México, D.F.- “Eso significa una exploración masiva, es decir miles de pozos, en grandes extensiones de terreno, lo que significa su apropiación, por allí empieza el despojo”, aseguró el también ex dirigente obrero del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Asimismo, el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que el octavo transitorio de la Reforma Constitucional considera de “interés social y orden público” a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Esto significará, en la práctica, que en este nuevo marco jurídico las empresas privadas, nacionales y extranjeras, tendrán preferencia sobre la propiedad privada.
“Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social”, alertó el Legislador por el Estado de México.
Por su parte, Francisco Cravioto Lagos, investigador del área de presupuestos y políticas públicas del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, detalló que cuando se le da preferencia a una actividad económica sobre cualquier otra, ya sea social o cultural, necesariamente entrará en contradicción con otras normas constitucionales.
“Cuando se presente en un sitio determinado donde se realicen actividades diferentes como es la agricultura, la ganadería, actividades turísticas, sobre todo si hay explotaciones en zonas de interés costeras o en zonas de interés arqueológico, será muy grave que se le dé prioridad a las actividades [de exploración y explotación de hidrocarburos], por encima de otros usos de terreno”, subrayó el especialista.
Al mismo tiempo, destacó que la Reforma Energética peñista no incluye ninguna norma para que las poblaciones que habitan cerca de los sitios ricos en hidrocarburos participen en consultas públicas si quieren que se realicen estas explotaciones o no.
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