Espacio para ventilar los asuntos que asfixian a las comunidades de la República, donde los reflectores de los medios no llegan, el inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados siempre son un termómetro de la capacidad de los gobernadores para administrar sus problemas y sortear los golpes.
Si un legislador de oposición se queja de la falta de ayuda a Guerrero, en evidente cierre de filas con Ángel Aguirre, alguien del PRI salta de su curul para improvisar un argumento que aligere los señalamientos contra el gobierno federal.
Pasa con Veracruz: los panistas pegan y los tricolores cuidan a Javier Duarte. Sucedió con Puebla, cuando le surgieron varios defensores al gobernador Rafael Moreno Valle.
Generalmente se trata de politiquería vinculada al dinero. Porque a la hora de la verdad pesan los silencios cómplices.
Nadie, por ejemplo, se tomó la molestia de señalar la crisis de seguridad que padecían los mexiquenses. Era obvia la actitud displicente en los priistas. Y patética en los del PAN y del PRD que jamás asumieron la defensa de su gente.
Frente a esa tendencia de omisiones, este martes resultó ilustrativo escuchar al diputado del PAN Germán Pacheco Díaz, quien desde su curul pidió exhortar al presidente Enrique Peña para que “ponga los ojos en Tamaulipas”.
El legislador tampiqueño fue el único en abordar el tema. Para entonces, la contabilidad de la crisis ascendía a 20 muertos. Atribuyó la crisis a la salida de las fuerzas federales, bajo el pretexto de que eran requeridas en Michoacán.
Pacheco Díaz habló de la gravedad del problema en el sur de la entidad; de la desgracia de escuchar como única respuesta de las autoridades estatales que son los saldos del arreglo de cuentas entre las bandas delictivas.
“Tampico es un municipio sin autoridad”, lamentó el diputado. E insistió en la urgencia de una estrategia para la entidad, con énfasis en el sur, donde el cobro de derecho de piso agobia hasta a los más sencillos comerciantes.
A diferencia de lo que cotidianamente ocurre con los priistas, que saltan de sus curules para contrarrestar las críticas hacia los suyos, esta vez nadie balbuceó en favor de Egidio Torre Cantú, habilitado como candidato al Palacio de Gobierno para ocupar el lugar de su hermano Rodolfo, asesinado cinco días antes de las elecciones en julio de 2010.
Ninguno de los representantes del PRI de Tamaulipas se pronunció al respecto. Acaso porque su gobernador resulta indefendible.
Tampoco lo hicieron los otros legisladores panistas de la entidad. Ningún diputado de la izquierda se tomó el trabajo de solidarizarse.
Tres semanas atrás, el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca presentó un punto de acuerdo para llamar a la autoridad federal a atender la situación estatal. Los priistas lo bloquearon.
Sea por disciplina partidista, resignación o indolencia, el Congreso le dio la espalda a los tamaulipecos. Renunció a su rol de contrapeso y de resguardo del pacto federal.
Y en medio de un virtual toque de queda, con las escuelas y las universidades cerradas, contabilizando el número de víctimas inocentes —apenas el jueves murió en el fuego cruzado una joven de 16 años—, las autoridades locales pretenden ignorar que las reglas del juego cambiaron y que ya se acabó el tiempo de verle la cara al gobierno federal.
Porque eso fue lo que hicieron los mandatarios estatales del PRI en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Sí, hay que decirlo para que no se olvide: se burlaron sistemáticamente de las propuestas de la administración federal.
Mientras en los consejos de seguridad pública se sumaban a la retórica de vamos con todo y coordinados; en los hechos, los gobernadores se negaron a cualquier medida que, de fondo, rompiera el contubernio de los poderes estatales con el crimen, siempre aderezado por cuerpos policiales corruptos.
Torre Cantú no termina de digerir que ese confort ya se fue. Y sigue sin atender ni entender lo que ya sucedió en Michoacán y en el Estado de México, donde Fausto Vallejo y Eruviel Ávila están obligados a obedecer instrucciones federales, si bien simulan que siguen llevando el timón.
Nosotros no necesitamos un comisionado federal ha dicho el gobernador Egidio, observado por la gente del presidente Peña desde los pésimos resultados electorales de 2012, cuando Tamaulipas se pintó de azul.
Puede ser que tenga razón, que ahí no se repita la ecuación michoacana y que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ensaye otros esquemas de seguridad.
Lo que es un hecho irremediable es que el estado preocupa y ocupa al gobierno federal, y que ya prepara la imprescindible intervención federal.
Entre las salidas posibles, se habla incluso de una licencia del gobernador. De ese tamaño es el descuido que escaló a niveles de escándalo esta semana, por el saldo de sangre y la marcha del alcalde blanquiazul de Ciudad Mier, Roberto González González, para reclamar ser escuchado por el gobierno estatal.
De todo ello se ha tomado nota en el gobierno federal, donde el responsable del gabinete de seguridad comienza a coleccionar las variadas expresiones de un común denominador: la resistencia de los gobernadores a reconocer que el desastre los rebasó.
