El poder Legislativo de Veracruz, con su caciquito, Juan Nicolás Callejas Arroyo (32 años ininterrumpidos en la sección 32 del SNTE) ha de creer que el contribuyente que paga impuestos cree sus rollos, por ejemplo, con el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz, número 47, el lunes 3 de febrero, 2014, que a la letra dice:
“Acuerdo por el que se exhorta a los presidentes municipales de los ayuntamientos… a conducirse con honradez y transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como con estricto apego a la normativa vigente y al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal”.
Y, bueno, si tal choricito fuera cierto habría de preguntarse las razones por las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Procuraduría de Justicia de la nación, investigan a los siguientes funcionarios del gobierno local:
Uno. Alfredo Spinoso Carrera, hermano de Édgar Spinoso Carrera, despedido como Oficial Mayor de la secretaría de Educación por las irregularidades en más de 6 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Dos. César Spinoso Carrera, subdirector (que fuera) del Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación y presidente, ahora, de la Fundación Produce Veracruz.
Tres. La empresa Aledce, con Alfredo Spinoso de representante, especialista en la industria de la construcción y de renta de maquinaria pesada.
Cuatro. José Antonio Ojeda Rodríguez, subdirector de Recursos Humanos de la SEV de Adolfo Motita.
Cinco. Eduardo Contreras Rojano, director general de Administración de SEFIPLAN.
Seis. Antonio Tarek Abdalá Saad, tesorero de SEFIPLAN, por el (presunto) tráfico de influencias con sus empresas, a saber: 28 Construcciones, 7 Caminos y Sheba Constructora e Inmobiliaria. (Oficio de papel, Miguel Badillo, lunes 28 de abril, 2014)
En la lista, sin embargo, el columnista omite el nombre de Gabriel Deantes, cuya fortuna en Veracruz está bajo sospecha, perspicacia y suspicacia, a partir, digamos, y como la punta del iceberg, de la llamada “Villa Meona”, su casita de cuatro plantas, donde tiene dos elevadores, dos salas cinematográficas, un campo de fútbol techado y once baños.
Por eso es que si el contribuyente de Veracruz checa el acuerdo del Poder Legislativo para exhortar a los alcaldes “a conducirse con honradez y transparencia en el manejo de los recursos públicos” convendría preguntarse una y otra y otra vez los hechos, circunstancias, razones, motivos, para que en el caso de los recursos federales “dejaran hacer y dejaran pasar”, pensando, quizá, acaso, que nunca, jamás, les caerían.
Lo dijo, no obstante, un subsecretario federal: “Los niños de la fidelidad” siguen creyendo que están en el México priista del siglo XX, cuando Fidel Herrera iniciara su vertiginosa carrera política al lado del presidente Luis Echeverría, sexenio aquel declarado por José López Portillo como los seis años del derroche y el dispendio y la riqueza fácil al cobijo del poder.
INVESTIGAN CUENTAS, INVERSIONES, NEGOCIOS Y PROPIEDADES
Según el acuerdo del poder Legislativo, firmado por la diputada presidenta, la Barbie Ana Guadalupe Ingram, y el secretario Domingo Bahena Corbalá, el objetivo es “evitar afectaciones a las haciendas públicas municipales que impidan el cabal cumplimiento de las funciones de los Ayuntamientos”.
Desde luego, la complicidad de la LXIII Legislatura con los ex alcaldes recientes está fuera de duda, pues solo decretaron irregularidades en seis ex presidentes municipales, todos charalitos, además, claro, del silencio absoluto sobre el fidelato.
Y, en contraparte, crearon un boquete del tamaño del mundo en las finanzas públicas federales, como se avizora con el abuso, corrupción e impunidad aflorado a partir de la rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación que llevó a Miguel Badillo a escribir que Veracruz es el más afectado en materia de corrupción.
Peor tantito si se considera lo siguiente: la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la PGR también investigan, dice Badillo, “las cuentas, inversiones financieras, negocios y propiedades” de los ex funcionarios de Veracruz que fueran despedidos, además, claro, de “las empresas vinculadas” a sus nombres y familias.
La moneda gira en el aire y será catastrófico el resultado anunciado.
PILLAJE ANUNCIADO
Por ahora, y desde tal perspectiva, uno de los pocos que conoce el fondo de la olla es Mauricio Audirac, “El padrinito”, pues en el Fidelato se desempeñó como titular del ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, y que continuara unos meses en el sexenio próspero, y ahora es el Contralor, donde todos y cada uno de los funcionarios públicos están obligados a entregar su declaración patrimonial.
Y, bueno, si cada uno de los miembros del gabinete legal y ampliado formularon una declaración al pie de la letra, Audirac sabe hasta dónde cada uno se ha enriquecido al cobijo del poder.
Las horas, pues, para “Los niños de la fidelidad” parecieran estar contadas. Ya veremos si se arrugan, y/o por el contrario, siguen cometiendo el pillaje que la fama pública consigna de la mayoría de todos ellos, si es que alguno pudiera salvarse.
