Es indiscutible: el Estado mexicano no puede abjurar de su obligación legal de combatir a quienes infringen la ley, entre ellos los líderes de los cárteles del crimen organizado.
Dicho eso, uno tiene que preguntarse si el Estado mexicano ha tenido una estrategia para atacar los fenómenos delictivos derivados del descabezamiento de los cárteles y la conversión de éstos en organizaciones de actividades ilegales diversificadas.
Como hemos visto en Michoacán, los delitos de alto impacto no se acaban sólo porque un grupo de civiles se arma para oponerse a la intimidación de las bandas criminales.
Así sucedió con La Familia Michoacana, que se creó para enfrentar a Los Zetas, y aparentemente está ocurriendo ahora con las autodefensas, que han mandado en retirada y están en proceso de aniquilar —con la ayuda del gobierno federal— a Los Caballeros Templarios: surgen acusaciones de que el supuesto grupo salvador se ha convertido en el nuevo opresor.
En el caso de Tamaulipas, los ciudadanos atemorizados y explotados por la delincuencia no han logrado organizarse para hacerle frente. El estado fronterizo ha sido un territorio en disputa por grupos criminales desde la detención del capo Juan García Ábrego en 1996.
De entonces a la fecha, las figuras que han querido hacerse del control total de la actividad delincuencial en el noreste del país tarde o temprano mueren, ceden la plaza o caen en prisión. Así ha pasado con Osiel y Ezequiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla, Heriberto Lazcano y Samuel Flores Borrego.
Incluso, el dominio de las ciudades fronterizas —Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, entre ellas— ha sido salvajemente disputado y ha dado lugar a una fragmentación de organizaciones criminales, a lo que han contribuido las acciones de la procuración de justicia.
De ser un solo grupo el que tuviera la hegemonía de la actividad ilícita en el noroeste, en épocas del patriarca Juan N. Guerra (1915-2001), el control pasó a ser compartido por dos organizaciones, a raíz de la fractura entre el cártel del Golfo y Los Zetas, a principios de 2010. Luego, el primero de ellos se fragmentó por la lucha de los brazos armados del cártel en Matamoros y Reynosa, Los Metros y Los Rojos, respectivamente.
Cuando la jefatura de la plaza de Reynosa fue concedida a los matamorenses, Los Rojos se sublevaron y mataron a Samuel Flores Borrego, El Metro 3, en septiembre de 2011, desatándose una despiadada batalla por el control de la ciudad.
Quien se impuso fue Mario Armando Ramírez Treviño, El Pelón, un sanguinario ex escolta de Osiel Cárdenas y excolaborador de Los Zetas. Tras de la detención de éste, en agosto pasado, asumió la jefatura de la plaza el hombre aprehendido apenas el martes pasado, Jesús Alejandro Leal, conocido como El Simple o El Metro 24.
Antes de la caída de Leal, la información de las fuerzas de seguridad y de fuentes locales pintaba a Reynosa como una ensalada de grupos criminales, en la que todos ordenan, todos secuestran y todos extorsionan.
Los alias de quienes se ostentan como jefes aparecen por todos lados. Y la delincuencia diversifica su actividad en Reynosa y otras partes.
El cobre se ha convertido en uno de los principales productos que se trafican. Se recolectan entre 35 y 40 toneladas del material por semana en toda la frontera, que después se revenden en Monterrey e incluso en Estados Unidos.
Pero el crimen organizado también comercializa fierro, combustible ordeñado, botellas de PET, baterías y llantas usadas, aceite quemado y ropa de segunda mano. Y controla el tráfico de automóviles y de personas.
Todo eso, además de los giros tradicionales: narcotráfico, extorsión y secuestro.
Por lo que se ve, la exitosa estrategia de descabezamiento del cártel del Golfo y Los Zetas no se ha traducido aún en reafirmar la autoridad del Estado.
Los grupos delincuenciales se han atomizado. Los líderes dan la impresión de ser figuras de segundo o tercer nivel, formados en el enfrentamiento callejero con las fuerzas de seguridad o agrupaciones rivales.
Quizá sea cuestión de tiempo antes de que el Estado acabe imponiéndose ante grupos aislados y debilitados, con menor capacidad de fuego y de corrupción. Pero no puede descartarse que se requiera de una estrategia para hacer frente al escenario de la desaparición de los grandes capos.
Apuntes al margen
Quienes han cobrado un sueldo como profesores sin trabajar, a un enorme costo para el erario, han cometido el delito de peculado. Y quienes lo han permitido, de ejercicio indebido de servicio público. No es suficiente suspender los pagos.
Como el dinero no es suyo, los funcionarios pueden dejar correr el tiempo con una fuga en el erario de 333 millones de pesos al mes, cifra que se paga a los maestros aviadores. También pueden pagar una certificación de saliva, como la de la Línea 12, aunque cueste 119 millones de pesos. Total.
Son indignantes las acusaciones contra el líder priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero lo es más todavía el que la práctica de someter a empleadas a un trato vejatorio, que incluye obligaciones sexuales, tiene más de una década de conocerse… y nadie hizo nada.
