La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó ayer a Japón que revoque los permisos de caza de ballenas en la Antártida porque no se ajustan a los “fines científicos” exigidos por la legislación internacional.
Los jueces estimaron que los permisos concedidos a Japón en el marco del programa Jarpa II, cuya primera fase empezó en 2005, no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW, por sus siglas en inglés).
Ese convenio únicamente permite la caza de ballenas en el caso de que persiga fines científicos o sea para la subsistencia de la población aborigen.
Los magistrados estimaron que si bien el programa de investigación nipón contiene “objetivos científicos”, su puesta en práctica se ha hecho de una manera “poco transparente”.
Esa falta de transparencia se aplicó especialmente en la elección del tamaño de las muestras de cetáceos, que incluyen, por temporada, la caza de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común, expusieron los magistrados.
Japón no ha podido explicar las razones por las que aumentó el tamaño de la muestra respecto a la primera fase de su programa científico, ni por qué incluyó otras dos especies de cetáceos en el mismo, añadieron.
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