Por Andrés Timoteo / Columnista
HISTORIAS DE HORROR
Los habitantes de Ixtaczoquitlán han convivido con la ‘muerte tendida’ por lo menos en el último lustro porque en su territorio tienen uno de los cementerios clandestinos que el crimen organizado construyó -y rellenó- sin mayor dificultad, con la posible con la complacencia de las autoridades y con la indiferencia o ignorancia de los lugareños. Lo han llamado Campo Grande por el lugar donde se ubica y de allí han extraído al menos 8 cadáveres, de acuerdo con las organizaciones de buscadores de personas desaparecidas.
Hay pormenores escalofriantes en allí lo localizado. Por ejemplo, al menos dos de esos cadáveres se encontraron en pedazos, cortados con saña y aún no se sabe si la mutilación se hizo cuando la persona estaba con vida o ya fallecida. Varios restos pertenecen a mujeres, al parecer muy jóvenes, y se sospecha que también haya despojos de niños. Es decir, no solo hay horror en el hecho de localizar fosas clandestinas sino en su contenido.
Vaya, no se necesita ver una película de miedo o escuchar alguna narración de fantasmas para espantarse. Basta saber lo que hay en el subsuelo de Campo Grande e imaginar lo que les pasó a las personas que ahí fueron enterradas clandestinamente. Y el conteo todavía no se detiene pues apenas se llevan algunas semanas de exploración en este 2021 luego de varias vicisitudes que tuvieron las organizaciones civiles para realizarla.
Las fosas clandestinas encontradas en Campo Grande -siete hasta el momento- no son noticia nueva pues el cementerio se “descubrió” en agosto del 2016 cuando todavía gobernaba el duartismo y el fiscal general era el amateco Luis Ángel Bravo Contreras quien negaba la existencia de éstas y otras localizadas en diversos puntos de la entidad. “Son huesos de perro”, decía socarronamente el funcionario duartista e impedía que el aparato judicial emprendiera la búsqueda oficial.
Desde ese 2016, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas en la zona Córdoba-Orizaba, había recibido información anónima de esas sepulturas y emprendió las primeras exploraciones que arrojaron indicios de cadáveres enterrados. “Ahí hay cuerpos frescos”, fue una de las declaraciones sobre Campo Grande que se pueden consultar en la hemeroteca, aunque esos “cuerpos frescos” tuvieron que esperar casi cinco años para ser extraídos.
La exigencia del colectivo para la recuperación de los mismos fue a contracorriente, pero ha dado resultado y ahora se trabaja en Campo Grande para desenterrar el horror. ¿Cuántos cadáveres más encontrarán? No se sabe, pero hay versiones de que podría haber decenas en el lugar y su exploración va para largo.
Cerca de allí, en Río Blanco, también hay otro cementerio ilegal en el cerro Los Arenales, localizado desde mayo del 2018 y de donde se han recuperado 18 cuerpos. De ellos, solo uno ha sido identificado -en el 2019- y es el de un paramédico llamado “Pedro H” originario de Nogales quien fue secuestrado el 29 de junio del 2017. Su identificación fue posible porque los restos tenían el uniforme que usaba y la familia costeó los análisis de ADN. El resto sigue en el anonimato por la desidia de la Fiscalía General del estado.
Las fosas de Los Arenales fueron descritas como “un verdadero campo de exterminio” por parte de quienes las localizaron y saben los detalles de los restos extraídos. En total, en ambos cementerios clandestinos se han sacado 26 cadáveres y decenas de fragmentos óseos, pero la búsqueda no ha terminado ni por asomo. Los colectivos hacen lo que pueden con los escasos recursos que tienen y el apoyo escatimado que reciben del gobierno estatal.
Hasta la fecha hay al menos 70 familias en la zona fabril que han acudido a esas organizaciones para manifestar que tienen algún integrante en calidad de desaparecido y están al pendiente del proceso de recuperación de cuerpos en las fosas clandestinas. Esa misma cifra da un indicio de la magnitud de lo que se puede encontrar en Campo Grande, Los Arenales y otros cementerios clandestinos que seguramente habrá en la zona centro. Son, evidentemente, historias de horror.
Hay que agregar que, como se dijo líneas arriba, los integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas en la zona Córdoba-Orizaba han navegado a contracorriente pues son despreciados, acosados y hasta difamados por el gobierno estatal. No se debe olvidar que en diciembre del 2019, cuando se convocó a una reunión entre familiares de desaparecidos y el gobernador Cuitláhuac García en Orizaba se les marginó y cuando se presentaron los dirigentes, el gobernante salió huyendo del hotel sede por la puerta trasera.
Por eso, la exploración y procesamiento forense de las fosas clandestinas de la zona centro no se hizo por voluntad del gobernante estatal sino por una orden federal pues el colectivo buscó el apoyo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación quien activó el aparato oficial para atender sus reclamos. Si por el cuitlahuismo fuera, los cadáveres en Campo Grande y Los Arenales continuarían sepultados.
VACUNADA O VACILADA
Aunque no es algo inédito pues desde hace décadas los gobiernos lo tienen como una tarea permanente y obligatoria para enfrentar otras enfermedades, el proceso de vacunación contra la Covid-19 en todo el mundo ha sido complicado y hasta caótico. Hoy por hoy, esa vacuna es un bien escaso y llega a cada nación de acuerdo a su capacidad económica y los trámites previos para la obtención. Es decir, aquellos países cuyos gobiernos firmaron contratos de compraventa aún antes de que estuviera lista son los que la están recibiendo en primer lugar.
Además, hay que considerar el reto que representa lograr la socorrida inmunización gregaria que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo se alcanza cuando el 70 por ciento de la población ha sido inoculada. Actualmente en todo el mundo se han aplicado 330 millones de vacunas, pero solo 75 millones de personas han recibido la dosis completa -segunda inyección-, lo que es apenas el 0.94 por ciento de la población global.
En México, hasta ayer se habían aplicado 3 millones 448 mil 118 dosis, lo que es el 2.72 por ciento de los 126.2 millones de habitantes, pero únicamente 606 mil 656 tienen ya la segunda dosis. Entonces, la ‘inmunización completa’ es de apenas el 0.48 por ciento respecto al número total de mexicanos. Se podría decir que aquí la vacuna anti-Covid está llegando a cuentagotas y eso es consecuencia de una mala compra por desidia e irresponsabilidad.
El gobierno federal dejó correr los tiempos, no quiso invertir en contratos previos con los laboratorios y se atuvo, inicialmente, a las dosis enviadas gratuitamente para hacer los ensayos clínicos. Como artimaña publicitaria, a esas las disfrazó como cargamentos adquiridos cuando en realidad fueron donaciones. En el momento en el que ya no hubo inyecciones, el Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para obtener más pero éste se ha negado en dos ocasiones.
No hay que olvidar que a finales de diciembre el expresidente Donald Trump envió un lote de vacunas como parte del ‘buen trato’ para con López Obrador -entendimiento de un negacionista a otro-, pero Biden lo ignoró alegando lo legítimo: primero se vacunarán los estadounidenses y luego se compartirán las vacunas con el exterior.
Ninguneado por el vecino del norte, el tabasqueño después arremetió contra la Organización Mundial de la Salud (ONU) acusandola de ser “un florero” en el proceso de distribución equitativa de las vacunas cuando apenas en febrero había dicho que México cedió parte de sus vacunas para que fueran entregadas a países más pobres. La ONU es garante de la iniciativa COVAX para el acceso equitativo a la vacuna en todo el orbe y por eso el mandatario mexicano la utiliza para cargarle las culpas de su desastre. En estos momentos espera afanosamente los lotes de las vacunas rusa y china ante la precariedad para acceder a las norteamericanas y europeas.
A lo anterior se le adicionan las pifias y los actos de corrupción. Respecto a las primeras, el escándalo de la semana es que en varias entidades, entre ellas Nuevo León, Campeche, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato, la Secretaría de Salud envió lotes en mal estado, es decir ampolletas que no estaban con el nivel de refrigeración exigido y por ende su contenido sería inocuo, inservible y a la gente se le hubiera inyectado un líquido sin ninguna función protectora contra el Coronavirus.
Respecto a la corrupción, ahí están los casos de los gandallas que se ‘saltan la fila’ usando sus influencias políticas para ser vacunados antes de que les toque y el uso electoral de la vacuna. Lo malo para ellos es que dado el ritmo deficiente de la vacunación y el caos provocado por la mala planeación se duda la efectividad completa del trueque electoral. La aritmética y el tiempo juegan en contra y no le dará tiempo al gobierno lopezobradorista de inmunizar a un alto número de personas cuyos votos a cambio de la inyección sean contados en las ánforas comiciales del próximo 6 de junio.
Y aquí no tiene cabida la simulación ni la muletilla de los “otros datos” porque las matemáticas son frías y dan bofetadas de realidad y además como dice el filósofo de Ciudad Juárez: Dios perdona pero el tiempo a ninguno. En síntesis, en México más que una vacunada hay una vacilada y sus consecuencias afectarán a todos, no solo a los políticos.
