por Jenaro Villamil
En ningún otro gobierno entrante, el nombre del futuro director de Pemex había generado tantas expectativas y ambiciones. No es para menos. Los sectores empresariales, burocráticos, políticos y sindicales ya saben que el principal negocio del sexenio peñista será el energético y quien encabece la paraestatal más importante del país protagonizará el nuevo montaje del sueño petrolero… para la iniciativa privada. En menos de tres meses hay versiones de cuatro nombres que se barajan en el equipo de transición para encabezar la paraestatal: Alfredo del Mazo González, el tío más influyente de Peña Nieto ex gobernador mexiquense, ex secretario de Energía y que anhela restablecer los negocios suspendidos desde que no fue presidente de la República en 1988; Liébano Sáenz, cuyo nombre se mencionó entre los círculos zedillistas para hacer valer la fuerza del ex presidente más famoso entre los corporativos multinacionales; Francisco Labastida Ochoa, interlocutor del calderonismo en la frustrada reforma energética de 2008, experto en la materia, ex candidato presidencial y con un fuerte veto de quien tiene más poder en el tache que en el palomeo: Carlos Salinas de Gortari; y otro perfil que represente menos compromisos y más cercanía directa con el propio Peña Nieto, que podría ser alguien de su círculo más cercano. Hasta los calderonistas y foxistas mencionan al actual director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, como un posible repetidor en la paraestatal, a pesar de la ola de corrupción que deja tras su gestión; de la forma escandalosa y opaca con la que ha manejado temas como el de los floteles u “hoteles flotantes” de Galicia; o el caso de Mexicana de Lubricantes que en Proceso se ha documentado con toda precisión. Las ambiciones están desatadas porque el peñismo se ha encargado desde la campaña electoral en alentar la “venta de garage” de Pemex. El ex gobernador mexiquense dijo que era hora de “rebasar los prejuicios” ideológicos y abrir la paraestatal a la inversión privada. Nunca hubo una reflexión mínima sobre el carácter estratégico de Pemex no sólo para la economía sino para la soberanía y la fortaleza de nuestro país en un contexto internacional cada vez más incierto. El “cerebro” de Peña Nieto, Luis Videgaray, reiteró en una entrevista reciente con The Wall Street Journal que el próximo gobierno priísta reitera su inclinación por la apertura a la inversión privada, al mismo tiempo que en Brasil su jefe reiteraba que el modelo de Petrobras sería el más viable para México. ¿Por qué se extraña ahora Peña Nieto que sus declaraciones sobre la privatización de Pemex generen ambiciones, confusiones y críticas obvias de los sectores que están en contra de esta posibilidad? En España, ante la crema y nata de los inversionistas ibéricos que se han convertido en los grandes beneficiarios de la obra pública y de los modelos de asociación público-privado (APP), Peña Nieto rechazó que la apertura al capital privado significara la “privatización” de Pemex. En lenguaje cantinflesco, el priísta insistió que será el Estado mexicano el propietario original de los yacimientos y del hidrocarburo. Al mismo tiempo que negaba que privatizar significara privatizar, Peña Nieto presumió que su gobierno continuará con la inversión de 380 millones de dólares para generar empleo en los astilleros gallegos Navantia e Hijos de J. Barrera en la construcción de dos hoteles flotantes. La Jornada publicó en su edición de este 16 de octubre el texto de una presentación de Pemex donde presume que los ingresos de la empresa petrolera son equiparables a los de América Móvil, Walmart, Femsa, Cemex y Alfa, juntos. Es decir, los corporativos privados más importantes del país. Añade que Pemex invierte anualmente unos 23 mil 200 millones de dólares, más que todas las empresas que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta presentación fue mostrada a los grandes capitales privados, sobre todo, a los inversionistas europeos y norteamericanos, con los que Peña Nieto sostuvo reuniones en su reciente gira. No se trata de enredos declarativos sino de engaños. Mejor que el futuro gobernante presente una iniciativa de ley para conocer hasta donde pretenden “privatizar sin privatizar”.
