- ES PUBLICADA EN EL DOF
- A partir del 1 de enero de 2021, las personas de al menos 60 años de edad que hubieran cotizado 750 semanas en el IMSS podrán acceder a una pensión
- Los cambios reducirán las semanas de cotización para acceder a una pensión garantizada.
CDMX.- La reforma más importante al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), desde su creación en la
década de los 90 ya es oficial.
El Ejecutivo federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (IMSS) y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Los cambios reducirán las semanas de cotización para acceder a una pensión garantizada, incrementarán el monto de dicha pensión y obligarán a los patrones a ir aumentando la cuota que aportan para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez de sus empleados,
entre otras reformas.
Las comisiones que cobren las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), estarán sujetas a un máximo, el cual resultará del promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile.
Dicho control de precios, según el sector privado, desalentará la competencia entre éstas, puede llevar a que varias desaparezcan y
provocará amparos.
En la medida en que las comisiones en estos países tengan ajustes a la baja serán aplicables las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá el promedio que al momento se esté aplicando. A partir del 1 de enero de 2021, las personas de al menos 60 años de edad que hubieran cotizado 750 semanas en el IMSS podrán acceder a una pensión, en contraste con las mil 250 semanas o 24 años que preveía la Ley cuando entró en vigor en 1997.
Estas pensiones serán cubiertas, inicialmente, con recursos de la cuenta individual del trabajador en su Afore, pero una vez agotado este fondo, el pago es a cargo del Gobierno federal.
En cuanto a las aportaciones a las cuentas de retiro, se mantiene el 1.25 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC), que se retiene a los trabajadores, por lo que toda la carga adicional se concentrará en los patrones y el Gobierno, lo que según críticos de la reforma podría desalentar la creación de empleos formales.
