XALAPA.- En 2016 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) informó a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y a la de Vigilancia que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa heredó pasivos con proveedores estimados en 12 mil
millones de pesos.
De acuerdo con el Orfis, en 2016 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dejó pendientes por casi mil 615 millones de pesos a más de 315 proveedores. A la fecha, solo 74 reclaman sus pagos al gobierno de Cuitláhuac García y 20 ya han podido acreditar los pendientes por montos no determinados
oficialmente.
Se trata de empresas del estado y foráneas que avanzan en el proceso de validación de pasivos que emprendió la administración morenista.
Una de las dependencias con más reclamos es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual informa que a la fecha 74 empresas han solicitado pagos pendientes de 2010 a 2020. De estas, según el área de transparencia, 20 empresas han sido validadas para reclamación de la deuda.
De los 74 proveedores y contratistas solo nueve fueron desestimados por parte del proceso de validación que realiza el órgano interno de control, es decir que siguen pendientes de determinar más de 40 empresas por montos que podrían generar más presiones de liquidez al actual gobierno.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública informa que tres empresas foráneas con domicilios en la Ciudad de México fueron descartadas en el proceso de validación y otra, del estado de Guerrero, logró acreditar los montos que reclama.
Recelo en montos de deuda
Los proveedores y contratistas fueron ignorados durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien acusaron de darles largas con tal de no pagarles e incluso acudieron ante instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Con el cambio de Gobierno de Javier Duarte al del panista, el Poder Ejecutivo puso a revisión los montos reclamados. En el bienio no hubo avances significativos en la depuración y los pendientes siguieron bajo revisión con el actual Gobierno de
Cuitláhuac García.
Actualmente, a dos años del inicio del Gobierno morenista, la depuración continúa y se han descartado cobros por mil millones de pesos, según información de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan).
Cabe señalar que la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación guarda reserva del monto total general que se reclama por los proveedores. Incluso la dependencia justifica que no cuenta con la información detallada de las empresas que participan en el proceso de depuración ante los órganos internos de control.
