son especulaciones ni versiones al garete pues hay casos ventilados públicamente en los que se confirma que los policías estatales actúan como delincuentes.
Uno de ellos fue el secuestro del cantante amateur Gibrán Martínez y del joven Sergio Luis Martínez en Xalapa el pasado 7 de enero, quienes días después fueron encontrados sin vida tras un supuesto enfrentamiento entre delincuentes y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Los familiares y amigos del cantante denunciaron y hasta proporcionaron fotografías y número de registro de una patrulla de la SSPE que intervino en el “levantón”, y aunque el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez intentó desmentir esa acusación, finalmente se confirmó la participación de ocho de sus agentes.
Se informó en un comunicado que esos efectivos fueron detenidos pero hasta la fecha se mantiene como secreto de Estado la identidad de los mismos y el rumbo del proceso judicial, si es que en verdad lo abrieron porque hay versiones de que todo es una farsa para calmar a la opinión pública. Otro caso que confirma de qué lado está la SSPE sucedió en abril cuando Salvador Salazar González, hermano de la también cantante, Antonia Salazar, conocida como “Toñita”, “desapareció” luego de ser detenido por presuntos policías de Bermúdez.
De nueva cuenta testigos de los hechos aportaron señalamientos sobre los policías y la patrulla que se usó para su plagio. Al momento nada se sabe del paradero del joven y lo único que ha hecho el gobierno estatal es negar que hayan sido efectivos policiacos los que lo secuestraron. El último caso, desgarrador por cierto, se hizo público ayer en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada de Xalapa donde la señora Margarita Gallardo, originaria de Cosoleacaque denunció llorando que dos de sus hijos y un nieto de 13 años fueron “levantados” el pasado 22 de abril por policías estatales.
A uno de sus hijos y su nieto los liberaron con vida pero heridos por la tortura a la que fueron sometidos pero su segundo hijo, de nombre Álvaro Palacios Gallardo, sigue sin aparecer. La madre ha tocado todas las puertas a su alcance, hablando de instancias de procuración de justicia, y nadie le ha abierto ni siquiera para prometerle que buscarán a Álvaro. Por eso, desesperada recurrió a la opinión pública que es la instancia final para descargar quejas ante la apatía e indiferencia gubernamental.
La señora se plantó frente a palacio de gobierno para clamar por el retorno de su hijo aunque, lamentablemente, lo más seguro es que su grito de angustia se perderá en el aire pues en el gobierno estatal no hay voluntad para atender a las víctimas, buscar a los desaparecidos ni mucho menos indagar a los servidores públicos involucrados en delitos, en este caso a los policías de Arturo Bermúdez.
La serie de pistas sobre lo que se pudre en el aparato de seguridad pública se coronó con la marcha que ayer realizaron más de dos mil personas en Coatzacoalcos, al sur de entidad, para repudiar la ola de violencia y sobre todo la supuesta complicidad o al menos tolerancia de la policía bermudiana con las bandas delictivas. Lo que hizo a los sureños para salir a las calles fue el asesinato Anthony Jiménez Cárdenas, catedrático de la Universidad del Sotavento, cometido el pasado lunes en pleno malecón costero donde, se supone, que hay vigilancia de los cuerpos policiacos.
En Coatzacoalcos se instauró el famoso Mando Único Policial hace exactamente un año, el 8 de mayo del 2013 dándole a Bermúdez Zurita el control de todos las corporaciones policiacas pero sucedió lo mismo que en Córdoba cuando también se constituyó esa concentración de poder en un personaje tan cuestionado porque en lugar de mejorar las condiciones de seguridad éstas empeoraron y diariamente los lugareños son víctimas de secuestros, robos, extorsiones y asesinatos debido a la presunta tolerancia e inacción de quienes deben combatir a los criminales.
¿Qué significa todo lo anterior? Obviamente que no funciona el aparato policiaco de la entidad, como se dijo líneas arriba, o al menos no funciona para la ciudadanía sino para los delincuentes. Esto no es menor, al contrario, es severamente grave porque los policías en lugar de cuidar a los veracruzanos se convirtieron en parte del problema que castiga a todos: la delincuencia. Mucho se ha hablado de recurrir a los grupos de autodefensa contra el crimen organizado como ha ocurrido en otros estados pero a corto plazo lo que se necesita en Veracruz es que los ciudadanos desconfíen y se cuiden de los policías estatales.
Si ven alguno rondar por su barrio, sus casas o sus centros de trabajo, no correr porque entonces les dan motivos para la agresión pero si poner distancia porque se exponen a un secuestro.
En verdad son tiempos difíciles porque ahora hay que cuidarse de la policía bermudiana, la cual se convirtió junto con su titular, Arturo Bermúdez en uno de los enemigos públicos de la población. Los ciudadanos están en indefensión ante esos delincuentes que portan uniformes, usan patrullas y tienen el permiso oficial para atacar a quien les plazca. No hay quien los detenga ni quien les ponga un alto. Y las dudas sobre el motivo para dejar crecer al monstruo son muchas: ¿Por qué el gobernante Javier Duarte prefiere sacrificar a sus gobernados en lugar de correr a Bermúdez Zurita y ordenar una limpieza de la Secretaría de Seguridad Pública?, ¿Qué tanto le debe o que tanto le teme? En Veracruz aumenta la tintura de un estado fallido, donde el gobernador perdió el control hasta de su propia policía y autoridad ante sus propios subordinados que hacen lo que quieren, incluyendo delinquir, sin que haya una consecuencia por ello.
Claro, eso no ha pasado desapercibido y por eso el gobernador michoacano, Fausto Vallejo, de quien se podría decirse es un experto en eso de la criminalidad pues tuvo a un secretario de gobierno y mandatario sustituto que está preso por sus nexos con la delincuencia, afirmó que Veracruz –junto con otras entidades- es más inseguro que Michoacán. De esa magnitud es lo que se deduce en territorio veracruzano. Ah, por cierto, a la fecha su homologo, Duarte de Ochoa no ha salido a desmentirlo. Más desconcierto para todos.
¿HABRÁ CASTIGO?
Hablando de delincuentes, otro tema que no puede pasar de alto es la confesión que el pasado miércoles hizo el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo Buganza, ante el congreso local al confirmar que el costo de puente sumergido en Coatzacoalcos se duplicó pasando de 2 mil 065 millones a 4 mil 912 millones de pesos, y que hay perdidos más de 2 mil millones por una amalgama de corrupción tanto de las constructoras encargadas de la obra como de funcionarios públicos que toleraron a los contratistas y que están involucrados en el desvió de esa fortuna.
Lo que dijo ante legisladores el cordobés Buganza no es nuevo, ya se había dicho, solo fue la voz oficial que lo asentó. Empero, el funcionario se abstuvo de mencionar a los funcionarios que le metieron la mano al cajón en ese asunto. De esta forma, el propio gobernante en turno Javier Duarte habla de que en Veracruz “no hay cabida para los delincuentes” pero su antecesor, el innombrable, que tiene mucho que explicar en esa obra sigue libre. También siguen sin pisar la cárcel los que han pasado por la SIOP, antes Secretaría de Comunicaciones (Secomver), Marcos Theurel Cotero, Guillermo Herrera Mendoza, Raúl Zarrabal Ferat y Francisco Valencia García.
De esos cinco, tres siguen en la nómina pública: Guillermo Herrera que despacha como subsecretario de Turismo, Francisco Valencia en la Comisión de Agua de Veracruz (Caev) y el mismo Zarrabal que es diputado local. De los otro dos, Theurel está esperando a ser incorporado al gabinete luego de concluir su gestión como alcalde de Coatzacoalcos y el innombrable, se pasea impunemente por todos lados. Todos ellos saben el destino de los más de 2 mil millones de pesos que financiaría la obra del túnel sumergido. ¿Los castigarán? Por supuesto que no, están Duartilandia y las leyes no valen.
VOCERO ARQUIDIOCESANO
Desde ayer la Arquidiócesis de Xalapa, que coordina las ocho diócesis de la entidad, tiene un nuevo vocero. Se trata del sacerdote José Manuel Suazo Reyes, quien sustituye a José Juan Sánchez Jácome que se desempeñó en ese cargo en los últimos seis años. Suazo Reyes es originario de la diócesis cordobesa y también es el nuevo director del semanario diocesano “Alégrate”. ¿Tiene importancia tal nombramiento? Sí, en un estado mayoritariamente católico y cuya estructura religiosa al mando del arzobispo Hipólito Reyes Larios no se ha distinguido por ser abierta a los temas sociales ni por ser portavoz de su feligresía, especialmente de los más desfavorecidos. Ya se verán los frutos del nuevo funcionario eclesial, desempacado del Colegio Pontificio de Roma. Por cierto, Suazo Reyes también es primo del empresario y presidente de la Asociación de Avicultores del estado de Veracruz, Rafael Reyes Bañuelos.
