El procedimiento para la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya integradas las quintetas con los candidatos para ocupar los 11 asientos del consejo, incluida la presidencia del nuevo organismo, está en su etapa final. Los perfiles y trayectorias de los aspirantes seleccionados acreditan la seriedad del trabajo realizado por el Comité Técnico de Evaluación, formado para tal efecto por académicos y especialistas de reconocido prestigio. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados la selección final y la designación.
El PAN, sin embargo, ha manifestado su inconformidad con la conformación de las listas, pues considera que no propician una “distribución” de consejeros que, conforme a la mala práctica de las cuotas partidistas, refleje mejor sus intereses, y ha planteado hacer la designación por insaculación, es decir, por sorteo, como prevén las reglas establecidas por los mismos legisladores en el supuesto de que no se reúna la mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados, prevista en la Constitución. Esta posición no sólo contraviene las reglas acordadas, sino que implica la negación de los principios de objetividad e imparcialidad que motivaron la creación del Comité Técnico y, con ello, la exigencia de legitimar el nuevo organismo electoral.
Haría falta mucha ingenuidad, es cierto, para suponer que los partidos no animaron la inscripción de algunos de los aspirantes y no ofrecieron o aceptaron respaldar a algunos de ellos, como siempre ha ocurrido. Pero la gran diferencia respecto a las experiencias anteriores radica precisamente en el papel del Comité Técnico: evaluar y seleccionar, en razón de méritos profesionales y una dosis suficiente de autonomía ante los partidos, a los aspirantes idóneos.
Modificar las listas es, sencillamente, improcedente, pues significa alterar la legalidad del procedimiento, y realizar la designación mediante insaculación es, a todas luces, un despropósito, pues rompe los equilibrios básicos que, conforme a criterios pertinentes, buscó garantizar el Comité. En efecto, la conformación de las listas refleja la voluntad de asegurar un piso de equidad de género, con listas integradas únicamente por mujeres; muestra la intención de formar un consejo integrado por aspirantes con competencias en las diferentes áreas de especialidad en el ámbito electoral; revela el objetivo de combinar experiencia y juventud, y, algo muy importante, aprecia el valor de una transición sustentada y funcional entre el IFE y el INE, al permitir la permanencia de los cuatro consejeros del primer organismo, aún en funciones, cuyo desempeño avala un alto nivel de capacidad profesional y compromiso institucional. Deshacer estos principios y equilibrios sería un absoluto despropósito.
