La actitud del coordinador panista en la Asamblea Legislativa, Federico Döring, de dificultar el acceso de ciudadanos sin partido a cargos de elección popular ha puesto freno a la reglamentación de las candidaturas independientes en el DF.
Luego de semanas de discusiones, en las que se buscó acercar posiciones sobre los requisitos para que cualquier ciudadano pueda solicitar su registro como candidato a diputado, jefe delegacional o jefe de Gobierno, el panista ha atorado acuerdos.
La posición de Döring en la ALDF es que quien quiera disputarle un espacio a los partidos tenga que juntar, de inicio, cuatro por ciento de las firmas de los empadronados del distrito, delegación o territorio que quiera representar.
Si ya de por sí tres por ciento del que se había hablado inicialmente era altísimo, pues es similar al que tiene que lograr un partido para conservar el registro, cuatro por ciento es prácticamente inalcanzable para los seres terrenales.
La idea original era que los aspirantes reúnan dos por ciento de la lista nominal correspondiente, que sigue siendo alto. La situación la definirá hoy la Comisión de Asuntos Legislativos que encabeza Héctor Hugo Hernández, para que mañana se suba al pleno.
No conforme con obstaculizar al máximo la competencia de los ciudadanos hacia los partidos políticos, Döring está empujando —y ahí sí con el apoyo de los demás— que los sin partido no tengan diputaciones plurinominales.
Lo cierto es que unos más y otros menos, pero todos los partidos buscan ver cómo bloquean a los ciudadanos que les quieren disputar el poder, pues sienten que las curules y sillas delegacionales son sólo para los grillos, no para los civiles.
El año pasado se modificó la Constitución para que los ciudadanos puedan votar y ser votados en las urnas, y se puso como plazo junio próximo para que los congresos locales —en esta caso la ALDF— definiera las reglas.
La idea era facilitarle al ciudadano el acceso, pero si cualquier civil se anima a buscar, por ejemplo el Distrito 21 de Coyoacán, tendría que pedir la firma y copia de la credencial de elector a casi siete mil ciudadanos (tres por ciento) que tendrían que confiar en él para que se registrara; eso sin usar dinero, pues eso sería sólo en campaña.
Con la propuesta del PAN de que sea cuatro por ciento de la lista nominal, esta cifra se elevaría a un poco más de nueve mil.
Eso sin contar que quien quiera ser jefe de Gobierno ciudadano tiene que conseguir al menos el apoyo con firmas y credenciales de la mitad de las delegaciones del Distrito Federal, y que las firmas tienen que ser individuales, no de gremios o agrupaciones.
¿Así o más difícil para los ciudadanos?
CENTAVITOS… Aunque en la semana pasó de noche la iniciativa de Ley del Espacio Público presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo en la ALDF, la verdad es que, de aprobarse, la propuesta será una verdadera revolución en la calidad de vida de la ciudad, pues además de reordenar el comercio ambulante, las redes de cableado, los ductos y de fomentar el uso peatonal de las calles y de liberar todas las esquinas del DF, por ejemplo, será el azote de los funcionarios flojos que generen daño a los ciudadanos. ¿Verdad que cuando quieren los diputados sí se pueden preocupar por los ciudadanos? Varios chilangos buscan subirse al barco del IFAI, pues el Senado definirá a los siete nuevos comisionados. Además de parias como Óscar Guerra Ford, quien vegetó nueve años en el Info-DF, llama la atención que Patricia Kurczyn, esposa del ex gobernador poblano Mariano Piña Olaya, sea de las favoritas con todo y que en Puebla la recuerdan como quien utilizó el poder público para apoderarse de “Los Lavaderos de Almoloya”, propiedad nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El expediente 365/prop/lav/90 del Registro Público de la Propiedad de Puebla señala que la investigadora de la UNAM pagó en noviembre de 1990 250 mil pesos por la propiedad, a pesar de los ruegos ciudadanos, e incluso políticos, que les hicieron tanto a ella como a su esposo para evitar ese abuso. Ese tipo de fichitas buscan llegar al IFAI.
