Andrés Timoteo
Columnista
TRES VOCES
Sobre el caso del feminicidio de doña Ernestina Ascensión Rosario cometido en el 2007 por efectivos militares en la comunidad Tetlatzinga de Soledad Atzompa y que ahora están en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubo tres voces que, en su momento, enarbolaron la exigencia de justicia. De ellas, solo una se mantiene vigente y las otras dos se perdieron en el tiempo y en los intereses aviesos.
Una fue la del luchador social, Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz) quien no cejó en su exigencia para que hubiera justicia en ese crimen. Atenco Vidal confió que el propio gobernante en turno, el innombrable, lo buscó para sobornarlo. Le ofreció dinero, candidaturas, cargos y cuando lo rechazó entonces le lanzó el aparato estatal.
Por mucho tiempo estuvo bajo amenaza por no variar su postura en torno al asesinato de Ascensión Rosario, aunque esa voz no fue eterna porque en febrero del año pasado falleció. Con Atenco se fue uno de los pilares de la denuncia pública, la lucha por la causa indígena y particularmente contra la impunidad en el crimen de doña Ernestina.
Otra voz que se apagó fue la de Juan Carlos Mezhua Campos, aunque no fue cegada físicamente, pero -según versiones- sí económicamente. El actual alcalde de Zongolica era en aquel momento secretario de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y defendió abiertamente la causa para allegarle justicia a la anciana atacada.
Además, elaboró una agenda pionera en ese tiempo para documentar casos de feminicidios en la región serrana indagando al menos otros tres casos similares. Uno de ellos fue el de Susana Xocua Tezoco de 58 años y cuyo cadáver se localizó semidesnudo y con huellas de ataque sexual el 25 de mayo del 2008, logrando que se exhumara el 18 de julio de ese año para una nueva autopsia.
Mezhua era un activista a favor del feminismo y muy allegado a las causas justas de la población indígena, sobre todo de las mujeres. Eso fue hace trece años porque ahora hasta tiene un proceso sancionador por violencia de género en el ayuntamiento que encabeza, defendió a un funcionario que quería bañar con ácido a una mujer y él mismo ha difundido disparates vejatorios contra las jóvenes indígenas de su municipio.
¿Qué le pasó? Su caso es patológico e influido por su cercanía con el poder. El perredista cedió a los arrumacos de la fidelidad, por mucho tiempo se le relacionó con Ranulfo Márquez, operador del innombrable, y se habló de dinero y otros pagos en especie de los que fue beneficiario a cambio de bajar la guardia y olvidar exigencias de justicia social, sobre todo os casos de Ernestina Ascensión y Susana Xocua. Convertido hoy en un misógino irredento, Mezhua es una voz apagada –“a billetazos”, se dice-
El único grito que se mantiene alzado, que no ha variado su postura y, claro, su exigencia por justicia es el del médico Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien realizó la primera autopsia al cadáver de Ascensión Rosario y constató la violación sexual. Es más, puntualmente documentó el hallazgo de rastros de fosfatasa ácida y proteína P30 en el cuerpo de la anciana, dos compuestos químicos que solo son producidos en la próstata, lo que confirmaba el ataque sexual directo, es decir carnal.
Mendizábal no era activista ni militante de oposición simplemente un médico legista que hizo honor a su código ético y defendió su reporte basado en aspectos científicos. Nunca lo varió, nunca cedió a la presión para desmentirse a sí mismo y alterar el veredicto legista. Y se le fueron con todo desde el gobierno. El 16 de marzo del 2010 la entonces Procuraduría General de Justicia lo inhabilitó del cargo forense y lo echó.
Luego lo corrieron del ayuntamiento de Orizaba donde prestaba sus servicios, una represión cortesía del alcalde apodado “El Emperador”, Juan Manuel Diez, fiel obediente del innombrable. El acoso duró años, todavía en el 2016, el duartismo le impuso otra inhabilitación como experto forense de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del distrito de Orizaba, cargo que había recuperado tras un litigio.
Al médico no le tembló la mano para señalar directamente el complot entre el gobierno federal que presidía el panista Felipe Calderón con el estatal bajo el “pinche poder” del innombrable para sepultar las pesquisas sobre el crimen de la indígena con una mentira. Así, el doctor Mendizábal es la única voz que permaneció inalterable en el quehacer de acercar justicia a la víctima de ese atroz feminicidio. Un orgullo para Ciudad Mendoza.
EL ENCINO DE LA BURLA
Enterrar es un verbo proscrito para los tiempos que se viven en México y en Veracruz. Ese y todos sus sinónimos: sepultar, inhumar, sembrar. Lo lexicológicamente necesario es lo contrario: desenterrar. A eso se han dedicado cientos de familias en los últimos años, a hurgar la tierra, hollarla, excavarla en el afán de encontrar algún ser querido. Ya sea en cadáver fresco o en osamenta hay que desenterrarlos.
Por eso es un despropósito lo que hizo, el pasado lunes, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, al ¡sembrar un árbol para homenajear a los desaparecidos! ¿Cómo? El edil prefirió enterrar una planta en lugar de desenterrar a los asesinados. ¿No es algo contradictorio? La siembra del encino en el parque jalapeño retrata la simulación oficial.
El edil morenista lanzó una perorata que es un monumento al descaro: “No queremos que vuelva a haber más desaparecidos y es un compromiso que nuestro gobierno luchará del lado de nuestras familias, del lado de las personas que están luchando porque haya respeto a la vida humana”. Eso es una burla porque ni el ayuntamiento ni el gobierno estatal que encabeza Cuitláhuac García han hecho la menor cosa por las personas ausentes. No han localizado un solo desaparecido y no especulación sino la narrativa de los hechos o más bien de las omisiones gubernamentales.
Por cierto, en el contexto del caso de los desaparecidos, la ciudad de Xalapa figura en las próximas entregas que el colectivo internacional de periodistas Forbidden Stories publicará sobre el caso de la querida Regina Martínez. Allí, en el cementerio de Palo Verde hay muchas historias enterradas -otra vez ese verbo maldito- que Regina investigó y cuyo contenido puso a temblar al gobierno de Javier Duarte.
Son al menos dos centenares de cuerpos fueron sepultados en el panteón de Palo Verde de forma irregular y casi todos ellos eran de víctimas de desaparición forzada, de asesinatos en la variedad de ‘ejecuciones’ y demás acciones de horror cometidas por los carteles del narcotráfico que actuaban con pleno permiso de fidelato y el duartismo.
El cementerio de Palo Verde es un símbolo de la complicidad de esos gobiernos con el narcotráfico porque el personal de la Fiscalía estatal les hizo el trabajo sucio a los criminales: enterró a sus víctimas en fosas comunes que en la práctica tuvo la misma intención que las fosas clandestinas: evitar que fueran localizadas por sus familiares. ¿Y quienes permitieron ese crimen de lesa humanidad o fueron cómplices indirectos? Acertaron, los alcaldes de la ciudad porque el ayuntamiento administra el cementerio.
Los priistas David Velasco, Elizabeth Morales y Américo Zúñiga supieron lo que pasaba en Palo Verde y callaron y permitieron y se coludieron. Vaya y dos de ellos, David Velasco y Américo Zúñiga, ahora maniobran para retornar a la vida pública ¡nuevamente quieren ser presidentes municipales! Y lo peor, hay quienes los promocionan. A Velasco lo arropa el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán mientras Zúñiga inserta gacetillas en tribunas de prensa, ambos con el fin de mostrarse como los personajes que rescatarían la capital veracruzana. Desvergüenza sublime.
En el puerto están las fosas de Colinas de Santa Fe -que también es tema de la ristra de Forbidden Stories- donde hay tres ex alcaldes que supieron de su existencia y callaron, y fueron cómplices: Jon Rementería, Carolina Gudiño y Ramón Poo. Frente a sus narices los criminales enterraban desaparecidos en un predio urbano, lo sabían, estuvieron al tanto y no hicieron nada. De ese trío, Gudiño Corror pretende regresar a cargos públicos abanderada por Morena y el partido Verde. No tiene ‘llenadera’, diría el innombrable, la deidad del ese clan de caraduras.
EL FEUDO DE LOS LÓPEZ
No son los López Obrador, ni Pío ni Felipa, sino los López de la aldea que también ejercen el “pinche poder” como en tiempos de la fidelidad y se ceban con el dinero público. El secretario de Educación, Zenyazen Escobar consciente y le da manga ancha a su esposa, Liliana López Coronado, encargada de la Unidad de Transparencia en el congreso local, para que convirtiera a la Universidad Politécnica de Huatusco en un deudo en un feudo familiar, según dan cuenta varios reportes de prensa.
La señora López ha colocado a su parentela en la nómina de la institución: Erica Rodríguez López, su hermana, es secretaria académica, Fernando López Matamoros, su primo, es analista en el departamento de Recursos Humanos y Guadalupe Maza cobra en el departamento de Recursos Financieros, ella es esposa de otro de sus primos, Erick Tobón López quien labora en el Instituto de Espacios Educativos dependiente de la SEV, o sea a cargo de su marido.
Otra prima, María José Luna López tiene plaza como “jefa de oficina” de esa universidad, cargo que le crearon a modo para que accediera a la nómina y que le asignaron a pesar de no cumplir los requisitos legales porque todavía no termina su licenciatura en el Instituto Tecnológico de Zongolica. Y la lista de recomendados es grande, aunque no lleven el apellido López, tan poderoso en la burocracia educativa. Ah, y la señora Liliana López será candidata a la diputación local por Morena en el distrito de Ciudad Mendoza en el 2021. Desde septiembre inicio precampaña.
