Andrés Timoteo
Columnista
‘DUARTLÁHUAC’, EXCELSO
“¿Cuánto le debe el gobierno de Veracruz a la Universidad Veracruzana? La respuesta es nada. No le debemos nada”. Fue una de las expresiones más abyectas del Javier Duarte de Ochoa y que encendió el enojo popular en la comunidad universitaria. La pronunció hace seis años, el 8 de septiembre del 2015, cuando la deuda -así le llamaron aunque la palabra correcta es “saqueo”- sumaba 2 mil 076 millones de pesos que llevó a la casa de estudios a tener una severa crisis financiera.
Desde el inicios de aquel año habían comenzado las movilizaciones, tanto de maestros como de estudiantes y demás trabajadores universitarios, para exigir que se repusiera el dinero retenido. El 10 de marzo del 2016 se realizó una de las marchas más numerosas en Xalapa, la capital del estado y sede de la rectoría universitaria en la participaron más de 50 mil personas y en la que la rectora Sara Ladrón de Guevara hizo el posicionamiento-respuesta a Duarte de Ochoa: “Nos deben y nos tienen que pagar. Nos deben y nos tienen que cumplir”.
Ladrón de Guevara está por concluir su período al frente de la UV y enmedio del rejuego sucesorio se le acusa de muchas cosas, aunque hay que resaltar su papel en la defensa del patrimonio universitario. Fue, en su momento, una voz de denuncia y de exigencia. Nadie le puede arrebatar eso, aún cuando lo haya hecho a contra-voluntad, como dicen algunos de sus malquerientes.
Ahora pongan atención a esta declaración: “No es cierto, sí se les pagó, se están resistiendo a bajarse al salario, ya el pueblo lo dijo, está cansado de los privilegios, ya le tienen que parar, Sefiplan no le debe nada (al Poder Judicial), no es cierto, absoluto”. No la dijo Duarte de Ochoa aunque parezcan sus palabras sino el actual gobernante, Cuitláhuac García Jiménez. Fue lo que respondió la semana pasada respecto al escándalo por la crisis financiera en el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE).
¿A poco no suena igual que Duarte? Vaya, por eso los puntillosos le llaman al xalapeño “Duartláhuac”. Al igual que Javier Duarte, el mandatario en turno miente respecto a los dineros que debió entregar al Poder Judicial y no lo hizo. Por supuesto que le debe pues le quitó los fondos de forma ilegal en el presupuesto de este 2021 pues debió entregar al menos mil 895.4 millones de pesos que es el mismo monto del 2020.
Legalmente debió ser más, hasta un 2 por ciento adicional, pero la norma contempla que si hay un contratiempo grave -por ejemplo que no haya acuerdo en el Legislativo para aprobar en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos- entonces se deberá asignar la misma cantidad ejercida en el año que concluye. Sin embargo, no fue así, pues García Jiménez envió un paquete al Congreso local en el que le restaron 281.1 millones al presupuesto judicial y solo le asignaron mil 614.3 millones de pesos.El Tribunal Superior de Justicia debió promover un recurso de inconstitucionalidad para obligar al gobierno estatal y a los legisladores a respetar el marco legal, pero no lo hizo. La presidenta del ente, Isabel Inés Romero Cruz -quien ocupa el cargo desde octubre del 2020 luego de que fue destituida, también ilegalmente, Sofía Martínez- no hizo nada e impidió que otros magistrados procedieran con amparos. A pesar de que muchos le hicieron ver el “descuento” inconstitucional paró toda acción para defender al Poder Judicial.
NEGADOR COMPULSIVO
Ahora que estalló el escándalo por la falta de dinero, pretenden acusar del entuerto ¡a los mismos magistrados! Desde Palacio de Gobierno y con ayuda de la oficina de Romero Cruz se ha desplegado una campaña mediática para exhibir los sueldos de los integrantes del TSJE, alegando que son estratosféricos. También se procedió a desmantelar 29 juzgados regionales y de lo Familiar para compensar el desfalco financiero.
Empero, en especial la andanada contra los magistrados es apoteótica y sobre todo se ensañan contra la experimentada magistrada Concepción Flores Saviaga, quien ha exhibido los yerros de Romero Cruz para dañar al poder soberano y subordinarlo al Ejecutivo y que ha acusado la injerencia inconstitucional de García Jiménez. El aparato estatal y su jauría mediática están volcados contra la magistrada Flores Saviaga.
El trasfondo es el robo del dinero para el Poder Judicial que ahora lo quieren distorsionar bajo el insulso argumento de una “austeridad” y combate a los “privilegios” de los magistrados. Todo es un tinglado para ocultar el saqueo del dinero judicial desde palacio de gobierno. Y como lo hizo Duarte en el 2015 con el asunto de la UV, ahora Cuitláhuac García recurre a la mentira y el hostigamiento contra el TSJE.
Tal vez se salga con la suya, por el momento, pero ya le quedan solo tres años -o menos si se hace la consulta para la revocación de mandato en el 2022- y debe mirarse en el espejo de Duarte de Ochoa, hoy preso y que es un emblema de la corrupción gubernamental. El xalapeño está empecinado en parecerse cada días más al infausto cordobés.
Por cierto, ya algunos medios informativos lo consignaron: las llamadas Ciudades Judiciales que hoy critica García Jiménez y a las que también señala de ser un mecanismo de corrupción y parte de la crisis presupuestal en el Poder Judicial, él mismo las avaló y las aplaudió en el 2019. Y como reza el clásico: los malhechores siempre dejan rastro, en este caso el comunicado oficial del 3 de junio de ese año en el que García Jiménez anuncia su “total” respaldo a dicho proyecto.
Las Ciudades Judiciales dijo que eran parte de “las exigencias de los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación” y por eso aseveró que su gobierno apoyará con todo al Poder Judicial en tal empresa. “No lo vamos a dejar solo, va a trascender; habrá un antes y un después (en la impartición de justicia)”. Tanto el Ejecutivo estatal como el congreso local respaldaron al entonces presidente del TSJE, Edel Álvarez Peña, para tramitar préstamos por mil 155 millones de pesos pagaderos hasta el 2047. Hoy niega sin pudor lo que ayer aplaudió abiertamente. Ni siquiera se sonroja, menos ofrece una disculpa pública por el exabrupto. Parece que mentir y negar son ya patologías personales.
LA CUENTA DEL CUENTO
El jueves 15 de julio inició la cuenta regresiva para la ponderada consulta popular del primero de agosto , la cual no es para enjuiciar a los expresidentes -Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- como se difunde desde el oficialismo, sino para tender otra cortina de humo a fin de que la opinión pública no ponga atención en los problemas reales que cuestan vidas y siembran la desolación en el país como la “ola” de violencia e inseguridad, la pandemia de Covid-19, el nulo crecimiento económico y el desabasto de medicamentos en el sector Salud.
Dicha consulta es un cuento que busca endulzar el oído del populacho.Hay quienes la comparan con las llamadas Guerras Floridas en tiempos prehispánicos, es decir aquellos enfrentamientos que organizaban los aztecas con pueblos vecinos no por una disputa real sino para mantener entrenados a los guerreros en las artes bélicas. Así, tal referéndum sería la estrategia del régimen lopezobradorista para aceitar la movilización electoral.
No olviden que el año próximo se realizará otra consulta y está si con implicaciones reales que es la revocación del mandato para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que este ejercicio de agosto será un entrenamiento para la movilización de gente a fin de que opinen conforme a lo que conviene en el poder. Aún así, será muy difícil que se consiga la participación de 37 millones de ciudadanos que exige la norma para que sea vinculante, o sea que las autoridades estén obligadas a obedecer lo que ahí se exprese.
¿Es bueno o malo acudir a la consulta? Ni lo uno ni lo otro, simplemente es insustancial. La aplicación de la Ley no se consulta, dicen los que se oponen y que llaman a no prestarse a la pantomima. Los de enfrente afirman que será un hecho histórico, pues por primera vez la voz del pueblo será escuchada para someter a la justicia a los ex mandatarios. Todos tienen argumentos para alabarla o despreciarla. El consejo salomónico es que si alguien tiene algo más importante que hacer para ese primero de agosto, que lo haga y no pierda tiempo en el evento fatuo.
Ojo, que no acudir tampoco significa despreciar la democracia participativa. La consulta popular es una figura importante que debe ser aprovechada por la ciudadanía y ésta debe dirigir sus afanes opinativos para marzo del 2022 pues allí sí se necesita la decisión popular sobre quien gobierna. Y, por supuesto, también debe exigir que haya una consulta a nivel local para decidir el destino del gobernante Cuitláhuac García quien le tiene pavor a tal proceso revocatorio y por lo cual sus incondicionales en el Legislativo intentan blindarlo.
Ya el año pasado al modificar la ley electoral, los diputados intentaron excluir a García Jiménez del referéndum revocatorio pero el pliego aprobado -también conocido como Decreto 576- fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de noviembre del 2020. Ahora, la bancada de Morena en la legislatura estatal introdujo una nueva propuesta para que se haga la consulta popular sobre la revocación de mandato, pero con un ‘escudo protector’ para el actual gobernante.
En el texto presentado ante la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales el pasado 29 de junio, se pide homologar la legislación local con la federal para hacer una realidad el plebiscito de revocación pero excluyendo al actual mandatario. Entonces, tal referéndum únicamente sería aplicable para el próximo gobernador, o sea, por allá del 2027. De esta forma, Cuitláhuac García suma la tercera patología que es -además de ser mentiroso y negador compulsivo- padecer un temor mórbido a la calificación ciudadana.
